Exhumar a las víctimas de la Guerra Civil, reclamo político sin financiación

Monumento a los asesinados en el pozo de Caudé.  Fuente: CNT-Aragón

Exhumar a las víctimas de la Guerra Civil, reclamo político sin financiación

LA VANGUARDIA | EFE | FRAN GIMÉNEZ ESCALONA | ZARAGOZA | 12-8-2017

Exhumar los millares de restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil, que permanecen desde hace ocho décadas en las 2.457 fosas comunes registradas por el Ministerio de Justicia, se ha convertido en un reclamo político de primer nivel al que, sin embargo, no acompaña la financiación para materializarlo.

A pesar de que en algunos casos, como el aragonés, ha comenzado a fluir hacia las asociaciones sin ánimo de lucro que velan por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007 -Aragón prevé 275.000 euros en sus presupuestos en vigor- los expertos perciben cierto desamparo en las familias, que son la que asumen finalmente el coste de la exhumación.

Aragón, de acuerdo con los datos ministeriales, presenta el mayor número de enterramientos colectivos de España, con 598.

"La administración se centra mucho en recibir la autorización de las familias de los muertos, cuando la acción y el dinero debería venir por parte del Gobierno y no por parte de los familiares", matiza a Efe el arqueólogo David Alonso, que en los últimos años se ha ocupado de diferentes excavaciones en la provincia de Teruel.

En concreto, Alonso completó en agosto de 2016 en las cercanías de la localidad de Argente (Teruel) el desenterramiento de los restos de Lorenzo Martínez, teniente de alcalde del vecino pueblo de Camañas (Teruel) fusilado en verano de 1936 y cuyos descendientes pudieron darle sepultura en fechas recientes.

Según el historiador, los familiares asumieron el esfuerzo económico de los trabajos, así como del propio funeral, en el que también enterraron a una segunda persona hallada junto a su antepasado, de identidad desconocida, un proceso que, en cambio, requirió el permiso del ejecutivo autonómico.

"Queda muy bien legislar y podemos hacer leyes muy bonitas, pero si luego la administración no contrata equipos, no hacemos absolutamente nada. Tendría que ser ella quien sufragase estos asuntos, que no son de ámbito privado, sino de justicia social", defiende.

En 2005, Alonso llevó a cabo en la periferia de Teruel otra excavación, en la que halló los restos de trece personas ejecutadas por el bando sublevado al poco de comenzar la contienda en la Plaza del Torico, una tarea que, igualmente, llevó a cabo a título individual.

"Además de mí, hay otros arqueólogos que centran su actividad profesional en estos temas, pero siempre con la misma traba, que es el tema económico. No hay apenas ayudas y el gasto lo deben asumir casi siempre las familias, así que la única opción es trabajar a través de asociaciones que reciban financiación pública y, si aparecen huesos humanos, excavar como es debido", explica.

Ante la ausencia de flujo de capital por parte del Gobierno central -los Presupuestos Generales del Estado no incluyen una partida específica de memoria histórica-, administraciones de menor ámbito territorial han dado un paso al frente, como la Diputación de Zaragoza, que recientemente concedió 150.000 euros a las mencionadas agrupaciones.

O también en el plano autonómico, como en Andalucía, donde el pasado lunes el ejecutivo de Susana Díaz aprobó exhumaciones de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura de Franco en siete municipios andaluces.

Una semana antes, éste había firmado un acuerdo con la Diputación de Sevilla para actuar en varios municipios de su demarcación.

Mientras, a escala municipal, han surgido iniciativas como la del Ayuntamiento de Guadalajara, cuyo pleno aprobó a finales de julio la subvención de todas las tasas por desenterramiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra en las fosas comunes del cementerio de la capital alcarreña.

Idéntica dificultad para la recuperación de los cuerpos de los asesinados durante y después del episodio bélico presentan las discrepancias sobre el número de fosas, cunetas y enterramientos por todo el territorio español, así como acerca del número de identidades sepultadas por el paso del tiempo.

"Hay unos que hablan de 150.000 personas y otros que elevan la cifra hasta las 350.000. En Teruel, en el Pozo de Caudé, se estima que puede haber 1.043, en teoría", comenta David Alonso.

Por añadidura, el arqueólogo estima que se debe "diferenciar entre las fosas comunes de civiles ejecutados y las de soldados a los que tuvieron que enterrar por diferentes motivos", un criterio que, incumplido, "dificulta" el recuento de las fosas existentes y el descubrimiento de otras aún por salir a la luz.

En medio del caos administrativo y político, se atisban hilos de esperanza para el trabajo de profesionales de la Historia y la Arqueología, como el hecho de que entes públicos como el Gobierno aragonés consideren como material arqueológico los descubrimientos de los ejecutados durante la Guerra Civil y el Franquismo a pesar de no cumplir el criterio de tener más de un siglo de antigüedad.

"Los arqueólogos son quienes mejor saben cómo proceder ante estos hallazgos. Además, a mí me da igual si quien fusiló a una persona fue un republicano o un golpista. Lo que me importa es sacarla de la cuneta y enterrarla en un cementerio, conozcamos o no a su familia", concluye Alonso.

http://www.lavanguardia.com/politica/20170812/43506504281/exhumar-a-las-...