Aragón será desde este domingo el primer territorio (casi) libre de vestigios franquistas.

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El busto de Miguel Allué Salvador, presidente de la Diputación de Zaragoza desde un mes después de empezar la guerra civil hasta un año después de terminar, sigue en la avenida Goya de la capital aragonesa. — E.B.

Los dieciocho meses que daba la Ley de Memoria para borrar la huella del régimen dictatorial, ampliados en tres más por el primer estado de alarma, concluyen con Franco y sus correligionarios todavía presentes en algunos espacios públicos de la comunidad mientras los tribunales avalan las artimañas de los ayuntamientos díscolos, como el de la capital, a acatar la norma

ZARAGOZA / 22/11/2020 08:28 / EDUARDO BAYONA

Aragón debería haberse convertido este domingo, 22 de noviembre, en el primer territorio español libre de vestigios franquistas en aplicación de su Ley de Memoria Democrática, aunque, a pesar de los pasos dados en esa dirección y a la receptividad de la mayoría de los ayuntamientos en cuyas calles seguía habiendo restos de la dictadura, no va a ser posible cumplir por completo ese mandato en la fecha prevista ante la contumacia de unos pocos consistorios, entre ellos los de Zaragoza y Calatayud, gobernados ambos por coaliciones de PP y C’s y que se exponen a perder inyecciones millonarias de fondos autonómicos, pero también por las lagunas historiográficas sobre las biografías de algunos de los personajes que generan discrepancias.

"La respuesta ha sido muy positiva" tras la campaña de más de 200 requerimientos a ayuntamientos, obispados y algunos particulares, "pero no hay que olvidar que estamos en una fase de hilar fino, porque la mayor parte de la presencia del franquismo en espacios públicos ya había sido eliminada", explica Marisancho Menjón, directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón.

De hecho, muchos de los requerimientos han acabado con la regularización en el Catastro de la supresión de nomenclatura franquista en el callejero que los municipios habían realizado años atrás, pero que todavía tenían pendiente ese trámite, y en otros con propuestas de resignificación para transformar en memoriales de todas las víctimas de la guerra civil determinadas placas situadas en edificios públicos.

Sin embargo, y aunque la mayoría de las instituciones han mostrado receptividad a la eliminación de los vestigios, sigue habiendo focos de conflicto sin cerrar, como ocurre con los ayuntamientos de Zaragoza y de Calatayud.

Dos años de plazo en la práctica para retirar los restos

La ley, aprobada en noviembre de 2018 y vigente desde el 22 de febrero del año siguiente, contemplaba un plazo de dieciocho meses, ampliado en otros tres por la suspensión de plazos administrativos del primer estado de alarma, para retirar de los espacios públicos cualquier tipo de simbología "contraria a la memoria democrática de Aragón y a la dignidad de las víctimas" de la sublevación militar de 1936 y la posterior dictadura franquista.

Esa medida, en la que la comunidad autónoma ha sido pionera, supone que desde este domingo queda vetada en su territorio, al menos sobre el papel, "la exhibición pública de elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial", lo que incluye los elementos arquitectónicos con esos contenidos, su presencia en el nomenclátor de "calles, vías o lugares públicos" y, también, las "distinciones, nombramientos [y] títulos" como alcaldes honorarios, hijos predilectos o hijos adoptivos.

En caso de mantenerlos más allá del 22 de noviembre, el Gobierno de Aragón queda habilitado para abrir un expediente sancionador a los municipios díscolos que, salvo que caduque por no existir una resolución a los tres meses de haberlo iniciado, puede conllevar la pérdida de subvenciones, bonificaciones y ayudas de la comunidad autónoma, unos ingresos que resultan clave para la mayoría de los ayuntamientos.

Cuando los tribunales avalan mantener los vestigios del franquismo
Sin embargo, algunos de los consistorios reacios a la eliminación de los vestigios del franquismo de los espacios públicos o del catálogo de honores, como los de Zaragoza y Calatayud, han recibido en los últimos meses el aval de los tribunales para sus posicionamientos díscolos con la Ley de Memoria Democrática, algo que, pese a los contactos que está desplegando el Gobierno de Aragón, perfila un horizonte de conflicto institucional por la aplicación de la norma.

Los concejales del PP y de Vox del segundo de esos consistorios acaban de ser exonerados por la Fiscalía del delito de prevaricación por el que estaban siendo investigados después de que con sus votos tumbaran una propuesta de resolución del PSOE, ante la que el Par y C’s se abstuvieron, para revocar el acuerdo por el que el ayuntamiento bilbilitano concedió en 1951 la medalla de oro de la ciudad a Franco.

Los nueve ediles conservadores y la única de la formación ultraderechista votaron contra esa propuesta a pesar de que un informe de la secretaria municipal les advertía de que si el consistorio perdía los más de dos millones de euros que la comunidad autónoma, y con los que financia los servicios sociales, las escuelas infantiles y la Policía Local, podrían llegar a tener que responder con su propio patrimonio de ese quebranto.

En el caso de Zaragoza, los tribunales han dictaminado que crear un grupo de trabajo para estudiar los cambios en el callejero equivale a cumplir la ley estatal de memoria frente al derecho de petición mientras, en otro caso, han considerado una muestra de "rigor técnico e histórico" que el ayuntamiento se agarre al criterio de un experto en historia medieval y otro en la época antigua , además de una periodista, para no retirar del callejero a destacados personajes del franquismo local pese a lo que establece la norma autonómica.

Las inyecciones de fondos autonómicos al Ayuntamiento de Zaragoza se sitúan en el entorno de los 28 millones de euros anuales, aunque el consistorio reclama otros 18 por la aplicación de la Ley de Capitalidad.

"Se trata de dejar de rendir homenaje a los represores"

Menjón, que confirma la existencia de conversaciones con ambos ayuntamientos, entre otros, espera llegar a acuerdos para eliminar los vestigios sin tener que recurrir al régimen sancionador de la ley. "No habría que llegar a eso", dice, al tiempo que anota que "tampoco me puedo creer que todavía haya quien quiera mantener un homenaje a un régimen dictatorial y represor. Exponerse a que te vean como no demócrata es inconcebible".

Sin embargo, admite la existencia de discrepancias, como ocurre en el caso de Zaragoza, donde las conclusiones del polémico informe no coinciden con las de otro anterior de la Universidad de Zaragoza y donde tampoco los criterios de los últimos equipos de gobierno, uno del PSOE y otro de ZeC (Zaragoza en Común), han sido coincidentes a la hora de señalar si la permanencia de determinados personajes en el callejero era, o no, un vestigio del franquismo.

"Es una cuestión delicada a la que no importa dedicarle tiempo, porque hay casos en los que para decidir en conciencia necesitamos estudiarlos con calma", añade la responsable de Patrimonio en referencia a la existencia de "figuras controvertidas y poco estudiadas" en una etapa en la que sigue habiendo amplias zonas oscuras para los historiadores.

Paralelamente, "la ley impone la obligación [de eliminar los vestigios] a las instituciones públicas, pero son ellas las que deben decidir", anota. El proceso, añade, "no se puede convertir en una depuración ideológica. Se trata de que se deje de rendir homenaje a los represores".

Los plazos definitivos para la retirada y la eventual sanción

El consejero de Cultura, Felipe Faci, asegura en su respuesta a una pregunta parlamentaria de iniciativa ciudadana sobre este asunto que "una vez concluidos los plazos", su departamento "incoará de oficio el procedimiento previsto para la retirada" de los "símbolos de exaltación y homenaje al franquismo" que sigan en espacios públicos, cuya existencia, añade, "merece la repulsa".

El consejero detalla los plazos para la retirada y para las eventuales sanciones en caso de incumplimiento de esos requerimientos, que se tramitarán de acuerdo con "el procedimiento marcado con carácter general" por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Este comienza con un trámite de audiencia previa de hasta quince días a las personas interesadas para, después, dictar una "resolución motivada en el plazo de tres meses desde la incoación del procedimiento" en la que "se señalará al interesado un plazo para la ejecución de lo resuelto".

"Transcurrido el plazo que en cada caso se conceda sin que se haya procedido a la retirada efectiva, será cuando el departamento pueda iniciar el procedimiento sancionador que estime oportuno" con arreglo a lo establecido en la Ley de Memoria, concluye.

También la Iglesia debe retirar la simbología franquista

La ley afecta también a la Iglesia, en varios de cuyos edificios sigue habiendo símbolos de homenaje al franquismo y a los sublevados, caso de las frecuentes placas dedicadas "a los caídos" en el bando vencedor, cuya retirada se escapa de las competencias municipales.

Eso ha hecho que varios municipios, como Alcalá de Ebro, Adahuesca, Calatorao, Plasencia de Jalón o Siétamo, se hayan dirigido también a las parroquias o los obispados para que los supriman, según consta en las respuestas de los consistorios a los requerimientos que ha ido tramitando el Senado a petición del senador de Compromís Carles Mulet.

A falta de una postura oficial de la provincia eclesiástica aragonesa, existe el antecedente del obispo de Teruel-Albarracín, Antonio Gómez, quien le aseguró por escrito al senador que, "personalmente, y creo que también las comunidades parroquiales, no se opondrán a que retiren las simbologías relacionadas con el bando vencedor de la guerra civil", ya que sus ubicaciones en las iglesias "fueron impuestas por un decreto de la Jefatura del Estado contestado con una queja formal desde la Secretaría de Estado del Vaticano".

No obstante, y pese a esa buena disposición para la retirada de los vestigios, añadía un matiz relacionado con los gastos: "Pienso que, si las inscripciones fueron puestas por el Estado, sea este quien las quite sin ningún tipo de coste por parte de las comunidades parroquiales y dejando las paredes de donde se sustraigan en un estado aceptable", añadía.