Fracturas craneales, expedientes y multas tras el fusilamiento: así mató el franquismo a 45 cargos electos y funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza

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Inauguración en la anterior legislatura de la placa en homenaje a los trabajadores municipales asesinados por el fascismo. Foto: Pablo Ibáñez

Entre 1936 y 1975, al menos 45 cargos electos y empleados municipales del Consistorio zaragozano fueron asesinados por el franquismo. Su historia se recupera en un estudio promovido por el anterior equipo de gobierno (Zaragoza en Común) y la Universidad de Zaragoza. Fracturas craneales, expedientes abiertos años después del fusilamiento, multas que pagaron las viudas… Son las ominosas huellas de un franquismo todavía muy presente en las calles zaragozanas por gracia de PP, Ciudadanos y Vox.

ARAINFO.ORG | ÓSCAR F. CIVIETA | 2-12-2019

 “Fractura de cráneo por heridas de arma de fuego”, “fractura de cráneo y hemorragia interna por arma de fuego”, o, sencillamente, “fractura craneal”. Sólo en una ocasión fueron un poco más originales: “Explosión de la bóveda craneal”. Diferentes denominaciones para un mismo acto: el fusilamiento. La barbarie fascista en su máxima expresión. Al menos 13 cargos electos (todos hombres) y 32 funcionarios (sólo una mujer) del Ayuntamiento de Zaragoza fueron asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo (1936 – 1975).

Sus nombres, los de sus hijos, los de sus viudas y viudos, sus cargos y sus ‘delitos’ aparecen en el “Informe sobre la realización de actividades de investigación relacionadas con la memoria histórica de la ciudad de Zaragoza”. Estudio que nace de un convenio firmado entre el anterior equipo de gobierno municipal (Zaragoza en Común) y la Universidad de Zaragoza. Prolífica investigación condenada al ostracismo tras el cambio de color al frente del Consistorio.

Ángela Cenarro, profesora titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, fue la encargada de dirigir este proyecto, que bebió de diversas bases documentales: la primera fue la obra El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936 – 1939). Son 45 los hombres y mujeres cuyo asesinato se ha confirmado. Habrá más, pero solo se han incluido los que se han podido corroborar documentalmente.

Indultado por fallecimiento 22 años después de fusilarle

Bernardo Aladrén Monterde es el primero que aparece en la relación de los 13 funcionarios asesinados. La lista de la vergüenza y de la memoria que hay quien pretende destruir. Fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre 1931 y 1936. Ese fue su ‘delito’ o, quizás, ser el Delegado de Zaragoza en el Congreso Extraordinario del PSOE en 1927 o ser secretario general de UGT entre 1931 y 1933. Fue fusilado el 9 de agosto de 1936. Causa de la muerte: “Fractura del cráneo y hemorragia interna”. En el colmo de la crueldad y de la injusticia, como a otros muchos, el expediente de responsabilidades políticas se inició después de matarlo, el 28 de diciembre de 1941. El 21 de mayo de 1942 fue sobreseído.

De “ideas extremistas y organizador de la UGT fue acusado Pablo Gabasa Guiu (teniente de alcalde pedáneo), condenado a muerte por Consejo de Guerra el 23 de junio de 1937 y fusilado el 28 de julio. A Juan López Conde, concejal, le abrieron expediente un año después de haberlo asesinado. Por si esto fuera poco, le impusieron una multa de 20.000 pesetas. 22 años después fue indultado “por fallecimiento”.

Mariano Augusto Muniesa Belenguer recibió su tiro junto a su hermano en Movera el 7 de octubre de 1936. Cuatro años después se le abrió expediente. Cinco más tarde fue sobreseído. Era edil y Doctor en Histología.

Alcalde, concejal y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (además de médico) fue Manuel Pérez-Lizano Pérez. Le fusilaron el 13 de agosto de 1936 (“fractura craneal”) y el 15 de marzo del 37 se le incoó expediente de responsabilidades políticas: le embargaron todos los bienes y fue condenado a una multa de 50.000 pesetas.

También médico (y concejal) fue Casimiro Sarría Górriz. Tenía tres hijos. A él, el expediente se le abrió cinco meses después de matarlo. Su sanción: 20.000 pesetas. Cinco hijos tenía Mariano Serra Valero, ¿su crimen? Ser concejal, militar en la Sociedad de Obreros Metalúrgicos y afiliarse a la UGT.

Así hasta 13, todos por “fractura de cráneo”. Por no ser de los suyos.

Se le impuso una sanción de 600 pesetas, cinco años después de asesinado, y la pagó su viuda

La gran fechoría de Felisa Alcusa del Carmen (la única mujer que aparece en el listado) fue la de ser maestra municipal: el 29 de septiembre de 1936 dejó a su hijo huérfano. Peón de limpieza era Ceferino Andrés Diestre, cuya muerte se produjo por “hemorragia interna por heridas de armas de juego”. Por “explosión de la bóveda craneal” murió Pedro Burillo Escribano, era obrero de la Brigada de Aguas Potables y Residuarias y tenía ocho hijos.

Como en el caso de los cargos electos, a Paulino Casas Altemir, médico de la Beneficencia Municipal, se le abrió expediente dos años después de su fusilamiento y se le impuso una sanción de 2.500 pesetas junto con el embargo de los bienes muebles. Guardia Municipal era Primitivo de la Fuente Miranda y Policía Urbano Tomás del Burgo Palomar.

Celador del cuerpo de abastos, cobrador jefe, panadero, bombero, mozo de limpieza en la Casa Consistorial, barnizador… trabajadores municipales asesinados vilmente por el mero hecho de serlo.

Con Manuel Mombiela García, ordenanza del Ayuntamiento, fueron un poco más allá: se le instruyó expediente de depuración “por su actuación completamente opuesta al movimiento nacional salvador de España”. A Pedro Pérez Romanos, que era practicante de la Beneficiencia Municipal en los barrios de Miralbueno y Garrapinillos, se le incoó expediente cinco años después de asesinado y le acusaron de “propaganda comunista, presidir la UGT y ser interventor del socialista Eduardo Castillo”. Se le impuso una sanción de 600 pesetas de la que se hizo cargo su viuda.

La “insolvencia de sus familiares” libró a los más allegados a Manuel Sánchez Clavería de pagar 300 pesetas. Fue celador de abastos del Ayuntamiento y le acusaron de ser socio del Casino Republicano, “de filiación comunista y activo propagandista”. El expediente, como era norma, llegó cuatro meses después de la bala.

Marcha atrás en el cambio de nombres franquistas en las calles de Zaragoza

El segundo objetivo del estudio fruto del convenio entre Consistorio y Universidad fue elaborar un repertorio de calles incorporadas al callejero durante la dictadura franquista. De ahí salió un listado de arterias zaragozanas cuyos nombres cumplían alguna (o varias) de estas condiciones: “la persona a la que se refiere la calle tuvo un cargo militar o político durante la Guerra Civil o la dictadura franquista”, “participó activamente en la Guerra Civil o defendió la violencia ejercida en el contexto bélico” o “participó de los procesos represivos posteriores al final de la Guerra, incluidos los mecanismos de depuración”. También se incluyen calles cuya denominación tuviera como “objetivo el enaltecimiento de los fundamentos ideológicos del régimen” o que fuera “propuesta y aprobada desde el inicio de la Guerra Civil hasta las elecciones municipales del 3 de abril de 1979”.

Todo ellos, preceptos que respetan los estipulado tanto en la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, del Ejecutivo estatal, como en la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón.

Con estas premisas se propuso el cambio en el nombre de 13 vías zaragozanas. De hecho, el anterior Gobierno municipal ya comenzó este proceso con cuatro calles que pasaron a tener los nombres de cuatro pioneras españolas; en un intento, además, de feminizar el nomenclátor.

Que todos los nombres propuestos cumplieran alguna de las condiciones antedichas, no impidió que PP, PSOE y Ciudadanos aprobaran una moción para revocar este cambio. Las calles eran: Miguel Allué (alcalde de Zaragoza durante la dictadura de Primo de Rivera y, entre otras cosas, jefe provincial de la Unión Patriótica en Aragón). De él, dijo el actual alcalde, Jorge Azcón (PP), que significaba tanto para Zaragoza “como Adolfo Suárez para la Transición española”.

Otro de los nombres que permanece es el de Mariano Horno Lliria: concejal en 1964, teniente de alcalde en 1964 y 1966 y alcalde de 1970 a 1976. Juan José Rivas: presidió la segunda gestora del Ayuntamiento de Zaragoza nombrada el 12 de enero de 1939, y fue alcalde hasta 1941. También Rigoberto Domenech Valls: arzobispo de Zaragoza de 1924 a 1955. En agosto de 1936 se posicionó claramente: “La violencia no se hace en servicio de la anarquía, sino lícitamente en beneficio del orden la patria y la religión”.

Ya con PP, Ciudadanos y el necesario soporte de la extrema derecha al frente del Consistorio, el Gobierno de la ciudad decidió también paralizar los siguientes cambios. Nombres franquistas, por tanto, siguen muy presentes en el callejero zaragozano. Heridas abiertas (no reabiertas) que no se quieren cerrar. Tiempos funestos que algunos añoran.

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