Hasta septiembre trabajó junto a su paisano Francisco Tardío Mesa en las obras de la carretera, donde solo recibían como remuneración «comida y tabaco». En vísperas de la ocupación de Grazalema por los rebeldes intentó marcharse a Ronda, pero se encontró que también esta ciudad estaba siendo atacada por los sublevados y entonces se encaminó a la costa malagueña. Durante la huida hacia la costa se separó de la familia, a la que estuvo buscando por Marbella, San Pedro Alcántara y otros pueblos hasta que finalmente pudo reunirse con ellos en Alhaurín el Grande. En este pueblo estuvo trabajando en la recolección de la aceituna hasta que Málaga fue ocupada por los sublevados y lo obligaron a regresar a su localidad origen.
El 13 de febrero de 1937 se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Zahara y quedó detenido en el depósito municipal a disposición de la Auditoría de Guerra. En su misma situación estaban los vecinos Francisco Tardío Mesa y Juan Ramírez Naranjo, que también regresaron de la provincia de Málaga. La tarde del 14 de marzo se personó en Zahara el teniente de la línea de Algodonales, Guillermo Torres Pons, para instruir unas diligencias sobre su actuación. Estaban detenidos por presunto delito de rebelión, pero a la justicia militar rebelde no le interesaba solo si se habían opuesto o no a la sublevación de julio del 36, sino, como rezaba el encabezamiento del expediente de Tardío, su «actuación político-social […] en el mandato de la República y muy particularmente desde las elecciones de febrero». Torres Pons se instaló en el ayuntamiento, auxiliado por el guardia segundo Ildefonso Vera Sánchez en funciones de secretario, y publicó edictos para que declarasen cuantas personas pudiesen deponer sobre los antecedentes de los tres encartados. Era una pura formalidad. En los tres expedientes comparecieron el comandante de puesto —el cabo Francisco González Cintas—, el jefe de Falange —Francisco Villalba Cortés—, el del Requeté —el archivero municipal José Rodríguez Moreno—y varios vecinos de derechas que se prestaron a declarar sobre los antecedentes de los detenidos. Los acusaron de haber pertenecido a organizaciones de izquierdas, de haber intervenido en conflictos laborales o de haber formado parte de los piquetes y grupos que vigilaron la entrada del pueblo durante la huelga de julio. El cabo González Cintas comenzó todas sus declaraciones diciendo que no conocía personalmente la actuación de los individuos sobre quienes se le preguntaba porque llevaba poco tiempo a cargo del puesto cuando se produjo el golpe del 36, pero dijo lo que sabía «de referencias».
Sobre la actuación Francisco Palma declararon el médico Santiago Moreno López y el jefe carlista. Este dijo que lo consideraba «un elemento peligroso, pendenciero, irreverente, irrespetuoso y que lo considera un individuo de acción, aunque no puede determinar concretamente ningún otro caso particular de este individuo más que en los cometidos por los demás ha sido siempre un alentador de ellos, cometiendo en su unión atentados a la propiedad y siendo marcadísimo en la lucha que con el gobierno del Frente Popular se sostenía». Y a eso añadió que durante las jornadas que siguieron al golpe recorrió las calles armado con un garrote y dando «gritos subversivos y voces malsonantes». Según el médico Santiago Moreno, Palma se había «destacado siempre en todos los movimientos obreros habidos en esta población», hizo servicio de vigilancia en las entradas del pueblo entre el 18 y 20 de julio e impidió que un sirviente de su yerno arrimase el ganado al abrevadero diciéndole «que retrocediera a su residencia y que fuese con ganado el dueño de él, que se había terminado el servirle a nadie».
A los expedientes de Palma y Tardío se incorporó un informe del comandante de puesto de Grazalema que indicaba —sin especificar hechos ni aportar pruebas ni testigos— que ambos «durante el tiempo que permanecieron en Grazalema se destacaron por su crueldad en la persecución de personas de orden y saqueo de las casas de los mismos y muy en particular el Palma». Torres Pons completó los tres expedientes con un resumen de las actuaciones en el que concluía que los consideraba culpables de delito de rebelión militar y los envió a la Auditoría de Guerra.
Los expedientes que instruyó Torres Pons acabaron un mes después en manos de Manuel Moreno Herrera, un licenciado en derecho habilitado para el desempeño de funciones jurídicas militares y a quien los Servicios de Justicia de Cádiz habían asignado la instrucción de los procedimientos sumarísimos de urgencia contra varias decenas de vecinos de la sierra; entre ellos, los tres zahareños. A mediados de abril, acompañado por el cabo de complemento de infantería Bartolomé Llompart Bello en funciones de secretario, Moreno recorrió los pueblos de la sierra para tomar nuevas declaraciones a los encartados y a los testigos y sobre la marcha fue solicitando informes sobre los antecedentes de los «rojos» a la Falange y al Requeté de cada pueblo.
Moreno instruía los expedientes contra reloj. Entre el 19 y el 22 de abril pasó por Villamartín, Puerto Serrano, Algodonales, Zahara, El Gastor y Torre Alháquime. En cuatro días recorrió seis pueblos y tomó 151 declaraciones. Cuando llegó el día 20 a Algodonales tomó declaración a nueve vecinos de este pueblo que estaban detenidos en el depósito municipal a disposición de la Auditoría de Guerra, después interrogó a los tres presos de Zahara y decidió unirlos a todos en un único procedimiento sumarísimo de urgencia que recibiría el número 187/37. Moreno agrupaba los expedientes para aligerar la tramitación de las causas porque estaba previsto que el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz recorriese la comarca para su vista. El día siguiente tomó diecisiete declaraciones de testigos en Algodonales y seis en Zahara. El trámite solía ser rápido. A los detenidos zahareños solo les preguntó si ratificaban sus anteriores declaraciones y por qué motivo se marcharon al «territorio rojo». Los testigos se limitaron ratificar las suyas, excepto Miguel Aguilar, que añadió que Juan Ramírez Naranjo fue miembro de la Comisión de Policía Rural y que ejerció coacciones en las elecciones de febrero de 1936. Moreno no tomó nuevas declaraciones al comandante de puesto ni a los jefes de Falange y del Requeté, pero a los dos últimos les pidió informes escritos sobre cada uno de los encartados. El día 21 redactó el auto-resumen que declaraba procesados y presos a los encartados y daba por concluida la instrucción. Así sintetizó la actuación de Francisco Palma:
… parece que estuvo afiliado al Partido Socialista, siempre formó a la cabeza de cuantas manifestaciones violentas se han llevado a cabo en la villa de Zahara, secundando las huelgas ilegales y revolucionarias, marchó al campo rojo en los primeros días del Movimiento Nacional, tiroteándose con las Fuerzas de Ejército en el sitio «Arroyo Molinos» ignorándose la verdadera actuación que tuvo durante el tiempo que permaneció en el campo rojo hasta la toma de Málaga.
Aparte de que calificar de «violentas», «ilegales» y «revolucionarias» todas las movilizaciones obreras de la etapa republicana era una burda distorsión de la realidad, los hechos más graves que, desde la perspectiva de los sublevados, se atribuían a Palma no constaban en ninguna parte del sumario. Ni en las declaraciones que tomó Torres Pons para las diligencias previas ni en las de Moreno Herrera constaba que Palma se hubiese tiroteado con los rebeldes en Arroyomolinos. ¿De dónde salió esa información? Esa laguna se rellenó una semana después con un informe del jefe de Falange que, tras acusar a Francisco Palma de ir siempre a la cabeza de «cuantas manifestaciones violentas se celebraron durante el periodo anárquico que hemos padecido», añadía:
En anterior informe se me olvidó decir que fue de los que vinieron desde Grazalema [a] arrastrar gente, ganados y saquear cortijos y tiroteándose con nosotros en el sitio Arroyomolinos, lugar donde nosotros teníamos montadas nuestras avanzadas antes de la toma de la expresada villa…
La farsa judicial culminó en mayo con la llegada a Algodonales del Consejo de Guerra Permanente de Cádiz. El tribunal militar, presidido por el comandante Cipriano Briz González, recorrió la comarca de la sierra, donde celebró juicios entre el 5 y 23 de mayo. En la semana que permaneció en Algodonales vio nueve procedimientos sumarísimos de urgencia en los que estaban encartados 86 vecinos de la sierra. El día 13 de mayo no hubo juicios en Algodonales, pero ya estaban allí concentrados los presos de Zahara, El Gastor y Torre Alháquime. Ese día los reos de Algodonales y Zahara designaron defensor a Alfonso Palomino Blázquez. No sabemos si lo eligieron ellos, tal como dice la diligencia del sumario, o si fue la única opción que les dieron. Los de El Gastor también tuvieron al mismo. Los actores de estos consejos de guerra eran jurídicos que indistintamente representaban un papel u otro según las exigencias del guion. Palomino actuó de defensor en seis de las diez causas que se vieron esos días en Algodonales, pero el 23 de mayo representaría el papel de fiscal en la vista de la 206/37 en Villamartín. Y José Antonio Tabernilla Oliver, que actuó de fiscal en el juicio de los zahareños, había sido antes instructor de causas en Cádiz y en San Fernando. Aunque hubiese querido poner empeño en la defensa de los reos, el mecanismo del procedimiento sumarísimo tampoco daba mucho margen de actuación al defensor: solo se le permitía examinar el sumario durante tres horas. Por otra parte, el Consejo de Guerra calculaba que la puesta en escena del juicio no iba durar más de una hora, pues señaló las 15:00 horas del 14 de mayo para la vista de la causa 187/37 y las 16:00 para la 188/37.
Ninguno de los zahareños salió indemne de aquella pantomima judicial. El fiscal Tabernilla pidió la pena de muerte para los tres y también para cuatro de los algodonaleños. El defensor, por su parte, solicitó la absolución para Francisco Tardío, doce años y un día de cárcel para Francisco Palma y «la clemencia del Tribunal» para Juan Ramírez Naranjo. La parca y escueta acta de la vista —un folio— registra que Francisco Palma dijo que no estaba conforme con la pena que se le pedía porque no había cometido delito alguno. Los tres fueron condenados a la pena capital. En total fueron 48 las penas de muerte dictadas por el consejo de guerra durante los seis días que actuó en Algodonales. Y suponemos que lo hizo guiándose por las pautas que había marcado la Auditoría de Guerra y que —según la denuncia que luego formuló el fiscal de la Audiencia de Cádiz— incluían la recomendación de que «como regla general» todos los «milicianos rojos» debían ser «procesados y fusilados», determinaban apriorísticamente el valor de la prueba «diciendo que bastaba un solo testigo de cargo para condenar» e incluso indicaron «el porcentaje aproximado que debían conseguirse entre las distintas penas que dictara el Consejo».
La sentencia se redactó el mismo 14 de mayo, pero a los reos no se les comunicó hasta que fue firme. El auditor de guerra, el ubriqueño Francisco Bohórquez Vecina, la aprobó el 26 de mayo y tres días después llegó a Sevilla el telegrama de la Asesoría del Cuartel General del Generalísimo notificando que Franco se daba «por enterado» de la pena impuesta a Ramírez Naranjo, pero conmutaba por reclusión perpetua las condenas a muerte de Francisco Palma, Francisco Tardío y de los cuatro algodonaleños que fueron sentenciados a última pena. Los tres zahareños estaban en el depósito municipal de su pueblo cuando el 14 de junio se personaron Guillermo Torres Pons y el guardia segundo José Zarco para comunicar la conmutación de la pena a Francisco Palma y a Francisco Tardío.
Tardío y Palma ingresaron el 20 de junio en el penal de El Puerto de Santa María desde allí los trasladaron a la Colonia Penitenciaria de El Dueso en Santoña (Santander). Tardío obtuvo la libertad condicional el 21 de julio de 1943. A Francisco Palma le redujeron la condena a veinte y habría salido a principios de 1944 si hubiese sobrevivido, pero el 19 de julio de 1941, falleció de neoplasia bucal en la enfermería del centro penitenciario. Tenía 47 años. No es un caso aislado: ese mismo año murieron por enfermedad otros 237 reclusos en el mortífero penal cántabro. Entre ellos, Pedro Arenas Álvarez, uno de los algodonaleños condenados en el procedimiento sumarísimo 187/37, que falleció de avitaminosis el 16 de diciembre. En total fueron 449 los reclusos que entre 1938 y 1946 perecieron por hambre y enfermedades en El Dueso. Los más afectados fueron los procedentes de las zonas más alejadas y pobres, particularmente andaluces que desde su traslado en 1938 constituían la mayoría de la población interna de Santoña.
Francisco Palma tenía dos hermanos, Manuel y Fernando, a quienes también arrebató la vida la represión franquista. Manuel permaneció en Zahara tras el golpe, pero fue detenido el 27 de agosto de 1936 cuando se encontraba en La Alegría, estuvo preso en la Casa Nueva y fue asesinado el día 30 en Cuatro Mojones. Fernando huyó de Zahara en agosto de 1936, pero regresó cuando acabó la guerra en 1939; fue juzgado y condenado a muerte en Málaga el 13 de noviembre de 1942 y lo fusilaron en el cementerio de San Rafael la madrugada del 18 de marzo de 1943.
Bibliografía
Fernando Romero Romero y Manuel Villalba Palma: Zahara de la Sierra: Caciquismo, República y Guerra Civil, Cádiz, Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A), 2019.
