Todos somos necesarios. La memoria histórica es una cuestión del conjunto de la sociedad andaluza. Comunicado sobre el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática Aprobado por el Gobierno andaluz

COMUNICADO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA APROBADO POR EL GOBIERNO ANDALUZ

El grupo de trabajo RMHSA de CGT.A tras los "clamorosos" silencios en torno al anteproyecto de ley sobre la memoria democratica aprobado por el Consejo de Gobierno de Andalucía el pasado día 11 de marzo de 2014 damos a conocer nuestra opinión en el COMUNICADO adjunto en formato PDF y la hacemos público, en primer lugar entre aquellos que merecen toda nuestra atención, o sea las familias de los represaliados del franquismo, las entidades y asociaciones memorialistas y aquellos profesionales (investigadores, historiadores, arqueólogos, forenses, antropólogos, psicologos, editores, documentalistas, archiveros, periodistas, etc.) que forman parte, o colaboran activamente, con el movimiento social por la Recuperación de la Memoria Histórica.

De igual manera, esperamos, poder hacerlo a los diferentes grupos políticos que conforman el Parlamento de Andalucía en el seno de la comisión que entendemos debe de formarse para "escuchar" a los agentes sociales institucionales y, si quieren, al resto de la sociedad civil (personas, entidades, asociaciones y expertos). Evidentemente NO PUEDE PASAR como con el Decreto de "reconocimiento a las mujeres víctimas del aceite de ricino, el rapado y la vejación" que fué tratado despues de su publicación en el BOJA. Hablamos, en este caso, de una Ley lo que evitará este tipo de "metedura de pata". Aunque en cierta manera ya se ha comenzado a fallar, y así lo ha manifestado una asociación, al decir que "la fecha elegida para hablar sobre esta ley no ha sido la más adecuada al estar -casi- dentro de un proceso electoral".

Nosotros aportamos en Córdoba y día a día sugerencias, conocimientos y experiencias al Gobierno sobre esta materia (han sido muchas y la mayoría sin respuesta, por cierto) ahora esperamos poder hacerlo a la institución que representa (si o si) a todo el pueblo andaluz.

Animamos a todos aquellos que vienen luchando por la Recuperación de la Memoria Histórica (verdad, justicia y reparación) a manifestar su opinión al respecto y a defender nuestra presencia directa ante el legislativo andaluz.

Pdta : ¡¡¡SEGUIREMOS TRABAJANDO EN EL ANÁLISIS DE ANTEPROYECTO !!!

 

TODOS SOMOS NECESARIOS.
LA MEMORIA HISTÓRICA ES UNA CUESTIÓN DEL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas donde la sensibilidad social sobre la Memoria Histórica ha sido muy importante durante los últimos quince años y ha tenido importantes repercusiones en los diferentes ámbitos institucionales (parlamentario, de gobierno, las diferentes administraciones públicas…). Recordemos los acuerdos adoptados por el Parlamento Andaluz sobre la creación de un Banco de Imágenes, el reconocimiento del Canal de los Presos y la creación del memorial Los Merinales, o las mujeres “rapadas y vejadas”, entre los promovidos por este Grupo de Trabajo_”Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” (MHHSA – CGT.A). También Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno han impulsado diferentes iniciativas en apoyo de las víctimas de las personas represaliadas por el franquismo. Aunque también hay que decir que tomar acuerdos no significa, por sí mismo, gran cosa si no está acompañado de una clara voluntad de compromiso en su cumplimiento. De hecho, el balance práctico de estos acuerdos no es, precisamente, muy alentador, sino todo lo contrario.

Un poco de memoria

En este contexto ¿es necesaria una Ley de Memoria específica para Andalucía? Hagamos memoria a título informativo. El anteproyecto de ley del Gobierno Andaluz procede de una Proposición No de Ley presentada por IU hacia 2008, una vez constatados los problemas de la Ley del gobierno de Rodríguez Zapatero, que en su momento no contó con los suficientes apoyos y terminó naufragando. Hace dos años, formado el gobierno de coalición PSOE-IU, las cuestiones de Memoria Histórica pasan a formar parte de las responsabilidades gubernamentales de una de las Consejerías que ocupa IU: le otorga el rango de Dirección General y le cambia el nombre por el de Memoria Democrática (un constructo que necesitaría de un análisis más detallado, pero que dejamos para otra ocasión). Entre sus primeras actuaciones estuvo la de volver a poner en marcha la iniciativa legal convocando una reunión a las entidades memorialistas en la que se le vuelve a distribuir la PNL, y se les informa de una cita en Córdoba para debatir las sugerencias a un posible texto de proyecto de ley. A continuación aparece el texto que circuló de forma más o menos abierta primero y terminó, después, siendo colgado en la página web de la Consejería. Finalmente llegó el anuncio de su presentación en el Consejo de Gobierno, su asunción y envío al Parlamento para su tramitación final.

Este Grupo de Trabajo, desde el primer momento, mantuvo la opinión de que no consideraba necesario la elaboración de una ley específica, a la que adivinamos una problemática aplicación tanto por su alcance jurídico como por su presumible débil compromiso presupuestario. Nos inclinábamos entonces por una estrategia de actuaciones basadas en modificaciones parciales de leyes ya existentes: la de archivo y patrimonio, sanitaria, registros civiles, secretos oficiales, etc. De hecho, cuando se discutió en el parlamento nacional la modificación de la Ley de Registro Civil, realizamos una campaña y conseguimos que se incluyera una disposición transitoria que tuviera en cuenta las peculiaridades existentes para la inscripción de muchas de las personas asesinadas por el franquismo.

En cualquier caso, pensamos que si la elaboración de esta Ley significa “ordenar” todos esos acuerdos, decretos y actuaciones y, además, dinamizar su ejecución, bienvenida sea. Adelante.

De la Administración, la sociedad civil y su participación

Ahora bien, nos preocupa que le pueda ocurrir como a la llamada Ley de la Memoria Histórica del gobierno de Zapatero. Entonces, la sociedad civil (personas, colectivos y entidades, familiares y gente experta) no fue oída en sede parlamentaria. Un hecho que, como puede ocurrir ahora, supuso que la ley, antes de que se publicara en el BOE, ahora BOJA, quedara caduca. Las aportaciones y mejoras al texto por parte de la sociedad civil son imprescindibles. Hay que recordar que, lamentablemente, los agentes sociales institucionales, en este asunto, tendrán opinión, pero escaso conocimiento y apego a la realidad: por ejemplo, no han aparecido nunca por una exhumación y su nivel de conocimiento es prácticamente nulo.

El fin no justifica los medios, decía el clásico. La actuación política institucional no puede erigirse en la vía única de la gestión democrática de la sociedad. Ni siquiera pensar que la tarea de otros colectivos sólo puede ser, en el mejor de los casos, acompañar, asentir y ser dirigidos por sus representantes. Mucho menos en la actualidad cuando los usos políticos de los últimos treinta años han llegado a unos niveles intolerables de descrédito y alejamiento de los representados.

La desconfianza que sobre el movimiento memorialista se trasluce en el texto del proyecto de ley es su elemento más negativo. Pensamos que su reglamentismo, su proyección ralentizadora, oscurantismo y opacidad en las resoluciones administrativas que se atribuye son debidas precisamente a un ejercicio viejo de la acción política, al marginar, intentar controlar y desconfiar del movimiento memorialista.

Se olvida que ha sido gracias a sus acciones desde hace más de una década lo que ha determinado que estemos en la situación actual y que la propia administración andaluza haya terminado planteándose la elaboración de una ley como la de ahora. ¿Hay que pensar que es la eliminación de ese aliento sobre los elefantes burocráticos lo que se pretende eliminar?, ¿se puede pensar que el camino a seguir es el de tomar decisiones desconectadas de la realidad que se quiere legislar?, ¿el de primar intereses, legítimos, pero parciales, electorales y cortoplacistas?, ¿qué la burocracia administrativa puede sustituir por completo al empuje social?, ¿que la instrumentalización y cooptación sean las perspectivas desde la que se mire al memorialismo?

Pensamos que no debe ser así. Lamentablemente tenemos indicios de que es ese el camino que se quiere seguir. Ya en la actualidad la voluntad exclusivista de la administración se manifiesta de diversas maneras. En especial en lo referente a las exhumaciones: se otorga unas atribuciones que, ni por legislación ni por autoridad moral, tienen.

La consecuencia es la vuelta a la oscuridad de estas actuaciones, su retraso y generación de situaciones inadmisibles. De ahí que no comprendamos eso de la firma, por técnicos y entidades, de un “documento de confidencialidad”. Una práctica que se puso en marcha para una intervención muy concreta (fosa de Alfacar, también conocida como “la de Lorca”), para las actuaciones financiadas por la Junta, que después se dejó de utilizar, y que en el último año se ha vuelto a recuperar y poner en marcha a todo ritmo, incluso exigiéndolas a las que no cuentan con el apoyo financiero de la Junta, provocando verdaderos problemas en algunos casos (Camas, donde ni siquiera se informó a la familia que solicitó la intervención).

Creemos que es el momento, que ayudaría a clarificar el debate, si ponemos luz y taquígrafos. El ejercicio de la libertad de decidir requiere información. No olvidamos lo ocurrido hace treinta años cuando los movimientos sociales fueron desmontados pieza a pieza a mayor beneficio y gloria de un sistema partidario. Tres décadas más tarde, la situación social y económica no debe permitir que se reproduzca tal hecho.

Además, existen otros hechos que alimentan nuestras dudas. De un lado la falta de dotación económica. Sabemos de la situación de crisis, pero también que la gestión es una cuestión de prioridades, y por lo ocurrido estos dos años no parece que así sea. Mucho nos tememos que, como está, termine no ya en el Constitucional sino en el Supremo o las más cercanas Audiencias Provinciales.

Sobre el texto del proyecto de Ley

Veamos algunos de los artículos del proyecto que más nos preocupan.

1. Exposición de Motivos: nula referencia al movimiento memorialista. Nos llama la atención que en las más de siete páginas dedicadas a la Exposición de Motivos, en ningún momento se haga referencia al papel jugado por los familiares y el movimiento memorialista en el desarrollo del proceso que ha llevado, en última instancia, a la elaboración de la ley. En este caso ignorar más de dos lustros de luchas nos parece injusto, puesto que si hemos llegado a este punto es gracias al impulso y dedicación de familiares y asociaciones memorialistas y su reivindicación de verdad, justicia y reparación.

2. Artículo 5. Nos llama la atención dos cuestiones. Por una parte, no se mencionan los campos de concentración y de trabajos forzados existentes en Marruecos, Argelia y Túnez. Lo anotamos porque una de las vías de escape de la represión golpista de los andaluces fue el norte de África (los de Huelva al Marruecos francés, además de Portugal; los gaditanos a Tánger, malagueños y almerienses a Argelia e incluso Túnez). En segundo lugar, tampoco estaría de más hacer referencia a los campos, hospitales psquiátricos y “gulag” rusos puesto que por allí también pasaron, y murieron, algunos andaluces.

3. Artículo 6. No comprendemos exactamente el significado de la “oposición” de los familiares a la inclusión de una persona en el censo de víctimas. Pensamos que se trata de una reserva institucional ante posibles problemas. Como promotores de la página `Todos (…) Los Nombres´ (www.todoslosnombres.org) sabemos de la importancia de mantener una fluida relación con los familiares. A la vez que declaramos que no nos hemos encontrado con actitudes como las que el texto previene. Más importante nos parece el que el censo sea actualizado y no ocurra como con el mapa de fosas que, más de un lustro después, conocidos errores y ausencias, sigue inalterable en la página de la Consejería.

4. Artículos 7 a 14 sobre localización, exhumación e identificación de asesinados por el golpe militar. Se trata de una cuestión que está en el origen del movimiento memorialista y asignatura pendiente de los gobernantes, también en Andalucía, que nos preocupa en varias direcciones. En primer lugar respecto a una de las demandas históricas del movimiento memorialista: que el Estado se haga cargo de las exhumaciones, que esta tarea no podía recaer en las familias ni en las asociaciones. Hasta ahí bien. Pero no estamos en absoluto de acuerdo en el principio general de la exclusividad de la Administración para intervenir. Significa la subordinación absoluta de quienes hasta ahora han impulsado las exhumaciones. Además habría que preguntarse si la Junta (Estado) tiene la capacidad suficiente para absorber las demandas de los familiares para exhumar las fosas. La Ley no puede ser tan restrictiva y debería permitir las actuaciones particulares siempre que acrediten profesionalidad y rigor.

Exactamente igual que hará la administración que no correrá con todo el proceso de exhumación (ojalá fuera así), sino que lo externalizará en subcontratas privadas o en los departamentos universitarios...

5. Pensamos que, con la judicialización y el "secreto de sumario", las exhumaciones pierden toda la potencialidad pedagógica que han tenido en esta última década, donde los familiares, vecinos y voluntarios participan de manera abierta y los periodistas y documentalistas dan fe de todo lo sucedido sin ninguna traba, todo lo contrario. Sin duda, esta visión abierta del proceso (noticias con cráneos agujereados y familias agolpadas en torno a la fosa) es la que ha cambiado de manera mayoritaria la percepción social del pasado franquista. Ahora se conciben las exhumaciones como algo hermético y apenas si nos enteramos de lo que ha sucedido. Esto deteriora la función del movimiento memorialista.

6. La escasa partida presupuestaria dedicada a exhumaciones hace que su resolución pueda abarcar entre los cincuenta y setenta años.

7. Nos parece escasa la transparencia, que tiene que ser práctica cotidiana, pues es uno de los factores del éxito social de las intervenciones en fosas. Creemos que es incomprensible que no se dé a conocer públicamente aquellos informes de localizaciones y exhumaciones realizados o subvencionados por la Junta de Andalucía.

8. Nos resulta preocupante esa intención de exclusividad que se pueda “multar por exhumar sin permiso del gobierno”, aunque la intervención reúna todas las condiciones técnicas y los recursos económicos necesarios.

9. Nos crea dudas cuando se habla de “dignificar” y no “exhumar”. Sobre todo cuando conocemos las partidas dispuestas a invertir y la nula colaboración de personal cualificado (arqueólogos, forenses, laboratorios, etc.) dependientes de la Junta u otras instituciones públicas (universidades).

10. De igual manera nos preocupa la burocratización y posible arbitrariedad de “los silencios” administrativos. No puede ser que la burocracia administrativa marque los ritmos, en este caso a la iniciativa de las entidades y familiares, y que cuando, “no se dicte resolución expresa en tres meses”, se entenderá desestimada. De la misma manera se “liquida el asunto” transcurrido “doce meses de silencio”, por caducidad. Sin embargo cuando ese “silencio administrativo” corresponde a gestiones del propio ejecutivo (Art 29. 4) se debe de entender como favorable.

11. Nos llama la atención que en el artículo 12 se nos inste a saltarnos la legislación actual cuando manifiesta que ante el hallazgo de restos que puedan corresponder a víctimas del franquismo se “informe” a la Junta o al Ayuntamiento correspondiente. ¿No era a los Juzgados o fuerzas de seguridad del Estado a quien se tiene que informar?

12. Artículo 13. Asimismo nos crea bastantes dudas cuando dice “Los restos que hayan sido trasladados y no sean reclamados deberán ser inhumados en el cementerio correspondiente al término municipal en el que se encontraron”. ¿En el osario general?, ¿en un mausoleo como el levantado en Málaga?, ¿en unos nichos como se hizo en Ubrique? Esta duda hizo, entre otras razones, que nos personásemos en el proceso de búsqueda y exhumación de la fosa de Alfacar como “familia ideológica” que, evidentemente, supo utilizar política y mediáticamente muy bien el Ejecutivo, pero sin más consecuencias prácticas que algunas fotos para los medios de comunicación.

13. Día de las víctimas del franquismo, el 14 de junio. Nos llama la atención, y nos satisface, que el gobierno se acuerde de este Grupo de Trabajo de CGT.A, cuando elige esta fecha como el día de las víctimas del franquismo, coincidiendo con la primera actuación pública en fosas comunes en Andalucía respondiendo al llamamiento que en su momento realizo a esta organización Agustín Góngora, del Torvizcón, para buscar a su hermano en el Valle de Lecrín (Granada). Pero consideramos que la única fecha con un sentido claro para ello es el 18 de julio, pues es entonces cuando comienza la matanza fundacional del franquismo.

14. Fecha de cierre de este periodo, 11 de enero de 1982. Otra fecha importante que recoge este proyecto es la que hace referencia al 11 de enero de 1982, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Andalucía. Para nosotros también es importante pues eso ayuda a que algunas víctimas de la violencia institucional queden bajo la cobertura de “victimas del franquismo” como por ejemplo los tres asesinados del “caso Almería”.

15. Lugares de la Memoria. Seguimos considerando esta figura como un mal menor de insuficiente capacidad legislativa. Mantenemos nuestra opinión que, sin ser excluyentes unos y otros, el camino es el de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

16. Título IV. De especial interés, y llamativo, es todo lo relativo a este Título del proyecto de Ley que entendemos como “meter en verea y controlar” el movimiento memorialista mediante la creación de Registros específicos (uno más), poniéndole limites geográficos a la intervención. Se olvida que un altísimo porcentaje de intervenciones en las fosas comunes (y otras áreas de la RMH) vienen de más allá de Despeñaperros, ¿les tendremos que explicar las razones del tal comportamiento? Nos preocupa el camino de burocratización y control ideológico y administrativo que implican los artículos que lo conforman. No de otra forma podemos entender el llamado Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía y el Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía. El artículo 41 dedicado al “fomento de la actividad asociativa y fundacional” nos llena de preocupación. Que se fomente la actividad asociativa puede ser comprensible, pero que la administración funde asociaciones qué sentido puede tener.

17. Algunos artículos son de difícil comprensión, como por ejemplo la disposición quinta que hace referencia a que el Gobierno de Andalucía “instará” al Gobierno de España para que se “declaren nulos” los juicios y, por lo tanto, las sentencias o acuerdos de tribunales militares o del TOP. De igual manera la sexta, se refiere a la inscripción de los asesinados en los Registros Civiles. ¿Qué significa, en la práctica, impulsar la inscripción?

Unas reflexiones finales

Saludamos el interés de la administración por la cuestión de la Memoria Histórica. El deseo de hacer frente a políticas públicas de memoria respecto a la represión franquista. Así mismo su consideración como crimen contra la humanidad. Hasta hoy ningún presidente de la Junta de Andalucía se ha referido públicamente a la cuestión. Tampoco la actual Presidenta, ni en su toma de posesión ni con posterioridad, lo ha hecho. Supone que ahora, más temprano que tarde, lo hará.

A la vez, como ha quedado de manifiesto, tenemos serias dudas tanto sobre la necesidad de una ley de estas características como por el contenido del anteproyecto aprobado por el Gobierno.

También queremos expresar nuestra completa disposición a participar en el trámite parlamentario abierto y adoptar cuantas medidas consideremos oportunas para mostrar nuestro desacuerdo con las líneas teóricas y de actuación que señala el actual anteproyecto.

Todos somos necesarios. La Memoria Histórica es una cuestión de toda la sociedad andaluza.

Sevilla 23 de marzo del 2014.

 

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