Salvador Casanueva Carreña («Porvarea»), labrador y militante de la UGT, fue el principal dirigente socialista de Olvera durante la Segunda República. Había sido elegido concejal en las elecciones municipales de 1931. En un breve período ejerció la alcaldía. Tras ser destituido por orden gubernativa durante el Bienio Negro, fue repuesto en su cargo de elección popular con el triunfo del Frente Popular en los comicios generales del 16 de febrero de 1936. Fue el portavoz de la minoría socialista en el Ayuntamiento desde febrero hasta julio de 1936. En este tiempo presidió dos comisiones municipales, la de Festejos y la de Trabajo. Suya fue la propuesta de que la corporación abriera una información pública sobre la propiedad de la finca «La Cabrera», que en aquellos momentos era propiedad de un terrateniente residente en Ronda, José Troya Martí, pero que de antiguo había sido del común de vecinos. Él pensaba que si esta superficie volvía a propiedad comunal se atenuaría el paro obrero forzoso existente entonces. Ésta y otras actuaciones suyas se detallaron en los capítulos sobre el gobierno local del primer bienio y del Frente Popular.
Al producirse el golpe militar del 18 de julio de 1936, Casanueva, que tenía 34 años y era 4° teniente de alcalde, fue nombrado por el alcalde, José María Sánchez Reviriego, agente de su autoridad con competencias para detener a quienes perturbasen el orden público. A los dos días, fue apresado, junto con otros ediles, por la Guardia Civil de Olvera, que se había declarado en rebeldía contra el gobierno legítimo. Estuvo en el depósito municipal encerrado durante una semana, hasta que fue liberado, junto con el resto de cautivos, al retirarse de la población las fuerzas golpistas.
En un informe sin fecha del jefe de Falange, escrito en respuesta a una petición formulada por el instructor Pedro Palma del 28 de junio de 1939, se expresa que «Porvarea» fue con otros compañeros la tarde del 27 de julio a Torre Alháquime, donde estaba la columna procedente de Ronda, cuyos miembros no se atrevían a marchar hacia Olvera por temor a ser derrotados por los rebeldes, y que los convenció para que vinieran a Olvera al asegurarles que la Guardia Civil había abandonado el pueblo?.
«Porvarea» organizó la resistencia republicana en la villa y al mismo tiempo montó guardias en las casas de los más significados derechistas del pueblo con el fin de que éstos no fueran perseguidos. Cuando al día siguiente llegaron fuerzas de Falange y Guardia Civil y se hicieron con el control de la plaza, Casanueva, que estaba casado, huyó a zona gubernamental junto con la mayor parte de su familia. Llegó hasta Málaga y continuó hasta Almería, donde se alistó en el ejército republicano como voluntario. Cuando lo interrogaron los sublevados al término de la guerra, explicó que ingresó en el ejército porque era el único medio de subsistencia que tenía a su alcance. Durante la guerra estuvo en el frente de las principales batallas, Brunere, Belchite y Ebro, entre otras. Pertenecía a la 35 división, 11 brigada, 42 batallón, 3º compañía Internacional. Pasó por los escalafones de cabo y sargento y fue ascendido a capitán con antigüedad desde el 20 de agosto de 1937.
El 8 de enero de t939 fue capturado por los nacionales en Vinaixa, tras tres horas de resistencia, en el transcurso de la cual fue herido. Al ser detenido se le intervino una pistola. Fue ingresado en el campo de concentración de Zaragoza. Sin embargo, al enfermar de sus heridas, el 17 de enero de 1939 fue ingresado en el hospital de Bilbao. Un mes más tarde, el 15 de febrero, la comisión de clasificación de prisioneros y presentados de Zaragoza redactó el acta sobre sus antecedentes para su remisión al auditor de guerra. En este documento se le acusaba de saqueo de edificios públicos y particulares, destrozos e incendio de objetos sagrados y responsabilidad en varios asesinatos tanto en Olvera como en Ronda.
El 3 de marzo de 1939, el auditor de guerra ordenó en Zaragoza la apertura de la instrucción de un juicio sumarísimo contra él, y el día 13 de ese mes el juez José María Aymat dietó una providencia, fechada también en Zaragoza, en la que ordenaba que el procedimiento se elevara al auditor por si estimaba que debía trasladar las actuaciones a la auditoría de la segunda región militar. Dos días después, el auditor del ejército de ocupación de Zaragoza se inhibía en favor del de la segunda región, y el 23 de mayo, el auditor de esta última aceptó recibir la causa y ordenó remitirla al presidente del Consejo de Guerra Permanente de Cádiz. El 5 de junio, el delegado del auditor en Cádiz nombró instructor del caso al alférez jurídico Pedro Palma Pérez, que había sido miembro de la gestora golpista de Olvera durante algo más de dos semanas, de finales de diciembre de 1936 a principios de enero de 1937, y luego jefe local de la Falange unificada.
Este instructor solicitó los informes de rigor a las autoridades locales. El jefe de Falange, Alejandro Ortiz, en un escrito fechado el 1 de julio de 1939, atribuyó a Casanueva un amplio historial delictivo. Sin ofrecer datos concretos y precisos que avalaran sus acusaciones, dijo de él que desde la alcaldía «autorizó y dirigió toda clase de desmanes y cometió incontables y enormes abusos de autoridad, siendo el principal culpable de cuantos conflictos se plantearon en ésta con anterioridad al Glorioso Alzamiento Nacional». El jefe falangista añadía que Casanueva marchó la tarde del 27 de julio de 1936 al vecino municipio de Torre Alháquime para convencer a una columna republicana que había llegado allí procedente de Ronda, y que era reticente a avanzar hacia Olvera por temor a fracasar en el intento por la resistencia que pudieran ofrecer los sublevados, para que emprendiera dicho camino, ante la seguridad de que la Guardia Civil rebelde había abandonado la población. El jefe de Falange dijo que al llegar esta columna cometió «los crímenes, quemas y saqueos» que Casanueva había prometido.
Por su parte, el comandante de puesto accidental de la Guardia Civil, José Sánchez Hinojo, en su informe del 3 de julio, repitió las mismas imputaciones y añadió una interpretación maquiavélica de una de las actuaciones en principio modélicas de Casanueva durante el desempeño de sus actividades políticas durante el Frente Popular: su contribución a que patronos y obreros llegaran a un pacto de trabajo, Según la percepción de Sánchez Hinojo, dicho pacto lo consiguió este dirigente socialista coaccionando a los patronos, a quienes supuestamente sacó 250.000 pesetas para los obreros sin que estos trabajasen, y además lo hizo responsable indirecto de la huelga y los robos producidos en el campo tras el fracaso de un segundo intento de pacto de trabajo, poco antes del golpe de Estado. Finalmente le achacó una actuación anticlerical: el haber sido «uno de los que con mayor empeño pusieron en quitar el Sagrado Corazón del Peñón del Paseo, no recatándose en proferir las más duras blasfemias contra dicha imagen y los más soeces dicterios contra las personas religiosas».
Por último, el alcalde, Benito Gómez, en su escrito, fechado el 6 de julio de 1939, dijo que Casanueva había repartido armas a los obreros para hacer frente a los nacionales y repitió la acusación de haber traído a la columna republicana de Ronda desde Torre Alháquime, a la que acusó de tomar parte en los crímenes cometidos en el santuario de los Remedios y en el saqueo de la iglesia y casas particulares de Olvera. También acusó al dirigente socialista de haber conducido a la cárcel a «personas de orden». El alcalde le atribuyó haber participado en los crímenes de la noche del 27 al 28 de julio de 1936. Mientras, el instructor solicitó el 3 de julio de 1939 al general jefe del ejército del Sur, Gonzalo Queipo de Llano, que ordenase su traslado al de pósito municipal de Olvera. Dos meses después, el 28 de septiembre, el jefe de los servicios de justicia cesó a Pedro Palma de estas diligencias, y un mes más tarde, el 25 de octubre, el delegado del auditor nombró como instructor de esta causa al alférez Felipe López Prado, del juzgado nº 4 de Cádiz con actuación en la plaza de Olvera, con el sargento Antonio Álvarez Sánchez como secretario.
Las diligencias estuvieron paradas casi seis meses. Hasta el 18 de abril de 1940 el nuevo instructor no tuvo su primera actuación en esta causa. En esa fecha decidió dirigirse al director del hospital de Bilbao para preguntarle por el estado de salud de Salvador Casanueva, al haber advertido en la lectura de las diligencias de las que se había hecho cargo que existía una comunicación del año anterior en la que se decía que el militante olvereño había sido ingresado en dicho centro sanitario, por lo que no se había cumplido la orden de su traslado al depósito carcelario de Olvera.
Sorprendentemente, el capitán médico director del hospital militar de prisioneros de guerra de Deusto-Bilbao le respondió el 24 de abril de 1940 que Salvador Casanueva Carreño había fallecido es este centro el 19 de enero de 1939. Así pues, durante un año y cuatro meses la justicia franquista estuvo tramitando un procedimiento sumarísimo contra él, sin tener en cuenta que había perdido la vida como consecuencia de las heridas sufridas al ser detenido. El instructor solicitó entonces al juez municipal de Deusto que le remitiera el certificado de defunción. Este juez, Enrique Isasi Cobreros, le remitió dicho documento el 9 de mayo de 1940. En este certificado no figuraba la causa del fallecimiento. En consecuencia, el 20 de mayo, Felipe López Prado dio por concluidas las diligencias sumariales, que fueron elevadas al Consejo de Guerra Permanente de Cádiz, que estudió el sumario el 12 de junio de 1940. Presidía el tribunal el teniente coronel Ortiz Hernández, con los vocales capitán Jiménez Borja y tenientes Fassa Gómez y Toscano. Actuó de ponente el capitán Moreno Mocholi. En un auto dictado en la misma fecha, este tribunal decidió el sobreseimiento definitivo de la causa por el fallecimiento del inculpado, si bien consideró no extinguida la responsabilidad política y civil (según lo que establecía el artículo 15 de la ley de 9 de febrero de 1939), «habida cuenta de los antecedentes del encartado, de los que aparece una supuesta responsabilidad política, según rezaba el auto». Paradójicamente, pese a sobreseer el caso por el fallecimiento de Casanueva, el Consejo de Guerra Permanente propuso al auditor que el tribunal competente dedujera testimonio «para determinar las responsabilidades políticas a que hubiera lugar». El 25 de junio el auditor decretó el sobreseimiento definitivo de esta causa pero decretó que la misma volviera al instructor para cursar el testimonio solicitado y notificar el auto. El juez instructor de sentencias del consejo de guerra permanente de Cádiz, Ildefonso Forteza Marcet, se hizo cargo de estas nuevas diligencias, con el sargento Manuel Triviño Rosillo como secretario, y en su única providencia, fechada el 13 de julio de 1940, expresó que no podía notificarse el auto por haber fallecido el encartado. El auditor archivó definitivamente la causa el 11 de noviembre de 1944.
Bibliografía
J. A. DEL RIO CABRERA, J. ROMÁN ROMÁN y F. SÍGLER SILVERA: La historia recobrada. República, sublevación y represión en Olvera. Asociación Papeles de Historia – Grupo de Investigación Sierra de Cádiz: Historia, patrimonio, cultura. 2011.
