Miguel Zambrana Atienza

El Gastor
Cádiz

Miguel Zambrana Atienza, alcalde sindicalista de El Gastor

Los anarcosindicalistas de El Gastor mantuvieron una tensa relación con los socialistas, a quienes despectivamente tildaban de socialenchufistas y socialfascistas, desde que a principios de 1932 organizaron el Sindicato Único de Trabajadores (CNT), al que pronto se incorporó buena parte de los campesinos que en 1931 se habían afiliado a la Sociedad Obrera Socialista La Aurora. Acortaron distancias en vísperas de las elecciones legislativas de 16 de febrero de 1936. En aquellas fechas los obreros de la CNT no sólo compartían sede social con los socialistas, sino que también se implicaron activamente en el proceso electoral: dejando a un lado el apoliticismo que profesaba el sindicato, fueron a votar y algunos de sus militantes incluso actuaron como interventores del Frente Popular. Sólo así se entiende que éstas fuesen las elecciones que mayor participación tuvieron en el municipio desde que se proclamó la república en 1931 –en torno al 50%– y que el 71,7% de los votos fuese para la candidatura de izquierda. Los libertarios gastoreños dieron un paso más en esa contradicción entre la teoría y la práctica cuando aceptaron formar parte de la Comisión Gestora que designó el gobernador civil para que se hiciese cargo de la administración municipal. En ella estaban representadas todas las organizaciones del Frente Popular que tenían implantación en el pueblo y, junto a cuatro gestores republicanos y cuatro socialistas, también formaron parte de ella José Bocanegra Cabrera, el bibliotecario de la CNT, y Miguel Zambrana Atienza.

Miguel Zambrana, a quien apodaban «Rufino», era un campesino soltero de treinta años. Probablemente pertenecía a la CNT desde la fundación del sindicato en 1932 y sabemos que ese año fue procesado por intervenir en algún conflicto social. Cuando lo designaron para formar parte de la Comisión Gestora se afilió al Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, la organización política más cercana al mundo libertario, y fue a él a quien los miembros de la corporación confiaron el puesto de alcalde el 24 de febrero de 1936.


Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Gastor
constituida el 24-2-1936
Nombre y apellidos Cargo Filiación
Miguel Zambrana Atienza Alcalde Sindicalista
Francisco Fernández Salas Teniente Izquierda Republicana
Miguel Hidalgo Salguero Teniente Socialista
Antonio Fuentes Torreño Regidor Socialista
Luis Bermúdez Vázquez Regidor Socialista
José Corrales Fernández Regidor Socialista (en 1933)
Antonio Cueto Cubiles Regidor Unión Republicana
Joaquín Valle Jiménez Regidor Republicano (en 1933)
José Vázquez García Regidor Republicano (en 1933)
José Bocanegra Cabrera Regidor CNT

Los meses que siguieron al triunfo electoral del Frente Popular fueron los más conflictivos en todos los municipios de la comarca que cuentan con investigaciones pormenorizadas de las tensiones sociales y políticas durante el quinquenio republicano. La desaparición de prácticamente toda la documentación municipal anterior a julio de 1936 impide reconstruir la secuencia completa de los conflictos de El Gastor desde 1931, pero la información fragmentaria que nos llega a través de otras fuentes permite afirmar que la primavera de 1936 fue también aquí una etapa en la que conflictividad social y violencia política se manifestaron abiertamente.

El telón de fondo era, como siempre, el paro. A finales de febrero el Ayuntamiento socorrió con pan a los jornaleros en paro, se aprobó una transferencia de crédito para aumentar a 1.000 pesetas la partida de socorros y se decidió que Miguel Zambrana fuese a Cádiz, acompañado por los concejales Joaquín Valle Jiménez y Miguel Hidalgo Salguero y por el dirigente de CNT Isidro Torreño Salas «Juan el Tango», para solicitar a las autoridades provinciales subsidios en metálico o la ejecución de obras públicas. Las propuestas para generar empleo que se estudiaron en el encuentro con el gobernador fueron la construcción de un grupo escolar, la reparación del camino vecinal a Ventas Nuevas, la construcción de un camino a Setenil, el levantamiento de un muro de contención en la entrada del pueblo por la carretera de Algodonales, el tendido de la línea telefónica y el asentamiento de campesinos del pueblo en fincas de Reforma Agraria, pues los que se asentaron en Jerez en 1935 habían tenido que regresar al pueblo.

La crisis no afectaba sólo a los jornaleros sino también a los pequeños propietarios y agricultores, que estaban agobiados por los impuestos y además tenían que cooperar para mantener a los parados y, según el concejal republicano Francisco Fernández Salas, se habían quedado sin recursos. En junio, en plena campaña de recolección, el gobernador se comprometió a gestionar la colocación de 126 jornaleros del pueblo en la campiña de Jerez y Miguel Zambrana envió comisiones para colocar obreros segadores en las fincas del término, pero en ninguna de ellas obtuvo resultado positivo y la crisis de trabajo iba «en aumento cada día sin que haya forma de solucionarla».

Aparte de esa gravísima situación de desempleo, la primavera de 1936 estuvo salpicada de brotes de violencia política. El primero se vio venir cuando, al día siguiente de constituirse la Comisión Gestora municipal, la izquierda organizó una manifestación que entregó a Miguel un pliego de demandas encabezadas por la exigencia de destituir inmediatamente a varios empleados municipales a quienes consideraba adversarios políticos y de quienes probablemente se temía que pudiesen entorpecer la gestión municipal frentepopulista. Miguel no les hizo caso, pero la manifestación se repitió dos veces y la tercera, el 10 de marzo, fue violenta. Terminó decretando el cese de cuatro empleados, según su propias palabras, para evitar que el pueblo adoptase «medidas violentas difíciles de reprimir y velando al propio tiempo por la seguridad personal de los mentados funcionarios». Según algunos de los cesados, los manifestantes irrumpieron en tropel en la casa consistorial y amenazaron al alcalde diciéndole que si no los despedía los tirarían ellos por el balcón y luego quemarían el edificio. Tres de los destituidos presentaron un recurso ante el tribunal provincial competente para resolver las reclamaciones interpuestas por funcionarios municipales y este falló a favor de los reclamantes y condenó al Ayuntamiento a readmitirlos, pero no fueron repuestos.

Una de las acciones violentas más graves que se produjeron durante la primavera de 1936 fue el asalto a la parroquia. En el pliego de demandas que las organizaciones de la Casa del Pueblo presentaron el 25 de febrero figuraba la petición de que la circulación por la plaza fuese libre. Con ello se referían a la eliminación de un atrio o verja ornamental que se había edificado en la portada de la parroquia y que entorpecía el tránsito de vehículos. La corporación municipal decidió derribarlo y el párroco, Antonio Franco Garrido, consciente de que se había construido en terreno de la vía pública, no puso ningún impedimento, pero más de un católico debió de interpretarlo como una afrenta. Como también se habría interpretado y no sin motivos –de haber prosperado– la propuesta del concejal de la CNT, José Bocanegra, para que se impusiese un arbitrio sobre el toque de campanas. Fue la noche del 23 de abril cuando se desbordó la situación. Un nutrido grupo de hombres y mujeres de la Casa del Pueblo se presentó delante de la iglesia, forzó la puerta, sacó las imágenes de santos y las amontonó en medio de la plaza. Hicieron algunos destrozos, pero no llegaron a quemar los santos porque la Guardia Civil llegó a tiempo y disolvió a los revoltosos con tiros al aire. Varios militantes de UGT y CNT fueron detenidos y conducidos a la cárcel de Olvera, pero a los pocos días estaban de nuevo en la calle. El cura se marchó del pueblo tras el incidente y, naturalmente, a la corporación municipal no se le ocurrió solicitar al arzobispo que proveyese de nuevo la parroquia. Miguel Zambrana propuso al pleno dar un nuevo uso al templo:

Encontrándose en la actualidad desocupada la que fue iglesia parroquial de esta villa, y perteneciendo dicho edificio al patrimonio del Estado, esta Alcaldía, atenta a cuanto redunde en beneficio de los intereses municipales, propone a V.S. que previos los trámites de rigor, sea solicitado al Excmo. Sr. Ministro de Justicia, la cesión en propiedad exento de carga contributiva del referido inmueble para instalar en él: Casa Ayuntamiento y otras oficinas municipales, juzgado municipal, matadero público, mercado público de abastos, casa cuartel de la Guardia Civil y otros servicios de índole local que en su debido momento y con vistas a la capacidad del ya citado inmueble puedan presentarse: tal podría ser un local de cine y teatro que, a más de las enseñanzas que ello pueda proporcionar al pueblo que hoy carece de toda distracción amena y agradable, sería una pequeña fuente de ingresos para el Ayuntamiento. Otro de los servicios que se pueden presentar, caso de no construirlo el Estado, adosado al grupo escolar que se proyecta, sería la casa habitación de los maestros.

Miguel calculaba que de ese modo el Ayuntamiento ahorraría unas 3.375 pesetas anuales en concepto de alquileres y obtendría 2.600 de ingresos por los servicios de matadero, mercado de abasto y arriendo del local de cine-teatro, «aparte de que con dichas obras podría obtenerse un nuevo medio para mitigar el pavoroso problema del paro obrero que tanto ocupa la atención del que suscribe». Parecía como si el abandono de la iglesia fuese un regalo del cielo para sanear la hacienda municipal y solucionar el problema del paro y la corporación aprobó la propuesta por unanimidad.

La dramática situación que padecían los jornaleros en paro, a la que no se vislumbraba una solución inmediata, hizo que varios concejales empezasen a plantearse la conveniencia de dimitir. El primero que lo hizo, por otros motivos y en dos ocasiones, fue el anarcosindicalista José Bocanegra Cabrera, que adujo razones de todo tipo, que iban desde su pertenencia a una organización apolítica y el desempeño de cargos sindicales que le absorbían todo el tiempo, hasta su desacuerdo con la actuación del Gobierno o sus circunstancias económicas personales, que lo obligaban a buscarse la vida fuera del pueblo cuando llegaba la época de recolección. Una de las razones que sus compañeros de corporación blandieron para no admitir la dimisión fue que «eso implicaría que todos los concejales querrían hacer lo mismo». A finales de junio fue el socialista Miguel Hidalgo, con el apoyo de Bocanegra, quien propuso que la corporación presentase una dimisión colectiva si no lograba solucionar el problema del paro. Francisco Fernández dijo que estaba de acuerdo con la propuesta, pero que había que tener cuidado al dejar los cargos porque podían caer en manos de «personas de poca garantía con gran detrimento de la administración municipal». Se acordó esperar los resultados de las últimas gestiones del alcalde antes de tomar una resolución firme, pero al cabo de una semana Francisco Fernández presentó la dimisión irrevocable como teniente de alcalde y como gestor, alegando que estaba «cansado de ejercer los cargos» en vista «de la situación de miseria y calamidades por las que atraviesa este pueblo y el resultado infructuoso hasta la fecha de cuantas gestiones vienen realizándose por este Ayuntamiento».

Así estaban las cosas en El Gastor cuando el ejército colonial se sublevó el 17 de julio contra el Gobierno de la República. Igual que en otros pueblos de la sierra, las noticias llegaron por la radio. Miguel Zambrana cuenta que el día 18 ya comenzaron a circular los rumores de que se había producido el golpe y se habló de ello en una reunión que hubo en el ayuntamiento. Cuando terminó la sesión municipal, pasó por dos bares en los que había aparatos de radio, el Café Central y el de Ramón, para oír las noticias y se enteró de que el general Queipo de Llano había declarado el estado de guerra en todo el territorio de la Segunda División Orgánica, pero que el ministro de la Gobernación lo había anulado.

Grupos de militantes de las organizaciones de izquierda se lanzaron a la calle el día 19 y recorrieron el casco urbano y las casas de campo para desarmar a los derechistas del pueblo. No está claro de quién fue la idea ni dónde se tomó la decisión de actuar de aquella manera. Una versión indica que la Comisión Gestora se constituyó en sesión permanente y decidió declarar una huelga general y armar a los obreros con las escopetas que pocos días antes se habían requisado por orden de Zambrana y que estaban almacenadas en el ayuntamiento, pero otra indica que la decisión de resistir al golpe se tomó en la Casa del Pueblo. El órgano de gobierno local era la Comisión Gestora municipal que presidía Miguel, pero a raíz del golpe se creó un comité, integrado por militantes de varias organizaciones de izquierda, que asumió la responsabilidad de organizar la resistencia. Sus máximos responsables fueron los anarcosindicalistas Isidro Torreño «Juan el Tango» y Manuel Barea Ramírez «El Gonzalo».

La plantilla del puesto de la Guardia Civil estaba integrada por el sargento Enrique González Bienvenida, un guardia primero y cinco guardias segundos, pero no debían de estar todos en el pueblo cuando llegaron las noticias de la sublevación. Según el alcalde, cuando se produjo el golpe sólo estaban el sargento y tres números. El concejal socialista Antonio Fuentes declaró en una ocasión que fue el sargento quien armó a los obreros distribuyendo entre ellos algunas armas que estaban almacenadas en el ayuntamiento. Eso pudo haber ocurrido el día 19, en un primer momento de indecisión o incertidumbre, pero el día siguiente los guardias estaban acuartelados. Eran partidarios de la sublevación, pero no llegaron a declarar el estado de guerra. Quedaron sitiados en el cuartel mientras los obreros recogían armas y se hacían con el control absoluto del pueblo.

Aparte de los registros domiciliarios e incautaciones de armas, que generaron situaciones ciertamente tensas, pero que no derivaron en violencia física con daños personales, lo que sí hubo fue un arrebato de violencia contra la institución que ellos identificaban como símbolo de la derecha reaccionaria: la Iglesia. El 20 de julio, con la Guardia Civil acuartelada y la furia anticlerical reavivada por la sublevación, nadie impidió el saqueo de la parroquia. La multitud se concentró ante la iglesia y algunos hombres armados se apostaron en las esquinas de la plaza para impedir que el personal de derecha interfiriese en lo que iba a hacerse. Con las imágenes, muebles y enseres de culto que sacaron del templo hicieron una gran hoguera en medio de la calle y decidieron convertir el edificio en sede de la Casa de Pueblo y en almacén de víveres. La gente de derecha abandonó el pueblo el 21 de julio, pero hay varias versiones de cómo se efectuó la salida. Fernando Rodríguez Moreno, uno de los empleados municipales cesados en marzo, indica que salieron aprovechando que todos los izquierdistas estaban reunidos en la iglesia celebrando una asamblea, pero otros testimonios indican que la evacuación fue organizada por «Juan el Tango».

La mañana del 23 de julio una comisión de obreros parlamentó con los guardias y les intimó que cambiasen de actitud y se les uniesen, pero no accedieron y los obreros se retiraron sin que ninguna de las dos partes abriese fuego. Ese mismo día el comandante militar de Algodonales envió una columna para levantar el cerco del cuartel de El Gastor; según el parte del comandante, estaba formada por guardias del puesto de Algodonales y fuerzas de la línea de San José y fueron tiroteados desde dos kilómetros antes de llegar al casco urbano. La gente del pueblo tenía cortados desde el día 19 los dos caminos vecinales que comunicaban el núcleo urbano con las carreteras de Jerez a Ronda y de Algodonales a Olvera, pero la columna superó los obstáculos. Cuando se iba acercando al pueblo, un grupo de obreros que se había apostado en la entrada disparó contra ella con escopetas de caza, mientras otros lo hacían desde posiciones elevadas como el Cerro del Almendro y el Huerto de Margara. Algunas mujeres habían animado a los hombres para que empuñasen las armas contra los golpistas y se dice que incluso salieron a la entrada del pueblo con varas y piedras para impedirles el paso. El tiroteo, en el que perdieron la vida cuatro gastoreños, duró una media hora, hasta que los campesinos fueron obligados a abandonar el pueblo y a retirarse a la sierra.

Ese día el sargento González Bienvenida detuvo al alcalde y al anarcosindicalista Diego Salas Cobo, cuyos destinos irían unidos a partir de ese momento. A Miguel lo encontraron en su domicilio y se cuenta que lo obligaron a subir al campanario de la iglesia para quitar la bandera que había ondeado en ella durante los últimos días. Mientras el alcalde era encarcelado, el gobierno municipal fue usurpado por una Comisión Gestora elegida por la gente de derecha del pueblo con el visto bueno del teniente de Algodonales y de la que fue designado presidente el ex alcalde lerrouxista Miguel Gamero Ríos.

Miguel y Diego fueron trasladados de El Gastor a la cárcel municipal de Algodonales. El parte del teniente de Algodonales a la Comandancia Militar de Cádiz decía que el alcalde había estado al frente de los «revoltosos» que dispararon contra la fuerza y se ordenó abrirles una causa por supuesto delito de sedición y agresión a mano armada contra la Guardia Civil. Para instruirlo se designó al comandante de Artillería Eduardo Bonal y Monreal, que el 1 de agosto ordenó que los dos encausados fuesen llevados a Cádiz. Comparecieron ante el comandante el día 5 y Miguel Zambrana negó haber intervenido en la resistencia. Según su declaración, aconsejó al pueblo que se sometiera a la autoridad del comandante de puesto, pero no le hicieron caso, y el día 23 estuvo sin moverse de su casa desde las diez de la mañana. Decía que el tiroteo sólo lo oyó de lejos y que las barricadas las vio cuando lo llevaron detenido a Algodonales. Diego Salas también aseguró haber oído los tiros desde su casa y ser ajeno a todo.

El día 7, mientras ellos quedaban como presos preventivos en la Prisión Provincial, el comandante Bonal solicitaba al general López Pinto autorización para trasladarse a Algodonales y El Gastor para tomar declaración al comandante de puesto y a los guardias civiles que intervinieron en la ocupación del pueblo. Si no hubiese habido incidencias en la instrucción sumarial, los dos gastoreños habrían sido declarados procesados una vez que instructor tuviese indicios suficientes de conducta delictiva y luego habrían sido juzgados por el Consejo de Guerra. Pero ni el instructor terminó la ronda de declaraciones, ni declaró procesados a los encausados, ni tampoco hubo juicio. Según la documentación de la Prisión Provincial, Zambrana y Salas salieron del centro penitenciario el 3 de septiembre con destino al Penal de El Puerto de Santa María, pero no hay constancia de su ingreso en éste. Los sacaron para asesinarlos. La instrucción de la causa estuvo paralizada durante cuatro meses y a principios de enero de 1937 se ordenó al instructor que uniese a la misma «constancia de haber sido aplicado el bando de guerra a Miguel Zambrana Atienza y Diego Salas Cobo». La Delegación de Orden Público informó de que se les aplicó el bando de guerra el 3 de septiembre y el auditor de guerra, el coronel Bohórquez, decretó el sobreseimiento definitivo de la causa una vez constatado el «fallecimiento» de los encartados. El expediente se cerró el 29 de enero con la firma de Queipo de Llano prestando su conformidad al sobreseimiento definitivo de los autos. El de Miguel Zambrana y Diego Salas es así uno de los muchos casos de izquierdistas que en la provincia de Cádiz fueron detenidos por los sublevados y puestos a disposición de la justicia castrense durante las jornadas inmediatas al golpe, pero terminaron siendo asesinados antes de que concluyesen los procedimientos judiciales.

También fueron víctimas de la represión ejercida por los rebeldes, en sus diversas facetas, varios miembros de la corporación municipal que presidió Miguel Zambrana: Antonio Fuentes Torreño «Patito» y José Bocanegra Cabrera «Rufo» fueron juzgados, condenados a muerte y fusilados, el primero en 1938 y el segundo en 1941. Antonio Cueto Cubiles fue condenado a muerte en 1937, pero le conmutaron la pena capital por treinta años de reclusión. Luis Bermúdez Vázquez «El Escribiente» y Francisco Fernández Salas «Horrillo» fueron investigados por la justicia militar, pero no tenemos constancia de que fuesen sancionados, y Miguel Hidalgo Salguero, aterrorizado por la represión fascista, pasó cerca de veinte años escondido.