Manuel Ramírez Martín-Arroyo

Manuel Ramírez Martín-Arroyo nació en Rota (Cádiz) el 5 de noviembre de 1894. Gozaba de una buena posición social y económica: obtuvo el título de perito mercantil, desde los años veinte estaba empleado como depositario de fondos del Ayuntamiento y también era el gerente y mayor accionista de la Sociedad Eléctrica Roteña. Durante la Dictadura de Primo de Rivera perteneció a la Unión Patriótica, pero durante la República fue el organizador y presidente del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS). Su vinculación con esta organización de la izquierda reformista estaba muy influida por el parentesco de su esposa con el jefe provincial del partido, Manuel Muñoz Martínez, que fue diputado en Cortes por la provincia de Cádiz durante las tres legislaturas de la República.

La asamblea constituyente del PRRS roteño se celebró en el propio domicilio de Manuel Ramírez, nº 2 de la calle Pedro de la O, el 24 de junio de 1931. Las profesiones de los veinte asistentes a esa asamblea fundacional lo dibujan claramente como una organización de clases medias: los que acudieron a ella, aparte de Ramírez que fue el convocante del acto, eran un maestro, un empleado de ferrocarriles, un perito mecánico, un propietario, un albañil, un carpintero, dos agricultores y once industriales. En la designación de la Junta Directiva no hubo competencia: se resolvió consensuando un comité presidido por Ramírez y del que todos los asistentes formaban parte, aunque fuese como simples vocales. Uno ellos, el albañil Manuel Patino Puyana, había sido elegido concejal en las municipales de 31 de mayo y sería el único representante de la organización en el Ayuntamiento durante el primer bienio republicano. En estos términos se dirigió Ramírez a sus correligionarios cuando fue elegido presidente de la agrupación:

“Ruego a todos que fijéis vuestra atención y principal cuidado en el fin que perseguimos pues con la constitución de este comité que cimienta sus fuerzas, indiscutiblemente en la opinión pública y en la correcta obediencia a sus Jefes, siempre inspirada al buen deseo y la mayor unión, conseguiremos con la confianza de vuestra cooperación y lealtad no sólo anular a los logreros arribistas que por codicia de representación y opinión tratan de aprovechar los ríos revueltos para seguir imperando en sus procedimientos caciquiles que como ciudadanos debemos evitar con todos nuestros esfuerzos para bien de la deseada República instaurada ya en nuestra querida patria, a la que estamos llamados a defender en beneficio de la Sociedad”

Aunque Manuel Ramírez decía que el comité cimentaba sus fuerzas “en la opinión pública”, la realidad es que se trataba de una organización minoritaria en el panorama de las asociaciones políticas y sindicales con implantación local. Sólo tuvieron un concejal en el Ayuntamiento republicano-socialista de 1931 y se quedaron sin representante en la institución municipal cuando Manuel Patino se transfugó, antes de concluir el primer bienio republicano, al cada vez más derechizado Partido Radical de Alejandro Lerroux. No obstante esa escasa fuerza local, el hecho de que su pariente Manuel Muñoz Martínez fuese jefe provincial del partido y diputado en Cortes permitió que Ramírez recurriese a él para recomendar a correligionarios y paisanos que acudían solicitando favores, una práctica a la que él se prestaba y creaba una relación clientelar que reforzaba los lazos del pequeño núcleo radical-socialista roteño.

El PRRS se rompió en septiembre de 1933 al escindirse el ala izquierda del partido, liderada por el ex ministro de agricultura Marcelino Domingo, que creó una nueva organización con la denominación Partido Republicano Radical Socialista Independiente (PRRSI). Manuel Muñoz Martínez se alineó con Domingo y arrastró consigo a la mayor parte de las agrupaciones gaditanas, entre ellas la de Rota, y a mediados de octubre se constituyó el comité provincial del PRRSI, de la que fue elegido presidente. Esto ocurría en vísperas de las elecciones de noviembre de 1933, que en la provincia de Cádiz supusieron un tremendo fracaso para la Coalición de Izquierdas en la que se había integrado el PRRSI. Rota fue, después de Chipiona, la localidad donde peores resultados obtuvo la candidatura, con sólo el 6,5% de los votos. Aunque el PRRSI iba a quedar fuera del Gobierno, Manuel Muñoz volvió a obtener el acta de diputado y a comienzos de 1934 Manuel Ramírez continuaba enviándole recomendaciones de todo tipo: el hijo de un afiliado que quería mejorar su destino en la mili, la esposa de otro que aspiraba al puesto de tornera de la Casa Cuna de Cádiz, un médico que quería colocarse en la Beneficencia del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, la tramitación de la pensión para la viuda de un sargento de la Guardia Civil y algún asunto referente a la almadraba.

La actividad de los radicales socialistas independientes de Rota debió decaer a lo largo de 1934. No tenían representante en el Ayuntamiento y los resultados electorales locales habían demostrado que su apoyo en el pueblo era mínimo. El 1 de abril de 1934 el PRRSI se fusionó con la Acción Republicana de Manuel Azaña y otros grupúsculos republicanos para crear Izquierda Republicana (IR). Esto les habría dado voz en el pleno del Ayuntamiento, pues Acción Republicana tenía al concejal Carlos González Camoyán, pero los roteños ni siquiera se molestaron en formalizar la nueva organización. En cualquier caso, la represión institucional que siguió a la intentona revolucionaria de octubre de ese año, que supuso la clausura temporal de los sindicatos y partidos de izquierdas y la destitución de sus concejales, volvía a dejarlos fuera de la corporación municipal. Quien continuó insistiendo para que Ramírez no se desentendiese de los asuntos políticos era Muñoz Martínez, que aprovechaba para ello la felicitación del año nuevo: “te deseo tanto a ti como a los tuyos un feliz año 35, pero sin que olvides al partido y te sigas partiendo el pecho porque sea la única fuerza política de ésa que lleve el gato al agua cuando llegue el momento”.

A mediados de 1935 seguía sin constituirse formalmente la Izquierda Republicana roteña. El secretario general provincial, Francisco Aguado de Miguel, escribió el 10 de junio a Ramírez diciéndole que era urgente que lo hiciesen cuanto antes para que el comité local pudiese ser reconocido por el provincial y el nacional. Y el 28 de agosto era Muñoz quien insistía en ello: “Hace un siglo que no se una palabra de ti y lo mismo pasa en el Partido y te ruego y estimulo a que deis señales de vida y a trabajar en estos momentos para conseguir que la organización prospere aprovechando el ambiente que ante la opinión tiene”. Le encomendaba que, si por alguna circunstancia no podía él hacerse cargo de la reorganización del partido, encomendase la tarea a alguien de confianza. Ramírez reaccionó rápidamente a la petición de su “primo” –como él lo llamaba– y la nueva organización se constituyó el 5 de septiembre. Contaba con 21 afiliados, Ramírez continuó siendo el presidente y el ex concejal azañista Carlos González Camoyán –que no asistió a la asamblea constituyente– fue elegido vicepresidente. Es probable que Ramírez también fuese el secretario de la comisión del Frente Popular roteño que se eligió el 13 de octubre. Esta revitalización de su actividad política se produjo cuando el gobierno municipal estaba plenamente controlado por la derecha y Ramírez temió algún tipo de represalia contra él. Se daba la circunstancia de que era depositario de los fondos municipales y, al mismo tiempo, gerente de la compañía con la que el Ayuntamiento tenía que firmar el contrato para el suministro eléctrico de la población; según el abogado consultado por Aguado, en ello no había incompatibilidad alguna, pero el secretario provincial del partido le aconsejó que se guardase las espaldas delegando la gerencia en alguna persona de confianza, para de ese modo evitar “una maniobra por parte de los cabestros que rigen la hacienda municipal”. Las elecciones generales de febrero de 1936 fueron otro duro golpe para la izquierda roteña, que en el pueblo sólo obtuvo el 3% de los votos, pero el triunfo nacional del Frente Popular y el retorno de la izquierda al Gobierno permitieron la destitución de la Comisión Gestora de derechas nombrada por el gobernador civil en 1935 y la devolución del gobierno municipal a la izquierda. La nueva corporación municipal contaría con tres miembros de IR: el alcalde Carlos González Camoyán, Fernando Márquez Ramírez y José Fuentes Pérez.

Manuel Ramírez Martín-Arroyo se mantuvo al margen de las acciones que emprendieron algunos dirigentes y militantes de izquierdas para impedir que los golpistas se impusiesen en Rota. No tengo constancia de que fuese encarcelado durante las primeras jornadas de la sublevación, pero sufrió otras formas de represión. Durante un registro que practicaron fuerzas de Falange en su domicilio aparecieron documentos comprometedores que probaban el papel que había jugado en la izquierda republicana de Rota: correspondencia con Aguado y Muñoz Martínez, actas de asambleas y circulares del partido, entre otros. Un falangista del Puerto de Santa María apellidado Muñoz intentó extorsionarlo y lo amenazó con entregar los papeles al general López Pinto si no le pagaba seis mil pesetas. Ramírez se negó a dárselas, diciendo que no las tenía, y el falangista se llevó todos los documentos.

Sufrió represión laboral: durante el mes de agosto fueron cesados todos los trabajadores del Ayuntamiento vinculados a organizaciones de izquierdas y él perdió el empleo de depositario. Continuó viviendo en Rota, dedicado al negocio de la compañía eléctrica, tratando de amoldarse a las nuevas circunstancias y pasando lo más desapercibido posible. No se afilió a la Falange, como hicieron otros, pero tuvo que contribuir económicamente en las suscripciones públicas de todo tipo que se abrieron para recaudar fondos para los sublevados: quinientas pesetas para el ejército, la misma cantidad para la Falange, más lo que contribuía por el Día del Plato Único, Ficha Azul y cuantas peticiones le llegaban a través del Ayuntamiento.

A finales de septiembre o principios de octubre de 1936 se le instruyó un expediente de incautación de bienes. Los sublevados decretaron la incautación de las propiedades de las organizaciones y personas pertenecientes al Frente Popular, a quienes consideraban responsables de los daños económicos que el Estado y los particulares habían sufrido por causa de la “resistencia sostenida contra el movimiento nacional”. Sus bienes sólo fueron intervenidos temporalmente, porque en el expediente declararon favorablemente sobre su conducta los vecinos de derechas Zoilo Ruiz-Mateos, el ex alcalde monárquico Francisco García Sánchez y el cura párroco Juan Antonio López Rodríguez y finalmente se cerró el 26 de diciembre de 1936 con el decreto de Queipo de Llano que acordaba no proceder a la confiscación de sus bienes.

Ramírez no fue molestado cuando Queipo ordenó en marzo de 1937 que fuesen puestos a disposición de la Auditoría de Guerra quienes hubiesen tenido alguna intervención en la “rebelión marxista”. Durante ese año continuó recibiendo las invitaciones del alcalde fascista Hernández Arana para contribuir en suscripciones patrióticas. También lo invitaba formalmente para asistir a los cultos de Semana Santa, Corpus Christi y festividad de la Virgen del Rosario. Pero algo cambió a mediados de 1938. El delegado de Seguridad Interior y Orden Público de la provincia de Cádiz fue informado de que Manuel Ramírez había sido uno de los principales dirigentes del Frente Popular y el 2 de agosto ordenó al comandante de puesto de la Guardia Civil de Rota que averiguase si efectivamente había tenido una “significada actuación político-social” y había sido presidente de Izquierda Republicana. Ramírez debería quedar detenido y a disposición de la autoridad militar en caso de confirmarse aquellos extremos.

Manuel Ramírez tuvo que presentarse el 4 de agosto en el cuartel de la Guardia Civil para prestar declaración ante el comandante de puesto Alfredo Fernández Fernández e intentó minimizar al máximo su actuación en cuestiones políticas. A la pregunta de si había sido el organizador y presidente de IR respondió que el partido se constituyó a partir del disuelto PRRSI, del que él había sido afiliado pero no dirigente, y que fue presidente durante un mes y medio o dos, pero que se apartó de la política por no estar de acuerdo con la actuación de la gestora municipal del Frente Popular. Pero el atestado también incluía las declaraciones de dos vecinos de Rota que se decían conocedores de su “actuación política-social y actuación indirecta emboscada”. Esta expresión ya nos pone en guardia sobre el cariz que iban a tener las acusaciones que se verterían contra alguien a quien no se podía señalar como autor de acciones directas contra la sublevación. Los que declararon contra él no eran dos cualquieras: ni más ni menos que el alcalde José Hernández Arana y el juez municipal Francisco García Sánchez. El alcalde dijo que Ramírez había sido un activo propagandista de IR, lo acusó de aprovechar su puesto laboral como depositario del Ayuntamiento para coaccionar a los que no eran de su ideología y sacó a relucir el parentesco con Muñoz Martínez pues –según él– incluso había amenazado con dejar cesantes a los empleados municipales que no fueran de su partido en el caso de que ellos ganasen las elecciones: “Cada matador con su cuadrilla”, era la expresión que Hernández Arana atribuía a Ramírez. El juez municipal, por su parte, declaró que había sido el organizador de IR, que había acompañado a Muñoz en algún acto político que se celebró en Rota y que actuaba “siempre emboscado” por el cargo de depositario para coaccionar a otros para que se afiliasen a su partido. García decía que esto lo sabía “según rumor público”, pues había estado fuera de Rota durante el primer semestre de 1936. Las declaraciones de Ramírez, del alcalde y del juez se completaron con setenta y seis documentos en los que era evidente que había sido “la persona de confianza del partido de Izquierda Republicana, su organizador y el principal sostén de él”, en vista de lo cual el teniente Fernández procedió a detenerle y remitió el atestado con toda la documentación aneja al gobernador militar de Cádiz. Estos documentos, cuya procedencia no se explicitaba en el atestado, eran los que el falangista del Puerto de Santa María se llevó de casa de Ramírez en 1936.

Antes de que el auditor de guerra ordenase la tramitación del sumario correspondiente y de que el Consejo de Guerra nombrase juez instructor, Ramírez –que estaba preso en la cárcel municipal– buscó entre sus amistades y conocidos alguien que pudiera avalar su conducta. Cuando el oficial segundo honorario del Cuerpo Jurídico Militar Serafín Álvarez Martínez se hizo cargo de la instrucción de la causa a mediados de septiembre, ya se había unido a las diligencias previas un comunicado de José León de Carranza al delegado de Orden Público de Cádiz defendiendo la actuación del roteño. José León era capitán de Artillería y estaba destinado a las órdenes del alto comisario de España en Marruecos, en misión especial como representante del Gobierno franquista en el Marruecos francés. El militar decía que durante la República se ocupó directamente de dirigir la política de la derecha roteña y que Ramírez había sido un hombre inofensivo para ellos, una especie de “marioneta”; que fue jefe de IR por el parentesco de su esposa con Muñoz Martínez, pero que nunca hizo “nada práctico ni positivo para el desarrollo y arraigo del referido partido” y que el triunfo electoral de la derecha en 1936 fue tan aplastante que “recayó sobre el Sr. Ramírez la persecución y odio de los demás elementos revolucionarios considerándolo culpable principal de lo que ellos estimaban como un bochorno, es decir, de su desastre en Rota”. Carranza recordó además cuál había sido el resultado del expediente de incautaciones de bienes, en el que Zoilo Ruiz-Mateos, el párroco y Francisco García –a quienes calificaba como “los verdaderos representantes de los elementos antimarxistas roteños”– habían declarado a favor de Ramírez.

El juez instructor debió de quedarse un tanto perplejo al comprobar que Francisco García Sánchez, que según Carranza había avalado la conducta de Ramírez en el expediente de incautación de bienes, era precisamente uno de los que declaró contra él en el atestado instruido por el teniente Alfredo Fernández. Cuando el 21 de septiembre compareció ante el Juzgado Militar ratificó su primera declaración, pero matizando que la vinculación de Ramírez con PRRS se debería al parentesco con Muñoz Martínez, que nunca intervino como orador en los actos políticos a los que asistió, tampoco hizo propaganda escrita, ni intervino en alborotos o actos revolucionarios, ni se opuso al golpe. Ramírez contó con el testimonio favorable de todos los derechistas que se citaban en el escrito de Carranza más otros a los que él mismo nombró. Así Zoilo Ruiz-Mateos Camacho declaró que nunca lo había considerado “como elemento revolucionario ni aun siquiera temible o peligroso en el orden político”, que no intervino en actos políticos públicos, ni en asuntos electorales y que no lo creía capaz de cometer acciones de oposición al golpe ni de inducir a otros para que lo hiciesen. El párroco comenzó diciendo que había sido mayordomo de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario durante los años de la República (hasta 1935 según el propio Ramírez) y, entre otras cosas, que sirvió de “contención a la actuación revolucionaria de los marxistas” y que sus únicas miras fueron “tener cierta preponderancia política en la población y evitar que cayera esta política en manos francamente revolucionarias, por lo que algunas personas de orden lo estimaban como una garantía”. Rodrigo Puyana Bolaños lo calificó como una persona “inútil o inofensiva en el terreno político”. Las declaraciones que hicieron otros para defenderlo describían situaciones difícilmente creíbles y hasta ridículas: Francisco Rodríguez Milán dijo que se hizo el enfermo para no tener que acudir a reuniones políticas con Muñoz Martínez cuando éste iba a Rota y el empleado municipal Manuel Sordo Arjona aseguró que había pasado una noche entera escondido en la carbonera de la central eléctrica para no asistir a un mitin del diputado.

Quien continuó denunciando el izquierdismo de Ramírez fue Hernández Arana, que en su segunda declaración volvió a insistir en su actuación proselitista para captar –“bien con halagos o con amenazas”– a algunos empleados municipales. Añadió que no había hecho propaganda de su partido, pero sí presidió un acto político en el que se le vio guardar un minuto de silencio con el puño en alto en memoria de un afiliado fallecido y que también asistió al mitin de Azaña en Madrid el 20 de octubre de 1935. Las mismas acusaciones volvieron a aparecer en el informe que firmó como alcalde el 26 de septiembre. El escueto oficio de la Guardia Civil no añadió nada nuevo a lo que ya sabía el instructor: había sido presidente de IR, un activo propagandista del “funesto Frente Populare” (pero sin aportar datos concretos) y no se le conocía ningún acto de oposición al golpe. El jefe de Falange, Rafael Palomeque, por su parte, decía que aunque había sido presidente de IR y fue visto con Muñoz Martínez en un mitin en la casa de pueblo, sin embargo “no era hombre de acción y sí de intención perversa que no ejecutaba por falta de hombría” y que cuando se produjo el golpe permaneció en su casa sin salir. El informe de Palomeque terminaba manifestando que la Falange le estaba muy agradecida porque les suministraba gratuitamente todo el fluido eléctrico que necesitaban.

Si de todo este cúmulo de declaraciones y acusaciones salía algo en claro es que Manuel Ramírez no movió un solo dedo para frenar a los golpistas el 19 de julio. Pero la Justicia Militar de los sublevados no se contentaba con perseguir a quienes se opusieron ellos tomando las armas o por cualquier otro medio. Los sublevados sostenían que el 18 de julio de 1936 no había gobierno legítimo en España, que la legitimidad la tenían ellos desde el momento en que se levantaron en armas para poner fin al clima de desorden y anarquía generalizados que dominaban el país y que, una vez constituidos en depositarios de esa legitimidad, cualquiera que les presentase resistencia armada estaba cometiendo un acto de Rebelión Militar. El artículo 240 del Código de Justicia Militar tipificaba como delito y castigaba con cárcel la excitación o inducción a cometer el acto de rebelión y los sublevados dieron tal consideración a las actividades políticas que, durante los años de la República, generaron el clima que posibilitó la futura “rebelión marxista”. Actividades políticas y sindicales desarrolladas en 1934 ó 1935 se transfiguraron así en acciones preparatorias e inductoras de la rebelión contra un poder que ni siquiera existía en aquella fecha. Desde esa perspectiva hay que interpretar el auto de procesamiento redactado el 22 de octubre por el juez instructor que, tras resumir en unas pocas líneas los antecedentes políticos de Ramírez, consideraba que revestiría carácter de delito de excitación o inducción a la rebelión “si se estimase que tendía a procurar el alzamiento en armas contra la Autoridad legítima en España desde el Glorioso 18 de Julio de 1936”. Esa fue la calificación de los hechos que sostuvo el fiscal cuando el 9 de noviembre se celebró la vista de la causa en Cádiz y el Consejo de Guerra estuvo de acuerdo con ella al considerar “que con su actuación al frente de uno de los partidos que integraban el llamado Frente Popular, participó en la preparación de la rebelión militar marxista contra la cuál se alzó el Ejército Nacional en defensa de la seguridad del Estado y del propio Ejército”. El presidente de Izquierda Republicana de Rota fue condenado a la pena de ocho años y un día de prisión mayor y a las accesorias de suspensión de todo cargo, profesión u oficio y del derecho de sufragio durante el tiempo de su condena.

La condena de Ramírez cumplía el 2 de agosto de 1946, pero salió del penal militar naval de la Casería Ossío el 2 de noviembre de 1940, por habérsele concedido el beneficio de ley sobre excarcelaciones de 4 de junio de ese año. Pudo haber sido liberado por un error burocrático, pues a quienes beneficiaba esa disposición era a los convictos con penas de hasta seis años de reclusión y a los condenados de seis años y un día hasta doce años que ya hubiesen cumplido la mitad, pero él no estaba comprendido en ninguno de los supuestos. Su condena eran ocho años y un día, de los que había cumplido poco más de una cuarta parte, y el 30 de julio de 1940 la Comisión Provincial de Examen de Penas propuso conmutarla por seis años y un día, de modo que ni siquiera provisionalmente le correspondía obtener la libertad. En mayo del año siguiente llegó la notificación de que el ministro del Ejército le había conmutado la pena por la propuesta por la Comisión Provincial y eso podría haber dado pie para que se examinasen las circunstancias de su excarcelación, pero a esas alturas ya se había promulgado un nuevo indulto, de 1 de abril del año en curso, que concedía la libertad condicional a los reos de delito de rebelión que habían sido sentenciados a penas de hasta doce años de cárcel.

Fuente: F. Romero Romero: “Represión por la Justicia Militar: Rota 1937-1942”, en M. Rodríguez Izquierdo y P. P. Santamaría Curtido (coords.): Memoria rota. República, Guerra Civil y represión en Rota. Ayuntamiento de Rota, 2009

Primer apellido: 
Ramírez
Segundo apellido: 
Martín-Arroyo
Nombre: 
Manuel
Municipio: 
Rota
Provincia: 
Cádiz