Extremadura. 13.000 víctimas pendientes de la memoria histórica.

Balance. Trece años después de su aprobación, la ley que dará paso a la de Memoria Democrática ha propiciado el cambio de nombres y retirada de vestigios, pero ha avanzado muy lenta con las exhumaciones

MIRIAM F. RUA Domingo, 11 octubre 2020, 08:48

En Extremadura sabemos cuántas personas y cómo fueron represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo, tenemos ahora muchas menos calles dedicadas a Franco o a Primo de Rivera, se han barrido los yugos y las flechas de las placas de los bloques de pisos y no hay rastro de escudos preconstitucionales. La región, además, está dentro del grupo de comunidades autónomas que ha aprobado su propia ley de memoria para cubrir las lagunas del texto nacional de 2007.

Somos, coinciden los investigadores y el movimiento memorialista, una región aventajada en materia de memoria histórica, pero después de trece años de vigencia de la ley nacional y de 17 años de exhumaciones en Extremadura, hay una cuenta que sigue pendiente: recuperar a los desaparecidos.

En la región se han abierto 84 fosas de las que se ha sacado a casi 400 víctimas, pero aún quedan 13.800 represaliados sin localizar. El anteproyecto de la nueva ley de memoria democrática presentado días atrás por el Gobierno de España podría dar el impulso definitivo para abordar una tarea que todavía tiene en vilo a cientos de familias.

«La provincia pacense está libre de vestigios, salvo Badajoz. En la de Cáceres estamos iniciando el proceso» julián chaves, catedrático de la uex

«El número de víctimas recuperadas es bajo, pero nos ha permitido saber qué sucedió en el pasado» Laura Muñoz Encinar, Arqueóloga

«Lo que podremos rescatar será la punta del iceberg, pero al menos tenemos que dar respuesta a las demandas activas de los familiares» José Manuel Corbacho Presidente Armhex

El texto recoge que será el Estado quien asuma la labor de localizar, exhumar e identificar a las víctimas. Este hecho tiene una trascendencia simbólica pero, sobre todo, práctica porque supone que costeará los trabajos de recuperación de los desaparecidos, una demanda del movimiento memorialista y de los propios investigadores. «Es el Estado quien tiene la obligación de estar al frente de la búsqueda, apertura de las fosas, exhumación e identificación de los restos y por fin, después de tantos años de bochorno internacional se ha conseguido incluir en el anteproyecto de ley. En este tiempo, los familiares se han sentido abandonados a las escasas fuerzas y los pocos medios para poder llevar a cabo estas actuaciones», valora José Manuel Corbacho, al frente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura, un colectivo que inició su andadura en 2002.

Precisamente, la falta de financiación está detrás del frenazo que sufrieron las exhumaciones en Extremadura, que empezaron cuatro años antes de que la ley nacional entrara en vigor. Fue en 2003 cuando se abrió la primera fosa (la mina de Valdihuelo en Alburquerque) con arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores al pie de la excavación. «A partir de ese momento, los familiares y asociaciones no solamente van a querer recuperar el cuerpo de su ser querido sino también saber qué pasó y para poder recomponer qué sucedió necesitábamos que la ciencia entrara a formar parte de ese escenario», explica Laura Muñoz Encinar, la arqueóloga y antropóloga forense extremeña que ha estado al frente del grueso de las exhumaciones.

Antes de eso –recuerda– en Extremadura se abrieron las llamadas ‘fosas al alba’, al amparo de algunos ayuntamientos de la región, que permitieron recuperar y dar una sepultura digna a los ejecutados sin que mediara un proceso de investigación ni identificación de los mismos.

Los trabajos de exhumación científica en Extremadura se han financiado hasta ahora por cuatro vías: la principal, el Premhex, que es el convenio entre la Junta, las dos Diputaciones y la Universidad de Extremadura; los acuerdos entre la UEx y algunos ayuntamientos de la región; los campos de trabajo promovidos por el Instituto de la Juventud; y la financiación estatal a partir de la ley de memoria histórica.

Precisamente las subvenciones estatales permitieron a la región coger carrerilla y abordar proyectos complejos de exhumaciones de fosas. Tanto es así, que los años que más víctimas se recuperaron coinciden con los que Extremadura recibió dinero del Estado para este fin: 2011 y 2012.

La financiación, el freno

«Esa tónica de exhumaciones que estaba en un proceso de consolidación y en una dinámica progresiva, se paraliza bruscamente a partir de la entrada en el Gobierno de España del PP y la congelación de los presupuestos. Es una paralización entre comillas –matiza Muñoz Encinar– porque posteriormente se han abordado exhumaciones pequeñas financiadas a través del Premhex o de convenios entre ayuntamientos y la Universidad como la de la Mina Terría en Valencia de Alcántara o la de Cuacos de Yuste».

El año pasado, el Gobierno volvió abrir la financiación posibilitando hacer catas en los cementerios de Navalmoral y Puebla del Maestre y comenzar la exhumación de la fosa común de Fuentes de León, que acaba de concluir. Con todo, reconoce Muñoz, «no llegan al 3% las víctimas que hemos recuperado, nos queda muchísimo trabajo por hacer pero, dentro de las posibilidades, en Extremadura se ha hecho un esfuerzo grande por intentar buscar a los desaparecidos y dar respuesta a las familias».

La futura ley nacional de memoria democrática prevé establecer planes cuatrienales de exhumaciones en cada comunidad autónoma. En Extremadura, además, la ley autonómica en vigor pero pendiente de desarrollar, también recoge que los presupuestos anuales incluyan una partida para este fin. Esto reaviva las expectativas de atender, al menos, a quienes siguen reclamando a los desaparecidos. Sobre la mesa, la Junta de Extremadura tiene peticiones para que se abran 160 fosas.

«Somos conscientes de que ya no vamos a poder llegar a todos porque hay muchos desaparecidos que ya no tienen familiares directos que los reclamen o porque muchas de las fosas estaban en territorios que se han modificado y que hacen inviable su recuperación. Lo que podremos rescatar es la punta del iceberg, pero se trata de que al menos podamos dar respuesta a las demandas activas de familiares y descendientes», argumenta Corbacho.

Si cuantitativamente los resultados de las exhumaciones son modestos, cualitativamente se ha dado un paso de gigante porque las fosas han permitido a los investigadores reconstruir cómo fue la represión en Extremadura. «El número de víctimas que hemos recuperado hasta la fecha es bajo, pero nos ha permitido saber mucho más de lo que sabíamos antes sobre qué sucedió en el pasado. Las fosas comunes representan de forma excepcional el hecho represivo, preservan hasta que las encontramos qué es lo que sucedió en torno al proceso de ejecución», asevera Muñoz Encinar.

A este respecto, el catedrático de la UEx Julián Chaves destaca los avances en materia de investigación que se han hecho en Extremadura. «Ya conocemos las cifras de prisioneros, desaparecidos, exiliados y víctimas tanto de la represión franquista como de la republicana, que son fruto de estudios pormenorizados entre lo que destacan las tres tesis doctorales defendidas por Javier Martín Bastos (que aporta las cifras de represaliados en la provincia de Badajoz), la de Candela Chaves (que ofrece el alcance de los consejos de guerra en la provincia de Badajoz) y la de Laura Muñoz Encinar (sobre las exhumaciones en Extremadura). Estos trabajos de investigación serios y rigurosos –prosigue– han permitido, junto al resto de publicaciones de otros autores, que tengamos un conocimiento de la Guerra Civil en Extremadura y sobre todo de su faceta más desconocida, la represiva».

Saber quiénes fueron ejecutados, cómo y por qué ha posibilitado, asegura Muñoz Encinar, «no solo aproximarnos al evento represivo sino analizar la complejidad de la represión y las estrategias represivas que se aplicaron a grupos concretos de la sociedad».

Toda esa información tiene que saltar ahora a las escuelas. Es lo que reclaman los investigadores y es lo que también recogen tanto la ley extremeña como el anteproyecto de ley nacional. «Es fundamental que esta parte de nuestra historia contemporánea se incorpore a los currículums educativos de la ESO y el Bachillerato», defiende Corbacho. Así lo reclama también Laura Muñoz: «Los resultados de las investigaciones deben formar parte de la memoria colectiva de la sociedad y para eso es esencial que estos contenidos se incluyan dentro de los planes educativos y que no haya margen para la especulación».

Vestigios, a dos velocidades

El balance de la ley de memoria histórica también es positivo en cuestión de simbología franquista, el aspecto que más eco mediático ha tenido en estos años. Guadiana ya no es del caudillo, en la fachada del Tribunal Superior de Justicia en Cáceres ya no luce el escudo franquista de Pérez Comendador, Plasencia le retiró las tres medallas de oro de la ciudad concedidas a Franco, y ni Yagüe ni Queipo de Llano son ya hijos adoptivos de Villanueva del Fresno.

Estos son solo algunos ejemplos de los vestigios que se han ido eliminando en Extremadura al calor de la ley nacional, aunque en este caso los avances van a dos velocidades. Si bien la provincia pacense, condicionando la obtención de ayudas provinciales a la retirada de los vestigios, ha quedado limpia de rémoras franquistas con la excepción de Badajoz, que como ayuntamiento matriz de Villafranco del Guadiana mantiene el último topónimo dedicado al dictador de la región; en la de Cáceres van un paso por detrás y están ahora haciendo el listado de las calles, escudos y placas.

En ambos casos, son las Diputaciones las que han asumido esta tarea. Julián Chaves preside la comisión de expertos creada para este fin en las dos provincias y este es su balance: «En el caso de la provincia de Badajoz existían vestigios en 79 municipios. En todos se ha llevado a cabo el proceso bien de eliminación o bien de resignificación, a excepción de la ciudad de Badajoz. Se han retirado casi 300 vestigios entre escudos, nombres de calles, símbolos o cruces de caídos. En la provincia de Cáceres estamos en pleno proceso, hemos enviado cartas a algunos pueblos en la misma línea de lo realizado en Badajoz, pero en este caso aún no hemos terminado de realizar el catálogo».

Tienen por delante, asume Chaves, una tarea ardua: «Si en la provincia de Badajoz nos encontramos con municipios donde los ayuntamientos ya habían actuado de oficio, la percepción es que en la de Cáceres hay más pueblos que si no permanecen intactos, sí tienen vestigios significativos todavía». Corbacho prevé que serán más que los detectados en la provincia de Badajoz, sobre todo en el callejero.

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