Nacido el 26 de junio de 1909 en Olvera, Fernando Casanueva Mulero («Carreño») era zapatero y estaba afiliado a UGT. Como militante socialista fue interventor del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 y fue uno de los defensores de la legalidad cuando se produjo la sublevación militar contra el régimen republicano. Al hacerse los rebeldes con el control del pueblo, huyó a zona gubernamental. Se alistó como voluntario en el ejército republicano, al que estuvo adscrito desde septiembre de 1936 hasta el fin de la guerra, en abril de 1939. Fue cabo interino de la jefatura comarcal de Alicante, en una compañía de intendencia. Cuando terminó la guerra civil, regresó a Olvera, donde fue detenido. Le fueron intervenidas 250 pesetas en papel moneda del Gobierno legítimo. Inmediatamente las autoridades franquistas elaboraron los informes de rigor contra él, y en ellos se acusó al militante olvereño de haber cometido durante el período republicano «actos de sabotaje» –tal como calificaron los sublevados las actividades políticas y sindicales legales entonces– y de haberse unido a la columna de Ronda. El comandante militar le abrió la ficha clasificatoria el 18 de septiembre de 1936, y el delegado del auditor, Marcelino Rancaño, designó el 2 de octubre como instructor de la causa abierta contra él por «desafecto a la causa nacional» al alférez Juan Vila Riera –del juzgado número 35 de Cádiz–, el cual, al haber sido licenciado, fue sustituido el 11 de noviembre por el alférez Felipe López Prado, del juzgado número 41 de la capital, con el sargento Antonio Álvarez Sánchez como secretario.
Fernando Casanueva permaneció en prisión preventiva en el calabozo de Olvera durante nueve meses sin que se le tomase declaración. Por fin, el instructor lo interrogó el 10 de junio de 1940. Entonces detalló su periplo personal desde el comienzo de la sublevación militar. Explicó que el 22 de julio de 1936 se fue al rancho de «Cristóbal el de Chupa», donde se encontraba el dueño, Cristóbal Casanueva Mulero –quien, pese a tener sus mismos apellidos, no tenía parentesco con él–. Allí permaneció hasta el 1 de agosto, en que se trasladó con su familia a Ronda, donde el comité le asignó una ayuda para él y sus allegados de 3,5 pesetas. Un mes después se marchó a Málaga, donde también ayudado por el comité permaneció hasta poco antes de la entrada de los nacionales, y entonces se fue a Almena. A esta ciudad llegó enfermo, por lo que fue hospitalizado. Mes y medio más tarde fue evacuado a Valencia, donde fue dado de alta el 27 de abril de 1937 y se trasladó a Alicante, donde por mediación de las autoridades republicanas empezó a trabajar en la empresa «Campsa», donde estuvo hasta septiembre, en que fue llamado al ejército. En las filas republicanas fue destinado en primer lugar a servicios auxiliares en un batallón de guarnición en la misma ciudad y luego a una compañía de intendencia en la jefatura comarcal hasta el final de la guerra.
El instructor tomó declaración a varios testigos para contrastar su versión. El dueño del rancho de Olvera donde Fernando Casanueva estuvo en julio de 1936, Cristóbal Casanueva, ratificó que era verdad que el acusado estuvo en su finca en las fechas que él había declarado. Además, afirmó que no se ausentó del rancho en los días en que se cometieron los asesinatos de derechistas en el pueblo y por lo tanto aseguró que no tomó parte en esos hechos. Para este labrador, el militante ugetista le merecía un buen concepto. En el mismo sentido se mostraron los demás testigos llamados por el juez. Incluso el comandante de puesto de la Guardia Civil reconoció que no había podido conseguir ningún testimonio incriminatorio contra él, y conjeturó con que sólo podía expresar, sin contrastarlo, que existía «la posibilidad de que hiciese frente a la fuerza» [sublevada]. Basó esta suposición en el hecho de que «en los barrios donde habitaba el tal Casanueva no había nada más que elementos marxistas», y dado que «la iglesia del Socorro y el Peñón estaban en poder de todos ellos», desde estos lugares «con inusitada frecuencia se agredía a la referida fuerza, que tuvo que renunciar a apoderarse del mentado barrio».
Fernando Casanueva fue trasladado el 13 de julio a la prisión de Jerez de la Frontera. Dos semanas después el instructor solicitó al auditor que se le concediera la libertad provisional, al considerar que tras las actuaciones llevadas a cabo no aparecían cargos que justificasen su prisión. El auditor admitió esa solicitud, y el 5 de agosto el juez López Prado decretó la libertad provisional del militante olvereño, quien salió de la prisión jerezana cuatro días más tarde.
En el auto resumen que elevó al auditor el 22 de agosto, el instructor expresó que «aun cuando las autoridades locales lo acusaban de haber tornado parte en la recogida de armas y de haber hecho frente con las mismas a las fuerzas nacionales nada se ha podido comprobar ya que además de existir testigos que avalaban al encartado dicha autoridad no ha podido señalar personas que vieran al encartado tomar parte en dichas acusaciones», por lo que estimó que estos hechos no eran constitutivos de delito. Sin embargo, el auditor decidió al mes siguiente que la causa volviera al instructor para que practicara otras diligencias: que recabara los antecedentes penales del encartado, que le tomase declaración indagatoria y que dictara auto de procesamiento contra él.
López Prado fue cesado por el gobernador militar el 22 de octubre siguiente como instructor de la causa y fue sustituido por el teniente José Tocón Barea. Éste acometió las diligencias ordenadas por el auditor. Reclamó los antecedentes penales del militante olvereño, y en noviembre, el Registro Central de Penados y Rebeldes certificó que carecía de antecedentes.
A comienzos de 1941 el gobernador civil instó al instructor a que ordenase la detención de Fernando Casanueva, que disfrutaba en su domicilio de la libertad provisional que le fue concedida por el anterior juez de su causa en agosto de 1940. Tras ser detenido y encerrado en el calabozo, por orden del gobernador fue trasladado a la prisión de Cádiz, donde fue ingresado el 23 de enero de 1941. Tres meses después, el 20 de marzo, el juez Tocón dictó auto de procesamiento contra él, y lo acusó de «adhesión a la rebelión militar» –imputación que la justicia franquista atribuyó a quienes en realidad fueron defensores de la legalidad y se opusieron a la sublevación contra el régimen constitucional–. Cuatro días más tarde lo sometió a una declaración indagatoria en la que el acusado se ratificó en sus respuestas en el anterior interrogatorio y subrayó que no vio cometer ningún acto vandálico ni delitos.
Una vez realizadas todas las diligencias que le ordenó, el juez elevó la causa al auditor, quien el 27 de mayo ordenó que Casanueva continuase en prisión y que se siguiese tramitando el sumario. De esta continuación fue encargado en junio el juez de plenario de Cádiz, el capitán Godofredo de la Cruz Moreno, y de una lista de oficiales que se le presentó, Fernando Casanueva designó como su defensor al alférez Fernando Lozano García. No obstante, éste renunció por enfermedad y fue sustituido por el alférez Luis Parodi Artall. Éste sólo pudo contar con tres horas para estudiar el sumario.
El consejo de guerra se celebró en el cuartel de San Roque de Cádiz el 27 de junio de 1941, a las 12 y media de la tarde. El tribunal lo presidió el coronel Manuel Aldayturriaga y Prats, con los capitanes Juan Martínez badalejo, Julio Herrera Zaya y José López Santi como vocales y el capitán Francisco Subirach Ribas como ponente. El fiscal, Cayetano Súnico Herrera, pidió 12 años y un día de prisión y como conmutación una pena de seis meses y un día a seis años. El defensor solicitó la absolución. El mismo día el tribunal dictó sentencia y condenó a Fernando Casanueva a dos años de prisión menor por «auxilio a la rebelión militar». El auditor aprobó este fallo el 26 de agosto y la capitanía general de la región militar hizo lo propio el 22 de septiembre. Para la tramitación de las diligencias correspondientes a la comunicación de esta sentencia fue designado juez el capitán José Zulueta Serrano –con el sargento Fernando Cortés Cortés como secretario–, quien el 27 de septiembre ordenó la puesta en libertad de Fernando Casanueva y que se remitiera testimonio al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Como el militante olvereño había sufrido prisión preventiva desde el 18 de septiembre de 1939 hasta el 21 de septiembre de 1941, la pena se había cumplido en exceso y ya se había extinguido, por lo que fue puesto en libertad definitiva.
FUENTE: J. A. DEL RÍO CABRERA, J. ROMÁN ROMÁN y F. SÍGLER SILVERA: La historia recobrada. República, sublevación y represión en Olvera. Asociación Papeles de Historia, Grupo de Investigación «Sierra de Cádiz: historia, patrimonio, cultura» y Ayuntamiento de Olvera, 2011.
