Radicalización política y conflictividad social en la Sierra de Cádiz: Torre Alháquime 1936

Republicanos y socialistas en 1931-1935

Torre Alháquime fue uno de los dos pueblos de la provincia donde las elecciones de 1931 se resolvieron por el artículo 29 y, sin embargo, no fueron anuladas. Según un informe fechado en diciembre de 1932, esa corporación elegida sin competividad estaba formada por ocho radicales y un independiente, pero no eran republicanos de toda la vida. Seis de ellos habían sido concejales del último Ayuntamiento monárquico, incluidos el alcalde Juan Manuel Zamudio Villalva y los dos tenientes, que continuaron ostentando los mismos cargos . De la noche a la mañana, los monárquicos se habían convertido al republicanismo, un descarado travestismo político con el que la oligarquía local –pequeños propietarios, labradores y arrendatarios– pretendieron perpetuarse en el poder municipal y sobrevivir al cambio de régimen. Republicanismo sólo de nombre, que algunos años más tarde, cuando el golpe militar aniquiló la democracia española, intentarían borrar de su pasado como si nunca hubiera existido. Zamudio, el alcalde radical, tomaría entonces partido por la derecha golpista –como toda la gente de orden– y en 1941 no tuvo inconveniente en firmar una declaración jurada sobre sus antecedentes políticos en la que decía que fue “alcalde desde enero de 1930 hasta abril de 1933 como monárquico” .

El adversario político e interlocutor de los labradores radicales en los conflictos socio-laborales fue la Sociedad Obrera Socialista El Trabajo, que se constituyó en mayo de 1931 . Es posible que su creación fuese promovida en 1931 por ellos mismos con el propósito de mantener controlados a los obreros, pues el fundador Francisco Cazalla Riquelme no era un simple trabajador asalariado, sino un artesano carpintero que era cuñado del concejal radical Juan Casimiro Villalva Zamudio. Pero en el caso de admitir esta hipótesis, entonces también habría que reconocer que la organización obrera se les fue de las manos en algún momento a lo largo de 1931 ó 1932 y que, como muy tarde, debe situarse cuando el policía rural Pedro Pérez Álvarez (a) Joaquín accedió a la presidencia del sindicato. A finales de 1932 el sindicato pertenecía a la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT y en enero de 1933 los jornaleros organizaron la Juventud Socialista, de la que fue presidente José Morales Usagre . En abril de ese año presentaron una candidatura que compitió con los radicales en las elecciones municipales, coparon la totalidad de los puestos de la corporación municipal y Pedro Pérez, que entonces era presidente del sindicato, fue elegido alcalde .

Los agricultores del pueblo habían creado a en diciembre de 1932 la Alianza de Labradores, una organización patronal de pequeños propietarios y arrendatarios que, a nivel nacional, estaba ligada al Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) de Marcelino Domingo y Félix Gordón Ordás. Pero el PRRS no estaba implantado en Torre Alháquime, o al menos no se constituyó legalmente, y los labradores del pueblo estaban más cerca de la derecha conservadora que del republicanismo progresista que aquél representaba. Lo dejaron patente cuando en enero de 1934 cambiaron la denominación Alianza de Labradores por Acción Popular Agraria, el partido católico conservador de José María Gil Robles .

El cambio de siglas de la organización patronal se hizo sólo dos meses después del gran descalabro de la izquierda en las elecciones generales de noviembre de 1933. La salida del gobierno de los socialistas fue el primer paso de un proceso de exclusión institucional que culminó cuando en octubre de 1934 fueron desalojados también de los ayuntamientos y clausuradas sus organizaciones. Las corporaciones municipales de izquierdas que no fueron barridas antes mediante inspecciones gubernativas, fueron cesadas tras la intentona revolucionaria, que en la provincia de Cádiz sólo afectó a Prado del Rey . La socialista de Torre Alháquime que encabezaba Pedro Pérez Álvarez fue sustituida en octubre por una comisión gestora formada por labradores del Partido Radical y Acción Popular Agraria, que fue presidida por el propietario y agricultor Juan Villalva Mejías.

El sindicato socialista estuvo clausurado durante al menos siete meses y los 265 afiliados que tenía en diciembre de 1932 habían bajado a 120, menos de la mitad, en 1935. A pesar de ese descenso de militancia, en el que indudablemente influyó la persecución a la que eran sometidos, continuaban siendo la organización mayoritaria en el pueblo. Las cifras que conocemos de militantes en las organizaciones políticas y patronales que representaban a la derecha del pueblo son 60 afiliados al Partido Radical a finales de 1932, 21 a la Alianza de Labradores en 1933 y 34 a Acción Popular Agraria a principios de 1935 . Los resultados electorales de 1933 evidenciaban esa superioridad de los socialistas. Las candidaturas que los representaban obtuvieron el 63,8% de los votos en las municipales de 1933 y el 52,9% en las legislativas de noviembre. Una mayoría que volvería a revalidarse en los resultados locales de las legislativas de 1936, en las que el Frente Popular obtuvo el 59,8% de los sufragios .

Pero en 1936 ya no eran las socialistas las únicas organizaciones de izquierda. A mediados de 1935 se había creado la agrupación local del partido azañista Izquierda Republicana . No era una organización obrerista como aquéllas, sino un partido de la burguesía y clases medias progresistas. No tenemos datos de su implantación, pero debió de tratarse de una organización minoritaria y sus afiliados no eran jornaleros agrícolas, sino pequeños agricultores y modestos industriales. El fundador y presidente, Juan Cubiles Castro, era un comerciante que socialmente procedía de la clase media local. Él era quien hacía y deshacía en el consejo local de IR, la sede del partido era su propio domicilio y su hermano menor era el tesorero de la organización. El secretario del partido era el hortelano Casimiro Mejías Fernández. Miembro del partido, y en 1936 lo sería del consejo local, era también el agricultor Antonio Vargas Rodríguez, que fue candidato republicano en las elecciones municipales de 1933, delegado de la Alianza de Labradores para la negociación de las bases comarcales para el verano de ese año y representaba a la patronal en la Comisión de Policía Rural. Los intereses económicos de Cubiles y de los agricultores que formaban parte del consejo local de IR tenían poco que ver con las aspiraciones de los jornaleros que militaban en el sindicato socialista, pero las dos organizaciones estaban integradas en la gran alianza electoral que fue el Frente Popular.

Elecciones de febrero de 1936

Las elecciones generales convocadas para febrero de 1936 ofrecieron a la izquierda la posibilidad de dar un vuelco a la situación de arrinconamiento y exclusión institucional a la que estaba sometida desde octubre de 1934. En Torre Alháquime no se constituyó formalmente el Frente Popular hasta después de las elecciones, pero los republicanos de Cubiles y los socialistas trabajaron codo con codo en la campaña y los actos de propaganda de la coalición se celebraron en el café que tenía Cubiles en la Vereda Ancha . Juan Cubiles había nacido en Argentina y, aunque aún era niño cuando toda la familia regresó a la península, conservaba aquella nacionalidad y por ese motivo no estaba inscrito en el censo y no pudo votar ni intervenir como apoderado ni interventor en el proceso electoral, pero eso no impidió que desplegase una viva actividad propagandística durante toda la campaña. Los representantes de la derecha local hicieron campaña por la Candidatura Antirrevolucionaria, una heterogénea coalición de organizaciones de derechas que aglutinaba a la CEDA de Gil Robles –donde estaba integrada Acción Popular–, monárquicos alfonsinos, carlistas y en la provincia de Cádiz también incluyó en su lista a un republicano radical.

Durante la jornada electoral del 16 de febrero hubo un incidente en el bar El Estanco, donde un grupo de socialistas se encaró con Alejo Blanco Albarrán –que era interventor de la derecha–, Juan Casimiro Villalva y Juan Vilches Caballero por creer que estaban “dificultando el triunfo de la candidatura marxista”, pero parece haberse tratado de un hecho aislado sin más trascendencia . El resultado de las elecciones fue el triunfo arrollador del Frente Popular, tanto en los resultados generales como en los locales. En Torre Alháquime acudieron a votar 473 electores, una cifra ligeramente superior a la de noviembre de 1933, y el escrutinio dio 190 votos (40,2%) a la Candidatura Antirrevolucionaria y 283 (59,8%) al Frente Popular. Casi dos tercios de los votantes habían optado por la candidatura que representaba a los jornaleros socialistas y a IR.

El Gobierno en funciones dimitió en cuanto se conocieron los resultados electorales y el retorno de la izquierda política a las instituciones del Estado permitió el restablecimiento de las corporaciones municipales de izquierda que habían sido cesadas en octubre de 1934. El Gobernador civil ordenó que fuesen repuestos todos los concejales de elección popular y el 21 de febrero se convocó una sesión extraordinaria de la Comisión Gestora en la que el alcalde saliente Juan Villalva Mejías dio posesión de los cargos de gobierno municipal a Pedro Pérez Álvarez y los demás concejales socialistas procedentes de la elección de 1933. Los socialistas acudieron a la casa consistorial con una bandera roja y Villalva fue el único miembro de la corporación radical-cedista que asistió al acto .

Crisis de trabajo

El paro agrícola fue un problema permanente de Torre Alháquime durante la Segunda República. El desempleo estacional propio de los ciclos agrícolas se agravó por efecto de la Ley de Términos municipales, que fue diseñada por el ministro socialista Largo Caballero con el propósito de fortalecer a los sindicatos campesinos, pero resultó tremendamente perjudicial para los municipios de escaso término como éste de la Sierra de Cádiz . Algunos jornaleros del pueblo fueron asentados en 1935 en fincas de Reforma Agraria del término de Jerez de la Frontera , pero la mayor parte de los más doscientos que había permanecía en Torre Alháquime condenada al paro estacional, que en 1936 era particularmente grave por las incesantes lluvias. A mediados de marzo los parados acudían al Ayuntamiento pidiendo ayuda económica. Durante una semana se repartieron entre los cabezas de familia 496,20 ptas. en socorros de pan y se colocaron algunos desempleados en las obras del camino de la Ermita al abrevadero público . Las arcas municipales no daban para más.

Si no había dinero público para socorrer a los parados, la única alternativa que quedaba para paliar la crisis de trabajo era cargar a los agricultores y contribuyentes el mantenimiento de los obreros en paro. Eso se hizo en Torre Alháquime, lo mismo que en otros pueblos de la comarca, como Villamartín y Alcalá del Valle, donde los alcaldes socialistas convocaron a delegaciones de patronos y obreros para negociar “pactos de trabajo” que solucionasen la crisis . El gobernador, preocupado por que la crisis de trabajo pudiera provocar alteraciones del orden público, insistía a los alcaldes para que buscasen soluciones y envió a los pueblos delegados suyos –con más capacidad de presión que los alcaldes– para que mediasen entre las organizaciones obreras y patronales. En Torre Alháquime se presentó el 17 de marzo el delegado gubernativo Tomás Merino Bueno y fue él directamente, y no el alcalde, quien citó a treinta contribuyentes y agricultores del término y a cuatro hacendados forasteros para que acudiesen el 19 a la asamblea que se celebraría en la casa consistorial. Por parte de los obreros asistió una delegación del sindicato socialista formada por el presidente Cristóbal Guerra Carreño, el secretario Sebastián Ortiz Márquez y los afiliados José Morales Usagre, Juan Castro Rosa y Juan Castro Rodríguez.

El acuerdo se cerró el 20 de marzo. La patronal se comprometió a emplear a 102 obreros en paro durante un período de cincuenta días. Los obreros recibirían jornales de 4,50 pesetas si trabajaban en la escarda, 6,00 si lo hacían en huertas o en la cava de viñas y un subsidio de 2,00 si las lluvias impedían el trabajo. Como la mayor parte del término estaba ocupado por latifundios que se explotaban en régimen de arrendamiento o aparcería, hubo que acordar los porcentajes del coste del pacto que correspondía asumir la propiedad y el cultivador directo. En el caso de fincas arrendadas, los colonos deberían pagar dos terceras partes del importe del jornal y el propietario el tercio restante y las proporciones se invertirían cuando hubiese que abonar el subsidio por días de lluvia. En las fincas explotadas en régimen de aparcería el coste de los jornales se repartiría a partes iguales entre propietarios y aparceros. El 50% de los obreros beneficiarios del pacto serían elegidos directamente por los patronos y la otra mitad entrarían a través de la bolsa de trabajo que controlaba el Ayuntamiento, pero siempre dando prioridad a los cabezas de familia y, una vez colocados éstos, a los hijos de familias numerosas .

De este modo se consiguió mitigar y aplazar las consecuencias de la crisis de trabajo hasta el 9 de mayo. La patronal tendría que desembolsar entre 10.200 y 30.600 pesetas dependiendo de las condiciones meteorológicas y del tipo de faena en que se emplease a los parados y el 77% de los 102 obreros a los que había que dar trabajo tendrían que ser colocados en los latifundios San Fernando, San Francisco y Niza, que ocupaban más de la mitad del término municipal. Los socialistas estaban de acuerdo con la solución acordada para salir de la crisis, pero eran conscientes de que eso sólo era un parche que aplazaba el problema sin darle una solución real. A finales de abril propusieron que los cortijos San Fernando y San Francisco fuesen explotados directamente por el sindicato en régimen de arrendamiento colectivo . De haber prosperado la petición del sindicato socialista, los grandes perjudicados no habrían sido los propietarios de los latifundios, que al fin y al cabo continuarían recibiendo una renta por sus tierras, sino los agricultores del pueblo que entonces las llevaban en arrendamiento.

El pacto del 20 de marzo sólo fue un paliativo temporal y en cuanto concluyó se volvió a la misma situación que antes. El Ayuntamiento volvió a echar mano de las obras públicas a cargo de la décima sobre contribuciones y durante una semana a partir del día siguiente a la conclusión del pacto empleó a trece o catorce obreros con jornal de 4,00 ptas. en las obras del camino de la Ermita al abrevadero. A mediados de mayo Pedro Pérez comunicó a sus compañeros de corporación que diariamente se le presentaban “grupos de obreros en demanda de socorros a los cuales no puede aliviar por la falta de recursos de este Ayuntamiento”. La corporación lo autorizó a convocar a la patronal de pueblo para pedirles de nuevo cooperación en la solución de la crisis y el 19 de mayo consiguió que se comprometiesen a desembolsar una nueva contribución económica para atender a los parados. Aceptaron abonar un recargo del 5% sobre las cuotas que pagaban en concepto de impuesto de utilidades, pero con la condición de que también lo hiciesen los propietarios forasteros y que los colonos sin casa abierta que no pagaban impuesto de utilidades abonasen una peseta por cada fanega de tierra que llevaban .

El primer núcleo falangista

A partir de las elecciones de febrero se produjo una rápida radicalización de un sector de la derecha que abandonó la vía democrática y optó por el fascismo. El gobierno ilegalizó la Falange durante el mes de abril y sabemos que en varios pueblos de la comarca fueron detenidos y puestos a disposición del gobernador civil algunos dirigentes y militantes del partido fascista. Creo que es en ese contexto donde debe de situarse la detención de varios derechistas de Torre Alháquime. El socialista Andrés Castro Rodríguez, que fue alcalde en funciones desde principios de abril hasta mediados de mayo, “ordenó el encarcelamiento de varias personas de orden con el pretexto de que eran fascistas y podían perturbar el orden público”. La Guardia Civil detuvo y condujo a la cárcel municipal a los ex gestores municipales Cristóbal Mejías Fernández y Francisco Fernández Castro –ambos de Acción Popular Agraria–, a Juan Vilches Caballero y al zapatero Alejo Blanco Albarrán. Al parecer hubo intención de detener a algunos más, pero fueron avisados y se marcharon del pueblo. Ellos decían que fueron detenidos “por el sólo hecho de ser personas de orden y de derechas”. Quedaron a disposición del Gobernador Civil y a las doce horas fueron liberados bajo responsabilidad del teniente de alcalde. De los cuatro detenidos, sólo hay constancia de que perteneciese a Falange Alejo Blanco .

En el pueblo sólo había cinco falangistas antes de julio de 1936. Probablemente el teniente de alcalde socialista no sabía que Alejo Blanco pertenecía al partido fascista cuando ordenó detenerlo. Él fue el primer falangista de Torre Alháquime. El 12 de abril se afiliaron Juan Mejías Villalva, que procedía de Acción Popular Agraria , el médico Blas Gragera Martín y el trabajador agrícola Antonio García Partida . Blas Gragera era médico titular e inspector municipal de sanidad desde 1931 y estaba casado con Irene Villalva Domínguez, la hija del ex alcalde monárquico Pedro Villalva . El 16 de abril se afilió José Luis Villalva Domínguez, un hijo de Pedro Villalva que era empleado de las oficinas municipales . En esa fecha también estaba afiliado José García Partida, de quien se decía que “propagó incansablemente el programa de José Antonio (Presente), por cuyos motivos sufría constantemente amenazas y persecuciones por los marxistas”; estuvo en contacto directo con los jefes provinciales Joaquín Bernal y José Mora-Figueroa, pero lo que no está del todo claro es si en la primavera de 1936 residía en Torre Alháquime o lo hacía en Olvera, de donde era natural . Los falangistas torreños prefirieron que no se supiese públicamente que ellos pertenecían al partido y lo que hicieron fue ingresar en la organización de Olvera en vez de crear una propia.

José Luis Villalva y Blas Gragera, que eran empleados municipales, debieron de temer que su identificación con la derecha pudiera causarles algún disgusto con la corporación municipal socialista, sobre todo el primero, que había sido apoderado de los candidatos de derechas el 16 febrero. Para lavar su imagen ante el Ayuntamiento socialista para el que trabajaban, ambos decidieron acudir a votar cuando el 26 de abril se celebró la elección de compromisarios para la designación de presidente de la República. Lo particular de este proceso electoral es que fue boicoteado por la derecha y sólo el Frente Popular presentó candidatura, por lo que el simple hecho de ir a votar sería visto con agrado por la izquierda del pueblo. Además de los dos falangistas, ese día también votaron vecinos de derecha como el empleado municipal José Blanco Blanco, el ex alcalde monárquico Pedro Villalva, los ex concejales José Villalva Zamudio, Juan Casimiro Villalva, Enrique Carrasco, Juan Calle Mejías, Juan Martín Galán y otros más. En el recuento se computaron 363 papeletas con nombres de los candidatos y sólo 5 en blanco, por lo que era evidente que algunos de ellos no sólo fueron al colegio electoral para que los viesen votar, sino que efectivamente votaron a la candidatura del Frente Popular .

Socialistas contra republicanos

No tardaron en surgir los conflictos entre las dos organizaciones que integraban el Frente Popular. El comité local se constituyó el 23 de marzo y estaba formado por dos representantes de Izquierda Republicana y cuatro socialistas. Juan Cubiles fue designado presidente, pero chocó pronto con los socialistas. El secretario del partido azañista en esa fecha era el hortelano Casimiro Mejías Fernández y según él “ni los socialistas podían ver a los de Izquierda Republicana ni éstos a los socialistas, pues todo el mundo sabe que lo que querían unos y otros era mandar”. Decía que Cubiles “no deseaba otra cosa en su vida que mandar, quería imponerse a los elementos socialistas y que éstos estaban a matar con el Cubiles” .

Es posible que el origen del conflicto radicase en el monopolio que tenían los socialistas sobre la administración local. En otros municipios de la comarca, las corporaciones municipales procedentes de las elecciones de 1931 dimitieron para ceder el gobierno municipal a comisiones gestoras en las que estaban representadas todas las organizaciones del Frente Popular. Quizás Cubiles esperaba entrar en el Ayuntamiento en calidad de gestor y los socialistas se opusieron a reorganizar la corporación, o pudo ocurrir simplemente que éstos no permitieron que interfiriese en la gestión municipal. Sean cuales fuesen los motivos, lo cierto que es terminaron enfrentados públicamente. En alguna ocasión Cubiles salió a la calle diciendo “que los socialistas eran unos enchufistas y que no tenían dignidad” y a principios de julio tuvo un altercado con el empleado municipal Juan García Navarro, que era de derecha y ni siquiera los socialistas le tenían simpatía, pero el alcalde Pedro Pérez mandó encerrar a Cubiles en la cárcel municipal. La misma noche de la detención, su mujer y su cuñada salieron a la calle gritando e insultando –según el parte del guardia municipal– a “cuantos individuos y esposas de éstos pertenecen al partido socialista de esta villa” .

Casimiro Mejías dimitió como secretario del consejo local de IR y fue sustituido por Antonio Vargas Rodríguez. Él decía que renunció al cargo motivado por el enfrentamiento que Juan Cubiles mantenía con los socialistas, pero lo que se decía en el pueblo es que se había metido en política porque ambicionaba el puesto de juez municipal y se retiró en cuanto vio que no tenía posibilidades de acceder a él. Juan Cubiles, por su parte, se arrimó a la extrema derecha cuando empezaron sus problemas con los socialistas. Mantenía relaciones comerciales con Rafael Corrales Saborido, el ex alcalde radical de Olvera que se había decantado por el fascismo , y fue durante un encuentro entre ambos cuando Cubiles se ofreció para organizar la Falange en Torre Alháquime. Corrales decía que esto fue sobre el mes de abril o mayo, pero ni Cubiles llegó a ingresar en la Falange de Olvera ni tampoco se aceptó su propuesta de organizarla en Torre Alháquime. Las razones por las que no se hizo no las conozco, pero no sería descabellado pensar que Alejo Blanco, Juan Mejías y los otros del pueblo que ya habían ingresado en la organización se negasen a admitirlo con ellos. Por otra parte, tampoco está claro si Juan Cubiles renunció –como él sostendría algunos años después– a la presidencia de IR o si jugó a dos barajas y continuó al frente del partido de Azaña mientras buscaba un hueco en la embrionaria organización fascista .

El 1º de Mayo

El gobernador civil prohibió la celebración de manifestaciones y concentraciones el 1º de Mayo en los núcleos urbanos, pero las organizaciones obreras de Torre Alháquime, Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, Ronda la Vieja y Arriate decidieron celebrar la Fiesta del Trabajo con una concentración en el Puerto del Monte. La jornada comenzó en tono festivo y el mitin se desarrolló sin incidentes, pero tuvo un trágico desenlace. Cuando regresaban al pueblo, una vez terminada la concentración, hubo un enfrentamiento con la Guardia Civil y dos obreros de Alcalá quedaron muertos a tiros. Éste hecho se ha calificado, junto con un tiroteo que se saldó un muerto y varios heridos en Jerez de la Frontera, como uno de los sucesos violentos más graves –en términos de violencia política– que hubo en la provincia de Cádiz durante la etapa de gobierno del Frente Popular .

Uno de los protagonistas de aquel trágico 1º de Mayo fue Cándido Marín Portales, el alcalde socialista de Alcalá del Valle . Según su relato, el coche en el que viajaban los guardias civiles del puesto de Olvera topó de frente en el Llano del Higuerón con la comitiva de obreros que regresaban hacia Alcalá y Torre Alháquime. Los obreros ocupaban todo el ancho del camino y el coche quiso pasar por medio, pero al llegar a la cabecera de la comitiva los obreros cruzaron las banderas cerrándole el paso y los guardias tuvieron que apearse. Ninguno quiso ceder el paso al otro. Cándido Marín y el teniente de alcalde alcalareño José Barriga Sánchez intervinieron para evitar la colisión y se llegó al acuerdo de que los obreros continuarían avanzado por el camino, pero sin que los guardias tuvieran que salirse del carril ni dar marcha atrás. Avanzaron, vadeando o envolviendo el vehículo de los guardias que seguía estacionado en medio del camino, pero se produjo el enfrentamiento cuando ya había pasado la mitad: sin que se sepa exactamente cómo ni en qué orden, se sucedieron los insultos, gritos, forcejeos en los que se arrebató el mosquetón a un guardia, los tiros y los muertos .

En Alcalá del Valle fueron detenidos veinticinco militantes de UGT, CNT e IR –entre ellos dos gestores municipales– por su presunta intervención en el enfrentamiento con la Guardia Civil y el 2 de mayo los trasladaron a la Prisión del Partido de Olvera. Ese mismo día ingresó en la cárcel de Olvera el vecino de Torre Alháquime José Zamudio Castro y el siguiente llevaron otros siete más, entre quienes iban el presidente del sindicato Cristóbal Guerra Carreño y el concejal Enrique Guerra Valiente . Aparte de los que ingresaron en la cárcel de Olvera, también fue detenido Bartolomé Vilches Salguero, que en el enfrentamiento con la Guardia Civil había resultado herido con una contusión en la cabeza, pero lo liberaron poco después porque estaba sometido a tratamiento médico .

Lo que ocurrió después de las detenciones es mal conocido, porque los expedientes judiciales que se instruyeron no se han localizado. Otras fuentes indican que un juzgado militar de Ronda instruyó un sumario por agresión a fuerza armada contra los manifestantes, pero el 2 de junio el Tribunal Supremo decidió que dejase de actuar el juez instructor militar y en su lugar nombró juez especial al de instrucción de Olvera, Juan María Merino, para “sustanciar las responsabilidades derivadas de los sucesos ocurridos el día 1 de mayo” en Alcalá del Valle, Setenil y Torre Alháquime . La orientación inicial del sumario debió de invertirse y fueron los guardias civiles quienes terminaron siendo investigados para determinar si se habían extralimitado en su actuación. Por la declaración de uno de los anarcosindicalistas detenidos en Alcalá sabemos que los guardias fueron sometidos a ruedas de reconocimiento –no se dice explícitamente, pero lo que probablemente trataba de hacerse era identificar a los autores de los disparos que mataron a los dos manifestantes–, también sabemos que el cuerpo de uno de los muertos tuvo que ser exhumado para la practicar una autopsia –un testimonio oral indica que se polemizaba sobre si a uno de los fallecidos lo mató de un tiro por la espalda– y que el sumario continuaba abierto en 1937. Varios documentos indican además que una delegación del Congreso de los Diputados se personó en Torre Alháquime para interrogar a los campesinos sobre lo ocurrido y un informe de la Guardia Civil dice que la “comisión de parlamentarios rojos” estuvo primero en Alcalá del Valle, que fue el chófer socialista Pedro Rosa Carreño quien avisó al alcalde Pedro Pérez de que luego vendría a Torre Alháquime y que ante ella se depusieron “hechos tan falsos como calumniosos contra la ya expresada fuerza” . Otro informe del cabo Salvador Campillo sobre Bartolomé Vilches dice que “tanto éste como otros asistentes a dicha concentración depusieron hechos falsos e injuriosos contra la Guardia Civil ante unos Diputados rojos que se presentaron en el pueblo” y el resultado de todo aquello fue el traslado del comandante de puesto y de uno de los guardias de Olvera .

La represión después del golpe

La violencia política alcanzó su máxima expresión tras el golpe del 18 de julio de 1936. Los socialistas que representaron a los jornaleros en el ayuntamiento y que protagonizaron los conflictos sociales y políticos durante la Segunda República fueron el principal blanco de la represión que los sublevados desataron contra sus adversarios políticos e ideológicos. Entre la represión inicial por bando de guerra y la ejercida por la Justicia Militar a partir de marzo de 1937 fueron asesinados o ejecutados al menos treinta y cinco hombres y mujeres que representaban el 5% de la población adulta. Entre ellos estaban el alcalde socialista Pedro Pérez Álvarez, los concejales Pedro Marín Salguero, Antonio Orozco Galván y Fernando Albarrán Contrera, y también Fernando Barriga Galán, que fue uno de los representantes de los socialistas en el comité del Frente Popular. Entre los fusilados estaban seis de los ocho detenidos por los sucesos del 1º de Mayo: el presidente del sindicato Cristóbal Guerra Carreño, el policía rural Antonio García Rosa, Manuel Ortiz Márquez, José Zamudio Castro y sus hijos Francisco y José Zamudio Ortega. Otros que huyeron del pueblo cuando fue ocupado por los rebeldes en 1936 y regresaron tras la caída de Málaga en febrero de 1937 o al terminar la guerra en 1939 salvaron la vida, pero fueron condenados a penas carcelarias que, en algún caso, alcanzaron hasta los treinta años. Entre esos presos políticos se encontraban Juan Cubiles, el fundador de las Juventudes Socialistas José Morales Usagre, el secretario del Frente Popular Sebastián Ortiz Márquez y los concejales Andrés Castro Rodríguez y Enrique Guerra Valiente . Las tapias de cementerio, fosas comunes y cárceles franquistas fueron el destino de los jornaleros socialistas que creyeron en el proyecto reformista de la República, con la esperanza de que podía transformar las relaciones laborales y la ilusión de que una sociedad más igualitaria y más justa era posible.

Ubi Sunt? Revista de Historia, nº 24, 1er Semestre de 2009, pp. 108-117.
 

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