Es uno de los antropólogos forenses más conocidos del Estado y ha desentrañado casos imposibles como el de Lasa y Zabala o el de los niños Ruth y José. Ahora investiga la tortura en Euskadi
UNA ENTREVISTA DE HUMBERTO UNZUETA
deia.com | Donostia | 22-2-2015
Llega bastante tarde a la cita con el periodista para realizar esta entrevista. Tarde pero satisfecho. Como el médico de guardia de tiempos pasados, poco antes de la hora convenida ha tenido que salir deprisa a Lazkao ya que ha recibido una llamada de una persona dispuesta a dar su testimonio sobre las torturas que sufrió en dependencias policiales hace diez años. La frescura del relato recién escuchado impregna toda la conversación y la enriquece. Solo por eso, la espera ha merecido la pena.
Es uno de los forenses de mayor reputación en Euskadi y en el Estado español. Su carrera profesional es poliédrica, aunque siempre en el campo de juego de la ciencia y la investigación. No en vano aplica escrupulosamente el método científico a todo lo que hace, dice y piensa. Y siempre con el jersey o la bata con el logo de la Universidad del País Vasco de la que es profesor titular. Se le puede ver con la pequeña paleta abriendo fosas comunes y exhumando restos de personas asesinadas durante la Guerra Civil española y el franquismo. Hace un par de años su nombre salió a la luz en todos los medios de comunicación por ser el autor del informe sobre los restos óseos de los niños Ruth y José, desaparecidos en Córdoba en octubre de 2011 tras ser asesinados y carbonizados por su padre. Bastantes años antes, este antropólogo forense también saltó a las primeras planas por desentrañar otro caso imposible: su análisis fue decisivo para resolver el caso de Josean Lasa y Joxi Zabala, secuestrados por los GAL en 1983, cuyos restos aparecieron enterrados en cal viva doce años después en Alicante. Su proyección profesional ha saltado incluso al otro lado del Atlántico, especialmente a Chile, donde ha participado en diferentes investigaciones y exhumaciones relacionadas con la dictadura de Pinochet, incluso con los asesinatos del cantautor Víctor Jara o el posible envenenamiento del poeta Pablo Neruda.
Médico especialista en Medicina Legal y Forense, Francisco Etxeberria es la cabeza más visible del equipo del Instituto Vasco de Criminología, al que la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco liderada por Jonan Fernández ha encargado un informe sobre las torturas entre 1960 y 2013, en el marco del mapa de vulneraciones de derechos humanos que han tenido lugar en Euskadi. Desde que el año pasado iniciaron su trabajo han recogido 3.587 denuncias de maltratos y torturas en dependencias policiales. Desde la transición democrática, buena parte de ellos son del entorno de ETA y de la izquierda abertzale, aunque no todos. De esa cifra, casi tres mil han sido analizados por el equipo que él supervisa y apenas un 1% cuenta con sentencia firme. Se prevé que el informe completo vea la luz en 2016. “Soy consciente de que esta es la investigación más difícil que voy a hacer en mi vida”.
—3.587 denuncias de tortura en poco más de medio siglo. ¿No son muchas?
—Son una parte pequeña de la realidad y creo que son muchas más. Lo que ocurre es que igual hay gente que no tiene interés en hablar de algunas cosas. Solo entre el año 1960 y el final de la dictadura hay miles de casos y, después, parece que también. Si damos credibilidad a algunos en tiempo de la dictadura, no sé porqué no se la vamos a dar a los que han venido después, aunque parezca que haya más garantías democráticas.
—Son testimonios realizados mucho tiempo después de haber sucedido. ¿Se pierde mucha información en el camino?
-Hay un porcentaje de todos ellos que todavía mantienen una emoción y sensibilidad que hace que, por ejemplo, el testimonio que hemos recogido esta tarde haya estado llorando buena parte de la entrevista. Es una mujer detenida el año 2005 y cuando recuerda esos días lo hace con una sensibilidad difícil de explicar. Hay algunos casos que no recuerdan con tanto detalle porque han seleccionado unas partes de mayor intensidad. Cuando hablas con gente así y les preguntas cómo vivieron sus padres esta situación, ese es punto neurálgico porque entonces saben lo que hablaron con ellos los días siguientes a lo ocurrido.
—Las denuncias de hechos posteriores a la muerte de Franco ¿son todas relacionadas con ETA?
—No, en absoluto. Nosotros estamos recogiendo testimonios de todo tipo, incluso algunos de delincuencia común. También hay militantes de EMK (Euskal Mugimendu Komunista) o de LCR (Liga Comunista Revolucionaria) o sindicalistas. No todo tiene que ver con ETA o la izquierda abertzale, aunque es verdad que la mayoría son de ese sector. Y eso es lo que vamos a valorar. Entre ellos hay de todo: médicos, empleados de banca, abogados, sacerdotes, profesores… Yo he visto a gente torturada en las que se produjo demostración judicial con sentencia firme.
—¿Hay patrones comunes?
—Hay estilos y formas que cambian con el tiempo y hay lugares donde se practica un tipo de maltrato y otros tipos de lugares para otros maltratos. No es lo mismo al que le pillan en una manifestación ilegal en la que se produjeron disturbios , que al que le detienen acusándole de ser miembro de un comando de ETA. Hay diferencias, pero el abuso y el exceso son la norma en un contexto de total impunidad, según relatan los mismos detenidos.
—En el caso de las denuncias de ETA siempre ha habido la sospecha de que lo hacían siguiendo la consigna de la dirección. ¿En qué medida condiciona eso su informe?
—Eso lo va a condicionar, pero este trabajo va a servir para que una parte de la sociedad vasca venga a decir me lo creo y otra diga no me lo creo. Yo creo que la mayoría sí se lo va a creer y pero esto es muy interesante porque daría la casualidad de que en tiempos de la dictadura de Franco no tenemos ningún caso acreditado judicialmente y, en consecuencia, cuál es la conclusión, ¿que no hubo torturas en ese periodo? Y sin embargo nos vamos al tiempo de la democracia y sí hay casos demostrados judicialmente. No es verdad que todos los que han sido detenidos hayan denunciado malos tratos en esta franja de tiempo, lo que pasa es que hay una mayoría abrumadora de gente que la ha denunciado, que no son todos. Incluso hemos recogido testimonios de gente que no ha sido torturada.
—¿Con qué objeto?
-Para que expliquen su vivencia desde una posición en la que termina diciendo: “A mí no me hicieron nada pero a mis compañeros sí, y lo sé porque lo viví, lo escuché”.
—En el polo opuesto, el Estado español da por falsas, sistemáticamente, las denuncias de torturas.
—Este Estado y otras instancias. Siempre existe esa consigna, la de encubrir y no reconocer. Y es probable que esa sea la razón por la que esas prácticas se han perpetuado en el tiempo porque, si algunas autoridades políticas en el pasado hubieran dicho de manera contundente que no estaban dispuestas a seguir tolerando que ese tipo de prácticas se prorroguen, algunas cosas hubieran cambiado.
—En su informe aparecen mayormente la Guardia Civil y la Policía española, pero también la Ertzaintza.
—Hay casos de gente que hace el reproche a la Ertzaintza. La persona que se expresa diciendo que “la Er-tzaintza no me tenía que haber hecho esto, y creo que es injusto y se sobrepasó” lo hace libremente. De la misma manera que lo hace cualquier otra persona ante un policía municipal, ante un funcionario de prisiones o ante quien corresponda. Nosotros nos limitamos a recoger el dato.
—¿Dónde han estado hasta ahora todas esas personas que se les han acercado?
—Toda esa gente estaba delante de nosotros. La cuestión reside en a quién denuncias. La persona que he entrevistado esta tarde para relatarme su vivencia de torturas en una dependencia policial se lo dijo al juez, que miró para otro lado. Le dijo: “Estuviste solo tres días, qué te van a hacer en tres días”. Llegó a decir que su denuncia formaba parte de una estrategia y que, por tanto, no iba a hacer nada. Este tipo de actuaciones quizá tienen algo que ver con esas sentencias que vienen de Estrasburgo que dicen que lo sorprendente del país en el que vivimos es que incluso cuando alguien hace la reclamación el juez no lo investiga.
—¿Los jueces han mirado para otro lado?
—Creo que no se ha ejercido la tutela a la que tienen derecho los detenidos, ni siquiera se ha sabido gestionar de manera moderna esta cuestión. Se ha gestionado con formas muy simples y anticuadas. Eso pasa por no conocer las instalaciones o las dependencias en las que está el detenido, saber cuál es el régimen de alimentación y de aseo del reo…
—¿Y los forenses?
—El Instituto Vasco de Medicina Legal tiene desde hace unos años un protocolo muy exhaustivo por el cual no es raro que se puedan detectar los casos. Pero ese protocolo no lo tienen otros institutos o forenses. Quizás algunos de los casos que se han dado aquí se han podido descubrir precisamente porque existe ese protocolo.
—Por lo visto, no es el mismo que en los calabozos de la Audiencia Nacional.
—Parece que no, y se trabaja con la misma simplicidad con la que yo trabajaba en los años 80, hace ya más de tres décadas. La tortura es una herramienta de fácil manejo en la que se producen dosis de impunidad que se perpetúan en el tiempo. Ni siquiera se cumple el protocolo oficial publicado en el BOE en 1997.
—Solo un 1% de las denuncias han tenido una sentencia firme. ¿Es sinónimo de impunidad?
—No, eso da idea de la dificultad del tema. Hay una dificultad real de prueba. Hay un nivel de prueba en lo judicial que lleva en algunos casos al juez a determinar que no ha sido posible acreditar lo que sostiene el perjudicado y, en consecuencia, se archivan las diligencias. Por eso no hay que obsesionarse con que este sea un asunto que solo se puede acreditar mediante una verdad judicial. Hay muchos acontecimientos que sabemos que son ciertos y que no tienen una sentencia judicial. En Chile se reconocen oficialmente 33.000 casos y no hay sentencias de ellos.
—Durante décadas el periodo de incomunicación ha dejado al reo en un cuarto de impunidad.
-La incomunicación favorece ese espacio de impunidad. Así lo han señalado todos los que han analizado esta cuestión. Han tenido que ir pasando los años para que algunas autoridades se hayan dado cuenta de la conveniencia de recoger en vídeo las declaraciones, para que sea posible saber cómo se ha gestionado cualquier incidencia que le acontezca al detenido… Recuerdo la época en la que, bajo el argumento de que el detenido no podía hablar por estar incomunicado, el policía de turno no nos dejaba hablar con el detenido, ni siquiera para hacerle el reconocimiento médico o para que me diga si tiene alguna alergia o toma algún medicamento. Algunos creen que el individuo torturado es aquel que, además de haber sido torturado, ha podido demostrar judicialmente que le han torturado, lo cual es de una gran dificultad. Si no hay sentencia, no has sido torturado.
—¿Cuándo se acabarán las torturas?
—Cuando realmente el que las produce sepa que puede arriesgar mucho más de lo que arriesga, que no va a tener encubrimiento tan fácil de sus propias autoridades. Cuando se pueda reprochar lo ocurrido en el calabozo a los propios jueces, en tanto que es el juez el que tiene las riendas de esa situación. A un individuo que llega a la comisaría no le pueden robar la cartera. Si le roban, el juez tiene que preocuparse mucho. Hay jueces que lo han hecho. Los casos que hemos tenido aquí con sentencia firme no era por los forenses, sino porque los jueces estuvieron por la labor de ponerle detalle a los casos y así se descubrieron.
—Usted participó en una investigación amplia en Chile sobre los torturados en la dictadura de Pinochet. ¿Es comparable con lo de aquí?
—En Chile se reconoce oficialmente, que allí durante la dictadura fueron torturadas 33.000 personas. Nadie lo niega y si lo hiciera sería perseguido legalmente. Son datos oficiales recabados tras una investigación no judicial. Supongamos que de esa cifra se han colado, por ejemplo, 150 casos que son mentira. El resto son verdad, 32.850 verdades. Por lo tanto, en su conjunto tiene un fondo de verdad indiscutible. Qué casos hemos visto nosotros aquí: por ejemplo, una persona a la que la Guardia Civil paró en un control de carretera y le hizo tragar una pegatina antinuclear. No la podía tragar porque era de plástico y por mucho que lo intentó no pudo tragársela porque el plástico le cortaba la garganta y así lo manifestó al agente que le obligaba. Le dieron una paliza allí mismo. Obviamente no denunció a nadie, no hay sentencia judicial. Esto lo saben solo sus amigos y ahora nosotros. Podía ser mentira, una gran falsedad, pero no nos lo parece.
—¿Cabe pensar que pudo mentir?
-Somos médicos, no ingenieros forestales. Cuando un forense hace reconocimientos médicos sabe diferenciar entre la simulación y la disimulación. Hay gente que disimula cosas y gente que simula. Nosotros enseguida nos damos cuenta si es verdad o no cuando una persona dice que le pegaron durante toda la noche. Igual no es toda la noche, es una manera de expresarlo, pero sí le han pegado y bastante. Estamos hablando con el protagonista, no con un tercero que escuchó o al que le dijeron.
