La Ley de Memoria Histórica: un proceso complejo y un resultado insatisfactorio

Desde hace tiempo venía preguntándome cómo era posible que tras más de setenta años del levantamiento militar contra la República y de treinta y dos de la muerte del Dictador, un gobierno socialista no hubiera sido capaz de dar a luz una Ley de la Memoria Histórica de acuerdo con los principios internacionales de verdad, justicia y reparación para los que defendieron la legalidad republicana ni de honrar moral y jurídicamente a las victimas de la Guerra y de la represión franquista. Pensé que, tal vez, la respuesta a esta pregunta había que buscarla en la Transición. La Transición, como dijo Vázquez Montalbán, fue el resultado de “la unión de dos debilidades”: por un lado, los reformistas del régimen franquista carecían de fuerza moral suficiente para imponerse a los ultras del régimen, que controlaban las fuerzas armadas y gran parte del aparato del Estado, para conseguir un régimen que fuera homologado por los países europeos. Por otro, la oposición democrática, tampoco disponía de fuerza suficiente para, acabando con los poderes reaccionarios en el poder, imponer una ruptura sin resquicio, e implantar en aquel momento la III Republica. De ahí que estas dos “debilidades” pactaran para conseguir desplazar a los ultras y abrir un proceso democrático, por el que pasaba: la aceptación de la monarquía parlamentaria, la amnistía a todos los criminales de la dictadura franquista, el olvido del pasado reciente y la impunidad.

Y así fue como se hizo. No olvidemos que la Ley de Amnistía del 77 fue una ley de punto final para todos los criminales franquistas. Ni se pidieron responsabilidades, ni se movió a un solo militar o miembros de los cuerpos armados.
La izquierda, y el PCE era el único partido organizado y con implantación en la sociedad española del momento, tuvo que aceptar para no quedar excluido, para salir de la clandestinidad y, reforzando la oposición antifranquista, abrir un proceso democrático.

Pero el precio más caro de este pacto fue la imposición del olvido a la memoria en todos los niveles: A la Republica; a los hombres y mujeres que lucharon y padecieron toda clase de sufrimientos en la defensa de los valores de libertad , justicia y solidaridad; a los centenares de miles de muertos en las fosas comunes; a los exiliados por todos los rincones de Europa y América; a los guerrilleros que continuaron luchando con las armas en la mano y en condiciones inimaginables; a los campos de concentración; a las torturas; a los fusilados al amanecer en los muros de los cementerios; a los batallones de trabajos; a los Tribunales militares y de Orden Publico. Y especialmente los ejecutores de todas esas violaciones de derechos humanos. Como si nada de esto hubiera ocurrido.

El olvido a la memoria fue uno de los objetivos de los sucesivos gobiernos de la transición. Era primordial apoderarse de la memoria y del olvido de la gente, para que la memoria institucionalizada sirviera mejor a los intereses de los gobernantes. Así pues, todos los gobiernos de la transición pusieron todo su empeño en convencer a la gente que había que mirar al futuro y olvidarse del pasado; había que construir la democracia olvidándose de la tragedia que supuso la guerra y la dictadura; había que mantener el miedo a la memoria del pasado reciente, para que no nos ocupáramos de reabrir heridas que podrían enfrentar de nuevo, las dos Españas. Mirar el futuro era la consigna

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