Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente

Uno de los elementos que caracterizan al régimen de los vencedores en 1939 es el uso masivo y duradero del trabajo esclavo. Se utilizó donde la sublevación triunfó en el verano de 1936, se convirtió en instrumento central de su política penitenciaria y, avanzados los años sesenta, casi treinta años después, continuaba practicándolo. No se trataba sólo de un recurso económico sino también de una forma más, añadida a la eliminación física y el internamiento, de la reeducación de los “rojos”. El golpe de Estado tuvo como objetivo básico terminar con cualquier posibilidad de cambio social. Aunque fuera a costa de la destrucción del orden constitucional vigente y de las tímidas reformas de los gobiernos republicanos. Reformistas o revolucionarios, todos, eran considerados una horda de asesinos y forajidos. Hoy día, tras más de treinta años de régimen democrático, continúa siendo una de las expresiones del “atado y bien atado” deseado por el dictador.

Al franquismo no le bastaba con reducir a los derrotados a la condición de esclavos para su explotación económica, sino que también necesitaba su humillación moral. Como afirmó el delegado a Andalucía de la Inspección de Campos de Concentración tan importantes como los “beneficios pecuniarios que iban a producir” los prisioneros era liberarles de “su miseria moral” limpiándoles de la propaganda “satánica” que les había embrutecido. Dos objetivos que llevaron, en la primavera de 1937, a la creación del Patronato Nacional de Redención de Penas por el Trabajo (PNRPT). El organismo que se convertiría en el principal administrador de la explotación sistemática prevista por la jerarquía franquista. Como aseguró el ministro de Justicia Esteban Bilbao Eguía en 1940 no se trataba ni de un ensayo o algo transitorio, sino del complemento “teológico y filosófico del nuevo sistema penal” franquista.

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