Querella Argentina. ACTUALIZADO. Sevilla. “Que no se os quede nada dentro, hablad con el corazón”.

La guerra de los Antonios

 

Tras una compleja reunión preparatoria antes del juicio, Antonio Narváez y Antonio Martínez, de 80 y 78 años respectivamente, apuraban ayer las últimas horas hasta la gran cita de hoy en el juzgado número 8 del Prado de San Sebastián, Sevilla. Por primera vez un juez les tomarán declaración sobre sus familiares asesinados durante el franquismo, al inicio de la Guerra Civil en el marco de las actuaciones de la jueza argentina María Servini de Cubría, que desde abril de 2010 investiga las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista. Dichas comparecencias se realizan tras la petición de Servini, en la única causa penal a nivel mundial abierta contra los crímenes del franquismo acontecidos en el estado español.

“Llega tarde pero parece que va a llegar”, apunta Narváez, el más mayor de los declarantes. “Llamaba a mi abuela Carmen mamá porque a mi padre me lo mataron el primer día de guerra en Marchena (Sevilla) y a las dos semanas se llevaron a mi madre”. Desaparecidos sin rastro alguno, Antonio vivió desde los tres años con la amargura y dolor de no saber ni qué paso, saliendo adelante sin ningún tipo de respuesta. “Mi abuela no quería sacar el tema. Era demasiado duro para ella. Los primeros años de mi infancia la recuerdo viviendo en un llanto permanente”. En aquella guerra perdería a sus dos de sus hijos y a su yerno.

TUMBA SIN NOMBRE PARA UN JORNALERO

En 2004 quiso romper aqeul silencio que comenzó siendo apenas un niño. Sus padres, Enrique y Concepción, fueron asesinados en el verano del 36 y solo tenían 32 años. “Mi madre era analfabeta, la pobre ¿en qué política iba a estar metida?”. Su padre corrió peor suerte al ser alcanzado por una bala desde una ventana el primer día del golpe. “Herido se lo llevarían al hospital y allí lo dejaron morir. Era jornalero y nadie sabe dónde lo enterraron”.

En 2004, Narváez se acercaría al Ayuntamiento de su pueblo, que no pisaba desde hacía treinta años después de tanto dolor. “Dejé la documentación de ellos allí para preguntar por la muerte de mis padres y después de once años no he recibido ninguna respuesta”.

A Antonio Martínez no le daría ni tiempo a conocer a su padre. No recuerda ni su cara. Los recuerdos de su madre y de sus seres más cercanos han sido el único legado que le ha llegado de aquel jornalero que sufrió prisión durante veinte días en la cárcel de Ranilla para ser posteriormente fusilado en las tapias del cementerio de Sevilla. Manuel Martínez Domínguez nunca se había metido en política, tampoco había hecho mal a nadie en su pueblo, Escacena del Campo (Huelva).

“Mi tío recuerda el día que llegó a la cárcel y no estaba. Trabajaba en el puerto y aquella mañana, a su llegada, recibió una americana de mi padre que le dejó un paisano que estaba por allí la noche antes del fusilamiento”, aclara.

La lucha de Martínez viene de hace más de dos décadas. “Me acerqué al Ayuntamiento de Sevilla en los 80 y por más que preguntaba nadie me decía si mi padre estaba en una fosa”. En el camposanto hispalense se ubican al menos cinco fosas de represaliados por la dictadura. Martínez cree que su padre se encontraría en una de las de mayor tamaño, conocida como la del “campo de fútbol”, con más de tres mil posibles víctimas, tras las investigaciones realizadas por el historiador José María García Márquez.

LA LLEGADA DE LA JUSTICIA ARGENTINA

Narváez recuerda cómo llegaron a esta situación tras la retirada del juez Garzón en el año 2006. La jueza argentina María Servini abrió un proceso desde un juzgado de lo criminal de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad. La cita de hoy recoge los primeros frutos de esta jueza que lucha por una causa justa a través de una querella que “a la mayoría de los jueces parece darle miedo en un país que ha olvidado demasiado pronto”, se queja Narváez.

Carpetas, documentos, fichas, fotos. Todo está preparado para las primeras intervenciones. La Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina estará presente en el proceso. Paqui Maqueda, uno de sus miembros de la misma, explica a los dos Antonios partes del procedimiento además de prometerles que se encontraría esta mañana junto a varios compañeros a las puertas del palacio de justicia. “El día de hoy será duro pero vamos a estar ahí porque es el principio de otra etapa. Solo esperamos que algún juez español empiece pronto a tomar ejemplo”, apunta. Tampoco faltarán muestras de apoyo de representantes políticos como Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos en Andalucía, quien ha anunciado que no faltará a esta importante cita.

También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada (ARMH) anunciaba en agosto pasado que presentaría una denuncia por la desaparición del poeta Federico García Lorca ante la jueza argentina.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/dos-victimas-de-represaliados-por-el-franquismo-llegan-a-los-juzgados-en-sevilla-gracias-a-una-querella-argentina/

 

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+info:

“Que no se os quede nada dentro, hablad con el corazón”

Dos familiares de víctimas del franquismo preparan su declaración en un juzgado de Sevilla

La Marea 10 septiembre 2015 /
 
Llegan a paso lento a la cafetería donde han quedado. Cargan 80 años en sus espaldas. Están nerviosos. Apenas faltan unas horas para el gran día. Antonio se pide una cerveza Cruzcampo, que es “la mejor cruz”, bromea. El otro Antonio responde por teléfono a una entrevista: “No esperaba nunca que llegara este momento”, dice aún incrédulo al periodista de Radiópolis. Ambos declararán este viernes en el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla a petición de la jueza que instruye la causa argentina contra el franquismo. “Bueno, ¿qué vais a decir?”, pregunta Paqui Maqueda, que ya declaró al otro lado del charco. “La verdad”, asienten enérgicos.

Antonio Narváez tenía tres años cuando asesinaron a su padre y a su madre en Marchena. Antonio Martínez era un bebé de cinco meses cuando los falangistas se llevaron a su padre y lo fusilaron en la tapia del cementerio de Sevilla. ”A mi padre lo mataron luchando por la libertad. Ya habían dado el golpe de Estado, dos días después, el 20 de julio del 36. Era un hombre que sabía leer y escribir y por eso mayormente lo tenían entre ceja y ceja. Ese día, él iba andando por la calle y salió un tiro de una reja. No estaban luchando ni nada. Lo hirieron, lo llevaron al hospital y al otro día al cementerio. Como todavía no habían empezado las matanzas, lo metieron en un nicho. Luego lo sacaron y lo echaron en una fosa común. Tres o cuatro semanas después, a mi madre, después de raparla junto a su madre y otra hermana, la sacaron de la cama y le dijeron que la llevaban a dar un paseo. Mi hermano, de cinco años -ya fallecido- y yo, de tres, estábamos dormidos”. Nunca más la volvió a ver: “No me acuerdo de su cara, pero jamás la he olvidado y quiero darles a los dos un entierro digno”, relata Antonio Narváez.

“¿Y la jueza vendrá?”, pregunta Antonio Martínez. “No, la jueza ha pedido a la autoridad judicial de Sevilla a través de un exhorto que os tomen declaración. Ningún juez español está investigando los crímenes franquistas. Otras veces se ha hecho por videoconferencia, pero esta fórmula tiene el objetivo de que los jueces españoles vean que es fácil hacerlo, que comiencen a investigar”, explica Paqui, miembro de la Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina.

“Mi padre fue a Escacena del Campo a ver a mi abuelo, que tenía un cáncer, y llegaron y se lo llevaron”, afirma Antonio Martínez. “¿Pero quién, quién se lo llevó? Porque eso es importante y tú vas a estar solo con el juez”, interviene Juan Morillo, otro activo miembro del colectivo memorialista. Y Antonio, que no sabe si citar o no sus nombres y apellidos, responde: los falangistas. “Una vez mi hermana, con 87 años, me echó a la calle porque le llevé el libro de Francisco Espinosa, que hablaba de todos los crímenes. Mis hermanos todavía tienen miedo”, contó momentos antes en la entrevista telefónica. Su madre fue a la cárcel con él, con cinco meses, y un hermano de tres años en busca de su padre: “Allí a punto estuvieron de matarnos y a mi padre le echaron los dientes abajo con la culata”.

Son importantes las fechas, las detenciones, insistir en que están desaparecidos, añade Paqui: “Porque es en eso se basa nuestra denuncia, en crímenes de lesa humanidad”. Y mientras los dos Antonios siguen pensando en ese momento, en su momento -“tiene cojones que vayamos a declarar al cabo de 80 años”, susurran-, salen otras verdades. Las de los hombres que estuvieron años escondidos en alacenas, las de las mujeres que todavía hoy duermen con miedo. Juan Morillo cuenta que en Chucena metieron a un rojo en la cárcel para que se muriera de hambre: “Pero no se moría y no se moría. Y era porque su hija, cuando iba a verlo, lo amamantaba”. “Mi madre me dijo el domingo que ya no tenía miedo”, le dice Roger a Rosa, también querellantes.

Paqui pone orden: “A ver, tenéis que tener claro dos cosas. Una, contad la historia de los hechos como si fuera la primera vez que la contáis, porque el juez no sabe nada y son los hechos los que se investigan. Y dos, que no se puede olvidar, antes de terminar tenéis que decir que estáis ahí para que se haga justicia, aunque si se olvida no pasa nada”. Y una advertencia: “Puede que el juez marque distancias, que se muestre frío”.

Los Antonios, que cuentan con ello, repasan sus historias una vez más. Narváez empezó a trabajar con cinco años: “Mi hermano y yo nos íbamos al campo y nos hartábamos de llorar. Y a mi abuela le recriminaban que llorara. Tanto quejarse, tanto quejarse porque le habían matado a la hija”. A Martínez le denegaron la licencia de apertura de su negocio, Narváez se fue a Bélgica para que no lo procesaran… “Que no se os quede nada dentro, hablad con el corazón”, insiste Paqui. Será la primera vez que Antonio Narváez, con 82 años y un marcapasos, y Antonio Martínez, a punto de cumplir 80 y los achaques propios de la edad, cuenten sus verdades en un juzgado.

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Dos querellantes declaran en el juzgado de Sevilla por delitos de lesa humanidad en el proceso que instruye la jueza María Servini desde Buenos Aires

Antonio Narváez (80 años) quedó huérfano y Antonio Martínez (78 años) perdió a su padre: “Ese día llevaban un camión lleno para el cementerio”, cuentan a eldiario.es

Las víctimas, según las denuncias, fueron ejecutadas por fascistas tras el golpe militar de 1936 y sus restos arrojados a fosas comunes

eldiario. es / Juan Miguel Baquero /09/09/2015 – 20:26h

“Tenía tres años cuando aquello ocurrió. Una noche sacaron a mi madre de casa y la fusilaron. Mi hermano y yo dormíamos. Nunca más supimos de ella. A mi padre ya lo habían matado un mes antes. Siguen enterrados en fosas”, relata Antonio Narváez, de 80 años de edad.

“Ese día llevaban un camión lleno para el cementerio. Mi padre era uno de ellos. No había hecho nada. El alcalde del pueblo [en Huelva] nos intentó matar, a mi madre y mis hermanos. Yo tenía cinco meses”, cuenta Antonio Martínez, de 78 años.

Los crudos testimonios anteriores son parte de las historias que engrosarán la denominada “querella argentina” contra los crímenes franquistas. La declaración de estas dos víctimas quedará recogida este viernes 11 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 8 del Prado de San Sebastián en Sevilla y remitida a la causa 4591/2010 seguida desde el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. Todo, a petición de la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso.

No es la primera vez que una sede judicial española se abre al único procedimiento penal abierto en el mundo que investiga posibles delitos de lesa humanidad desde la Guerra Civil hasta el final de la dictadura. En mayo de 2014  el juez Fernando Andreu abría la Audiencia Nacional por vez primera a testimonios de represaliados por el régimen de Francisco Franco.

Antes de la toma de declaración conjunta de Andreu y Servini en Madrid, la propia magistrada había asistido a procedimientos similares en País Vasco y Andalucía. La delegación argentina, de viaje entonces en España para indagar y nutrir de testimonios la causa abierta en su país en aplicación de los principios de justicia universal, visitó además el Archivo Histórico Nacional y la Dirección General de Seguridad (DGS), centro de detención y tortura durante el periodo dictatorial y sede actual del Gobierno de la Comunidad madrileña.

“Nos acercamos al fin de la impunidad”

“Los jueces españoles están prestando plena colaboración a la solicitud argentina. Esto es una pauta de que algo profundo está cambiando. Nos acercamos cada vez más al momento del fin de la impunidad”, declaraba entonces uno de los abogados de los querellantes, Carlos Slepoy. “Son pasos muy importantes”, destacan ahora desde la Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina (PaZ), que condena que el Gobierno de España “no aplique las recomendaciones” de Naciones Unidas.

Antonio Narváez Hernández y Antonio Martínez Fernández enfrentan “con muchos nervios” la comparecencia este viernes. Ponen sus dramas familiares en manos de la justicia, casi ocho décadas después de aquellos asesinatos perpetrados por golpistas en Marchena (Sevilla) y Escacena del Campo (Huelva), respectivamente. Los restos reposan en fosas comunes desde entonces.

Enrique Narváez Borrego y Concepción Hernández García tenían ambos 32 años de edad cuando fueron muertos a balazos. “A mi padre lo mataron el 21 de julio de 1936, fue de los cuatro o cinco primeros que cayeron en Marchena. A mi madre se la llevaron un mes después y nunca volvimos a verla”, cuenta Antonio Narváez a eldiario.es desde su casa en el barrio sevillano del Cerro del Águila.

Recuerda “algunas imágenes” de aquel traumático episodio que marcó su vida. Antonio es ahora octogenario y sigue buscando “justicia”. “A ver si puedo juntarlos a los dos y darles un entierro digno, lo que no tuvieron en su día”, subraya. Está “nervioso” ante una comparecencia judicial que significa “muchísimo”. “No se puede hacer una idea del estado de nervios que tengo, pesa mucho afrontar estas cosas casi 80 años después”.

“De un culatazo, le partieron los dientes”

Antonio Martínez, por su parte, perdió a su padre en la matanza fundacional del franquismo. A Manuel Martínez Domínguez le faltaba un día para cumplir 35 años cuando fue asesinado, el 19 de agosto del 36. “Era un hombre independiente que no estuvo metido en ningún problema ni estaba afiliado a nada aunque es razonable que fuera de izquierdas”, narra su hijo.

En el cementerio de Sevilla “hay miles de personas y él está en una de las fosas, en la que le dicen el campo de fútbol”. La masacre familiar estuvo a punto de culminar en el asesinato de “mi madre y mis hermanos”.

“Estaba durmiendo la siesta después de comer en casa de mis abuelos, en Escacena, cuando aparecieron cinco fascistas del pueblo. Lo metieron en el calabozo y estuvo diez días encarcelado. El primer día, de un culatazo, le partieron los dientes”. Luego “lo mataron”. Ese día, refiere Antonio, “era un camión entero lo que llevaban, lleno de personas”, hasta la tapia del cementerio de Sevilla. “Allí hay miles de personas y él está en una de las fosas, en la que le dicen el campo de fútbol”.

La masacre familiar estuvo a punto de culminar en el asesinato de “mi madre, Antonia Fernández Reinoso, y mis hermanos. Éramos cuatro, ninguno fuimos más al colegio”, cuenta. “Estábamos marcados por ser hijos de comunistas o rojos, todo se hizo muy complicado. Yo he estado desde los seis años trabajando en el campo, cazando gorriones o guardando cochinos”. Antonio, décadas más tarde, tiene claro algo: “Es necesario que haya justicia, no pido nada más, que haya justicia y se sepa lo que ocurrió para que no se repita”.