Exposición "Todos (...) los nombres". PANEL 26. Provincia de Badajoz

(…) «y... fusilamientos, dijimos. Se habla de dos mil... el comandante Yagüe nos mira, sorprendido por la pregunta, y afirma: no deben ser tantos». Mario Neves. Diario de Lisboa, 15 de agosto de 1936 (…)

El 25 de marzo de 1936 más de 60.000 jornaleros se lanzaron a la mayor ocupación de tierras durante la II República, unas 250.000 hectáreas de fincas de los grandes propietarios en la provincia de Badajoz.

A principios de agosto de 1936 las tropas rebeldes, procedentes de Sevilla, inician su avance por la provincia de Badajoz. La represión sobre los militantes de las organizaciones obreras y republicanas buscaba asentar un nuevo régimen sobre una población que en los últimos años había logrado establecer una serie de estructuras organizativas muy potentes e importantes avances sociales.

Historiadores como Francisco Espinosa o Julián Chaves han aportado cifras que podrían superar las 10.000 víctimas en la provincia de Badajoz, una de las más altas de España: Llerena, Zafra, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Mérida o Badajoz, serían algunos de los escenarios de esas matanzas.

Durante y después de la guerra hubo un proceso sistemático, desde las instituciones franquistas, para borrar de la memoria colectiva a todas las personas «desafectas» al régimen. Tras la muerte del dictador Franco, se iniciaron en algunos municipios extremeños la búsqueda de restos de personas fusiladas. Así, en 1978, los familiares de Casas de Don Pedro recuperaron en la finca «Las Boticarias», numerosos cuerpos, no sin oposición por parte de las autoridades. Otra localidad pionera fue Torremejía, donde el alcalde fue el promotor y como consecuencia, el juez ordenó el embargo de una vaca propiedad del mismo. A estos, y de forma un poco desordenada, siguieron municipios como Valle de la Serena, Villafranca de los Barros, Orellana la Vieja, Medina de las Torres, La Albuera, Almendral, Salvaleón, Torres de Miguel Sesmero, Montijo, Alconchel, Castilblanco, Higuera de la Serena y hasta cerca de una treintena, según recoge Cayetano Ibarra. A partir del año 2000 dará un vuelco la situación con la creación de las asociaciones de la memoria histórica, que utilizarán una metodología científica y que contarán con el apoyo de un grupo de historiadores, arqueólogos, antropólogos, voluntarios y algunas administraciones.

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