Exposición "Todos (...) los nombres". PANEL 13. Del Tribunal de Orden Público a la Transición

(...) dos décadas después de la guerra, el régimen creyó conveniente gestionar la represión de la disidencia política mediante una jurisdicción no militarizada (...)

Dos décadas después de la guerra, los delitos políticos continuaban siendo juzgados por tribunales castrenses. Eso resultaba impresentable ante la Europa Comunitaria y el régimen creyó conveniente gestionar la represión de la disidencia política mediante una jurisdicción no militarizada. La ley de 2 de diciembre de 1963 instauró un Juzgado y un Tribunal (TOP) con sede en Madrid con competencia para conocer en todo el territorio nacional los delitos singularizados por la tendencia en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en el la conciencia nacional. Persiguieron los delitos tipificados por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 y por la Ley de Orden Público de 1959. Hasta su extinción en 1977, se instruyeron 22.600 procedimientos y el TOP dictó 3.889 sentencias en las que fueron juzgados más de 9.000 procesados. El 75% fueron condenados con penas de cárcel o sanciones económicas y los grupos socio-profesionales más afectados fueron los obreros (49%), estudiantes (22%) y administrativos (11%). Gran parte de los andaluces procesados no residían enla región cuando fueron encausados por el TOP, sino en Madrid, Cataluña y otros territorios receptores de inmigrantes en los que desarrollaban su actividad profesional y sociopolítica.

Mientras el sector del franquismo más proclive al reformismo democrático dirigía el proceso de transición política, los cuerpos de seguridad del Estado continuaron actuando con los métodos brutales que caracterizaron la etapa final de la dictadura. La represión de manifestaciones, protestas y conflictos políticos y socio-laborales aún causó varias decenas de muertes después del fallecimiento del general Franco.

El franquismo fue un régimen represivo de principio a fin. La resistencia armada fue convirtiéndose en un fenómeno residual desde la década de los cincuenta, pero la actividad política clandestina nunca cesó. A las continuas redadas y caídas de los comités siguieron nuevos procesos de reorganización. Durante los años sesenta y setenta, la dictadura empleó a fondo sus nuevos mecanismos represivos para combatir el revitalizado movimiento obrero y la movilización estudiantil. La existencia de protesta social y de oposición política era tan palpable que, en contadas ocasiones, hasta los medios de comunicación se hacían eco de los conflictos laborales, de los desórdenes públicos y de la actividad del TOP.

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