Cataluña. 80 años sin el dinero de la familia

650 familias reclaman lo que la dictadura les confiscó, que hoy equivaldría a 620 millones

EL MUNDO | JORDI RIBALAYGUE | BARCELONA | 15-10-2017

Joaquim Aragonès recuerda a su padre. Quedó gravemente incapacitado en un accidente al ponerse a trabajar de electricista después de que, como miles de familias, se viera obligado a ceder los billetes que circulaban durante la República, dejándolo «en la más absoluta de las miserias», atestigua su hijo. «Si hubiese tenido lo que Franco le robó, probablemente no habría tenido que buscarse aquel trabajo, porque lo suyo era el campo», piensa Aragonès. Su madre también tuvo que desprenderse de su dinero; en total, a la familia se le decomisó unas 9.000 pesetas.

«Era mucho dinero», constata Aragonès. Sus padres conservaron los recibos en los que constan las cantidades en efectivo que perdieron al acabar la Guerra Civil, con la fe de que algún día se les reintegrarían. Han pasado 80 años del conflicto y 40 de las primeras elecciones tras la dictadura, pero el Estado no ha devuelto el dinero de quienes fueron expropiados a golpe de decreto.

La incautación de moneda republicana ordenada por las autoridades franquistas dotó de fondos al régimen y fue una represalia más a los vencidos. «No sólo les quitaron el dinero, sino que con él se financiaron para ganar la guerra», dice Agustín Aranda, vocal de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, que representa a unas 650 familias. Son una mínima parte de los desposeídos; la entidad sostiene que la requisa superó los 7.700 millones de pesetas.

Los asociados acreditan que se les confiscó unos 7,2 millones de pesetas con los resguardos que les proporcionaron al despojarse de sus ahorros. Los protegen como oro en paño, amarillentos tras tanto tiempo. «¿Sabe la gente que ha tirado estos papeles pensando que no cobrarían nunca? Por eso somos tan pocos», observa Aranda.

No han prosperado las tentativas para que los afectados recuperen lo que se les saqueó. ERC y CiU lo intentaron pero el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero lo desechó. En 2017, el Parlament -a instancias del PSC y con respaldo de todos los partidos- ha propuesto que la Ley de Memoria Histórica incluya compensaciones para los incautados y sus herederos, por lo que Esquerra también ha abogado en el Congreso.

El ejecutivo de Mariano Rajoy ha impedido que ambas proposiciones se debatan en el pleno de la cámara baja. El Gobierno se acoge a la Constitución y el reglamento del Congreso, que condicionan al parecer del ejecutivo la tramitación de iniciativas que comporten nuevo gasto.

«Es cierto que puede oponerse, pero nos sorprende que la bloquee cuando el PP catalán la apoyó y con convicción», manifiesta el diputado Ferran Pedret (PSC), ponente de la proposición del Parlament, ratificada con una enmienda popular para resarcir también a quienes se embargó ilegalmente en base a disposiciones de la República. ERC cree «una excusa» que se adujera la prórroga de los Presupuestos del Estado para no considerar la medida. Los republicanos han insistido con una proposición para que la Ley de Memoria Histórica varíe a partir de 2018. En junio, ERC logró aprobar una petición en el Congreso -con la abstención de Cs y la oposición del PP- para que el reembolso se haga efectivo.

Los importes expoliados deberían canjearse por su valor actualizado, y no hay un baremo claro. Los perjudicados aseguran que el PSOE les dijo en 2011 que podrían ingresar 60 euros por cada peseta. Algunos damnificados han emprendido una causa ante el Tribunal Supremo y blanden un estudio que estima el cambio en 86,20 euros por peseta. Tomando esa cifra, el Gobierno debería transferir 620,6 millones de euros a quienes a día de hoy se sabe que pueden demostrar que sus antepasados sufrieron la confiscación. Es una décima parte de lo que supondría indemnizar por todo lo que se cree que el franquismo pudo apropiarse.

Pedret remarca que la demanda del Parlament dejaba a potestad del Gobierno aplazar el pago y no cargarlo a los actuales Presupuestos. Por su parte, En Comú Podem opina que el ejecutivo «se extralimita» en su veto a propuestas que «serían de afectación a partir del año que viene». Los comunes estudian vías para sortear la negativa del PP, incluso recurriendo al Tribunal Constitucional.

«El coste no es un problema para el Estado», piensa Ana López. A su abuelo le privaron de 7.300 pesetas. «Muchos reclaman por sentimiento. Es por la memoria de los abuelos que, ni que sea por 10 euros, queremos cobrar», afirma. Los hay que perdieron 250 pesetas; una familia persigue las 200.000 pesetas que les arrebataron, una fortuna.

Joaquim Gràcia dispone de varios comprobantes. Suman unas 70.000 pesetas. Hasta hace pocos años desconocía su existencia. «Es la herencia de mi madre, mi abuela, mi abuelo… Los dejaron a cero», cuenta Gràcia, que subraya que hay «un agravio comparativo» respecto a los partidos y los sindicatos, compensados al reinstaurarse la democracia. Incluso los descendientes de Juan Negrín, presidente del gobierno de la República, percibieron 287 millones de pesetas en 1995 en descargo de las propiedades que se les usurpó.

«Tanto da que cobremos en un año o dos, pero queremos que la ley reconozca que tienen una deuda con nosotros», esgrime Aranda. Los afectados, como Aragonès, no pierden la esperanza: «Si lo recupero, iré al cementerio y, ante el nicho de mis padres, les diré que tenemos el dinero. Es el amor propio de la familia».

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/15/59e321c822601d77378b4638.html