Su padre, Manuel Portillo, era de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y su madre, Rosario Triguero, de Mairena del Alcor (Sevilla). Joaquín también nació en Alcalá: el 17 de septiembre de 1898. Y vivió en Alcalá, siempre. Y había trabajado siempre en panaderías de Alcalá: en la de Mariano de la Fuente, en la de Pedro Campos, en la de Manuel Araujo. Afiliado a la CNT, fue, durante 1932 y 1933, presidente de la sección de amasadores y faeneros de su sindicato de panadería; y, durante los tres días de julio de 1936 en que desde Alcalá se opuso resistencia a la rebelión militar triunfante en Sevilla, se ocupó de la distribución del pan en el pueblo y de firmar las autorizaciones a los patronos para la trituración de trigo, encargado para ello por el comité establecido en el Ayuntamiento.
Cuando los rebeldes se adueñaron de Alcalá, Joaquín Portillo huyó a La Puebla de Cazalla y después a Málaga, donde permaneció un mes; luego se marchó a Valencia, en cuya capital estuvo trabajando de panadero casi dos años y medio, y a finales de marzo de 1939, en plena carretera de Alicante, cerca del pueblo de San Juan, fue detenido cuando, junto a varios hombres más, marchaba en un camión.
Lo metieron en un campo de concentración, el de Albatera, como a sus paisanos Antonio Álvarez de Alba, Manuel Villa Tello, Manuel Ojeda Espinosa, Vicente Belloc Hartillo o Joaquín Morente Rosa; y allí, en la ficha clasificadora que le abrieron el 1 de mayo de 1939, anotaron que estaba reclamado por los falangistas de Alcalá de Guadaira por su pertenencia al que llamaban comité revolucionario.
Joaquín Portillo, 1,70 de estatura, pelo castaño, moreno de piel, pasó del campo de concentración de Albatera al edificio del seminario diocesano de San Miguel, convertido en prisión central de Orihuela, de donde fue trasladado e ingresado en la cárcel de Sevilla el 9 de diciembre de 1939, quedando a disposición del Juzgado militar número 41 de Utrera, a cuyo titular, el alférez de infantería Miguel Sánchez Hernández, le había sido ordenado por la Auditoría de guerra del Ejército del Sur que instruyera un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el panadero alcalareño.
Lo primero que se aportó a dicho procedimiento fue la ficha de su afiliación a la logia Filipinas, en la que figuraba con el nombre simbólico de Floreal; y, a continuación, llegaron los consabidos informes de las autoridades locales. El de José Pachón Serrato, comandante del Puesto de la guardia civil de Alcalá, que decía de Joaquín Portillo Triguero que había sido un dirigente de la FAI, “de ideas anarquistas”, al que no se le había podido probar que tomase parte en los sucesos revolucionarios, pero que, “dados sus ideales tan extremistas, se supone fuera uno de los dirigentes”. El del juez municipal, Manuel Pérez Díaz, que constató que carecía de antecedentes penales, y no figuraba como interventor de ningún candidato del Frente popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 y que, “de los datos adquiridos, no se concreta su participación en los sucesos revolucionarios” de la localidad. El de Miguel Florido de los Ríos, como presidente que era de la Comisión gestora el 10 de agosto de 1939, y en cuyo informe manifestaba que el hornero Joaquín Portillo, dirigente de los anarquistas, se había distinguido siempre en cuantas huelgas revolucionarias se produjeron en Alcalá antes del Movimiento; estaba conceptuado como sujeto peligroso, “es ateo” y, en julio de 1936, actuó en los incendios y saqueos de iglesias y casas particulares, así como en la detención de personas de orden, “no pudiendo ser detenido por haber desaparecido al entrar las tropas Nacionales”. El informe del jefe falangista Mesa, por último, que se dirigió al juez militar de Utrera con la extraña invocación de ¡Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista!, aseguraba que Joaquín Portillo había tomado parte activa en los sucesos desarrollados durante los días de la dominación roja, y que de ello podían informar los vecinos de Alcalá José Cano Guerra y Juan Guerrero Moreno.
Sin embargo, ni Cano ni Guerrero informaron de lo que, según Mesa, podían informar. El guardia civil Guerrero, de 51 años, declaró ante el alférez Sánchez que no conocía a Joaquín Portillo; y Cano, de 37, jefe que fue de la guardia municipal hasta finales de febrero de 1936, dijo que ignoraba la actuación del encartado durante el periodo frentepopulista y en los días del dominio rojo, porque todo ese tiempo permaneció oculto, “por ser muy conocido como elemento de orden y estar constantemente amenazado por los extremistas”; hasta el punto de que el 20 de julio vinieron a detenerlo y lo sacaron de su domicilio, que era donde habría estado escondido durante esos cinco meses.
Tampoco sabía la actuación que Joaquín Portillo hubiera podido tener entre el 16 de febrero y el 21 de julio de 1936, Antonio Mena-Bernal Bretón, un herrador de 36 años, vecino suyo de la calle Rosario, número 11, que sólo lo conocía “como elemento de la extrema izquierda”. En cambio, la declaración del cabo de los municipales José Gandul Benalbal, ante el juez militar de Utrera como las anteriores, fue más incisiva que éstas. Gandul, domiciliado en la calle Alférez Franco Pineda, número 23, expuso que Joaquín Portillo fue siempre un elemento peligroso, de pésimos antecedentes, masón, cenetista muy significado, que durante el periodo frentepopulista desarrolló una labor “muy activa y levantisca originando por consecuencia alteraciones de índole social”, y que “el segundo día del dominio rojo entró en el Ayuntamiento acompañado de los señalados elementos anarcosindicalistas llamados Manuel Mejías Palacio, Antonio Sancho de la Fuente y Manuel Nieto Duarte, todos los cuales pertenecían al comité revolucionario”. Gandul añadió que le constaba, por la “significadísima personalidad como elemento marxista” de Joaquín Portillo, que éste tomó parte muy activa en los actos vandálicos acaecidos en Alcalá, aunque no podía concretar en qué actos.
El alférez Sánchez, juez militar de Utrera, procesó a Joaquín Portillo Triguero por el delito de rebelión militar, por cuanto que lo consideró dirigente de la CNT y la FAI, masón de la logia Filipinas, elemento muy significado y persona de confianza – delegado de distribución – del comité revolucionario que ordenaba y dirigía todos los actos y hechos acaecidos en Alcalá durante los días de dominación marxista; participante en los saqueos e incendios ocurridos entonces y, por último, huido al campo rojo, donde fue hecho prisionero cuando intentaba escapar de Valencia con varios marxistas que iban en un camión con dirección a Alicante.
Tras de lo cual, Joaquín Portillo prestó declaración, en la que reconoció casi todo lo expuesto en el auto de procesamiento, menos que hubiera intervenido en saqueos e incendios; y citó como testigos de descargo a sus antiguos patronos panaderos Mariano de la Fuente Díaz, de 56 años, Pedro Campos Ruiz, de 67, y Manuel Araujo Pérez, de 45; domiciliados, respectivamente, en las calles Hartillo, 13, de la Plata, 27 y 29, y la Cañada, 11. Quienes coincidieron en afirmar que ignoraban la actuación del procesado durante los días 18 a 21 de julio de 1936, aclarando los dos primeros que su ignorancia obedecía a que habían estado ocultos en sus domicilios. También coincidieron los tres en decir que se trataba de un elemento izquierdista, concretando Mariano de la Fuente que, durante la época del Frente popular, todo lo concerniente a operaciones y colocaciones en las panaderías no se realizaba sin la conformidad o el visto bueno de Joaquín Portillo, lo que demostraba que era un directivo muy significado en los sindicatos, dentro de la sección de su oficio, y que en los días del dominio rojo autorizaba con su firma, como delegado de los dirigentes marxistas, la trituración de todo el trigo en reposo que poseían sus propietarios.
En el Consejo de guerra, celebrado el 30 de mayo de 1940, el fiscal Francisco Fernández Fernández le imputó a Joaquín Portillo la autoría, material, voluntaria y directa, de un delito de rebelión militar, y pidió que lo mataran; pero el Tribunal, que estimó no concretados los actos vandálicos de cuya realización había sido acusado, lo consideró autor de un delito de auxilio a la rebelión y le impuso la pena de seis años de cárcel, dando por probado que sí desempeñó el cargo de “Delegado de Abastos a las órdenes de Comité marxista”.
Con esta condena, sin embargo, no se conformó la autoridad militar de la que dependía el Tribunal que la dictó, porque en el procedimiento no habían aparecido perfectamente especificados los hechos delictivos de los que las autoridades de Alcalá hacían responsable a Joaquín Portillo y que los testigos tampoco habían corroborado, por haber permanecido, “en el tiempo en que ocurrieron los hechos, escondidos o fuera de su domicilio”. Debido a lo cual, y a la vista de los antecedentes del encartado, de su actuación probada como delegado de abastos a las órdenes del comité marxista y de los hechos que tuvieron lugar en la localidad, el Auditor de guerra anuló la sentencia dictada y ordenó que se ampliara la investigación, sobre todo interrogando a más testigos, “al efecto de concretar todos los hechos delictivos” atribuidos al procesado.
La nueva investigación, para la que se prescindió del alférez Sánchez, juez militar de Utrera, se encomendó un año después a un comandante, Manuel Sanz Agero, titular del Juzgado militar eventual número 17 de Sevilla. A quien, Juan Segura García, Francisco Mesa Santos y Manuel Pérez Díaz, remitieron los informes que previamente les había pedido; en el primero de los cuales, obra del que era comandante militar de Alcalá el 15 de julio de 1941, se mantenía que Joaquín Portillo Triguero, cuyo nombre masónico de Floreal el informe cambió por el de Florián, era elemento peligroso y hostil al nuevo Régimen, y tomó parte, como dirigente y con armas, en cuantos actos vandálicos se cometieron por las turbas durante los días del predominio rojo; pudiendo dar fe de ello, “tan solo”, los hermanos Pedro, José María y Jaime González Fernández-Palacios, y el también vecino de Alcalá José Nieto Duarte. En el segundo y tercer informes, emitidos ambos por Mesa en su doble condición de jefe falangista y alcalde, éste acusó a Joaquín Portillo de algo que no había expresado en el informe que dio dos años atrás: de haber tomado parte “en incendios de iglesias y asaltos a casas particulares como cabecilla de las hordas”; y señaló como testigos de su actuación a los mismos que el guardia civil Juan Segura, pero además a Ramón González Fernández-Palacios, Carlos Gamero Pérez, José Cano Guerra y Juan Guerrero Moreno. Por su parte, el titular del Juzgado municipal de Alcalá fue, como casi siempre, comedido y ecuánime al informar: Los agentes de la policía judicial me dicen que Portillo pertenecía al partido anarquista, era masón y fue visto por las calles llevando un arma de fuego los días de dominio rojo, pero yo “no conozco personalmente, ni de nombre, al referido sujeto”.
El juez Sanz Agero no llegó a tomarles declaración a los hermanos Ramón y José María González-Fernández Palacios; y de los demás testigos a quienes interrogó, en octubre de 1941, pocos datos nuevos obtuvo de utilidad para el objeto de su investigación, a excepción de los suministrados por uno de ellos.
Carlos Gamero Pérez, natural de Sevilla, de 29 años, soltero, guardia municipal de profesión, con domicilio en la calle Alférez Franco Pineda, número 6, declaró que sabía “por referencias”, pero sin poder precisar quien se lo dijo, que Joaquín Portillo intervino en los saqueos de casas, quema de “la” iglesia y “demás hechos delictivos”; y que sabía de su pertenencia a la logia Filipinas “por consultas realizadas en los archivos”.
Juan Guerrero Moreno, que dos años antes había declarado que no conocía a Joaquín Portillo, ahora vino a decir de él que era un extremista, que se significó bastante como dirigente durante el dominio rojo; y que estos “datos le han sido facilitados con posterioridad a su primera declaración a las resultas de pesquisas realizadas debido a su empleo”.
José Cano Guerra, en cambio, no se desdijo de su primera declaración y mantuvo que no podía aportar dato alguno ni citar ningún hecho concreto sobre la actuación de Joaquín Portillo.
José Nieto Duarte, natural de Nerva, de 33 años, policía de tráfico, vecino de la calle Sánchez Perrier, número 10, manifestó que lo que podía decir del encartado era lo que se rumoreaba de él públicamente, pero que ni siquiera podía citar el nombre de alguna persona que le hubiera comentado hechos concretos.
Jaime González Fernández-Palacios, natural de Sevilla, de 32 años, soltero, con domicilio en la cuesta del Águila, número 12, declaró que no conocía al procesado ni podía asegurar de una manera cierta y concreta si intervino en algún hecho delictivo; pero que, por referencias, aunque sin poder aportar los nombres de las personas que se las dieron, sabía que Joaquín Portillo intervino en el asalto a su casa de la cuesta del Águila.
Resulta en verdad muy extraño que este testigo no hubiera podido nombrar a nadie como fuente de tales referencias, cuando en su propia familia estaba la persona que se las pudo dar, por haber visto a Joaquín Portillo tomando parte en el asalto al domicilio familiar. Esto, al menos, es lo que el teniente de caballería, de 30 años, soltero, natural y vecino de Sevilla, Pedro González Fernández-Palacios le dijo en su declaración al juez militar:
El 18 de julio de 1936 me encontraba yo con mis familiares en el chalet Villa Luz de la cuesta del Águila cuando fuimos atacados por la horda roja. Nos hicimos fuertes en la casa, y en ella permanecimos toda la noche, tiroteándonos con los asaltantes, hasta que en la mañana del día 19 se nos acabaron las municiones y fuimos hechos prisioneros. Mientras estuve en mi casa pude ver entre los atacantes a Joaquín Portillo Triguero, que hacía fuego contra nosotros con una escopeta, aunque no puedo precisar si actuaba como dirigente de algún grupo de los que disparaban o como dirigido. Luego, cuando nos sacaron detenidos, a mis hermanos y a mí, para llevarnos a la cárcel, tuve ocasión de verlo otra vez con una escopeta que llevaba. Al ser liberado por las fuerzas nacionales hice indagaciones para dar con su paradero y me enteré de que había huido a Málaga.
Concluida la nueva investigación, Joaquín Portillo Triguero fue llevado de nuevo ante un Consejo de guerra, que se celebró el 12 de febrero de 1942 en la planta baja del pabellón central de la plaza de España, en Sevilla, y que esta vez lo condenó a 14 años de reclusión, considerando la sentencia como un hecho probado que “con ocasión de hacerse fuerte en su domicilio un vecino de la localidad, intervino en el asedio de la casa haciendo fuego”.
Joaquín Portillo, con 51 años de edad, aún soltero, se encontraba en libertad condicional en enero de 1950 y se fue a vivir al poblado de El Puntal en la Isla de Guadalquivir, término municipal de La Puebla del Río, donde entró a trabajar en la panadería que allí tenía establecida José Beca Mateos y en la cual había más de un panadero de Alcalá.
Fuentes:
Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, Causa nº 3711/39, Legajo 881-24444.
Fotografía cedida por Jaime Belloc Galindo.
