(...) eran los rebeldes quienes acusaban, juzgaban y condenaban por delito de rebelión militar a quienes se opusieron a la rebelión que ellos protagonizaron en julio de 1936 (...)
Los sublevados utilizaron la Justicia Militar como mecanismo de represión desde el mismo 18 de julio, encausando por rebelión militar o agresión a fuerza armada a quienes se enfrentaron a ellos. Sin embargo, en el verano de 1936 lo común fue que los civiles fuesen eliminados por aplicación del bando de guerra antes de terminar la instrucción sumarial o celebrar un juicio. La excepción fueron unos pocos expedientes abiertos contra personal militar y de institutos armados.
En marzo 1937 los tribunales militares se emplearon a fondo en la recién ocupada ciudad de Málaga, donde causaron una verdadera sangría que se prolongó durante toda la guerra y en la posguerra. En las provincias occidentales fueron detenidos y encausados los izquierdistas huidos que regresaron de la provincia de Málaga y también fueron juzgados algunos ciudadanos que habían sobrevivido a la represión del verano de 1936.
Una nueva oleada de consejos de guerra se produjo cuando en 1939 se derrumbaron los frentes y retornaron los evadidos que aún estaban dispersos, en calidad de refugiados o encuadrados en las unidades del ejército republicano. En algunas zonas de Jaén, Córdoba y, principalmente, en la provincia de Almería, a las que no alcanzó la represión inicial de 1936, fue el aparato judicial militar quien tuvo todo el protagonismo del proceso represivo.
En todos los casos y circunstancias los tribunales militares actuaron desde la premisa de la justicia al revés: eran los rebeldes quienes acusaban, juzgaban y condenaban por delito de rebelión militar a quienes se opusieron o no secundaron la rebelión que ellos protagonizaron en julio de 1936.
La justicia militar abrió expedientes informativos y procedimientos sumarísimos que frecuentemente acabaron con la imposición de penas de muerte o largas condenas a cárcel. Unos pocos días podían bastar para concluir la instrucción de las causas que, basándose en informes de la Guardia Civil, de la Falange y en acusaciones de testigos que a veces ni siquiera presenciaron los hechos sobre los que declaraban, llevaron a los reos ante pelotones de fusilamiento. Pese a la destrucción parcial de documentos y la desorganización de los que se han sobrevivido, los millares de expedientes que conservan los archivos judiciales militares nos permiten conocer detalladamente la represión ejercida por la Auditoría de Guerra y las vicisitudes de sus víctimas.
