Francisco Coca Santos

Francisco Coca Santos fue el penúltimo de los diez hijos habidos del matrimonio formado por José Coca Calderón, zapatero, y Ana Santos Macías, ambos de Paterna de Rivera, donde nacieron en 1854 y 1860, respectivamente. Francisco María de la Soledad nació en Paterna el 10 de febrero de 1898, año de la pérdida de las últimas colonias del imperio español, como una premonición del trágico final que el destino le depararía. Lo hizo a las once de la mañana, en una vivienda de la calle Sol, actualmente Padre Bargeton, donde además del hogar, estaba el taller de zapatería de su progenitor. Fue bautizado el 16 del mismo mes por don Bernardo Torrejón y López, cura coadjutor de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Inhiesta, siendo los padrinos sus tíos Juan Manuel Coca Calderón y Teresa García Hernández.

            Nada conocemos de su niñez, pero no es difícil imaginar cómo sería en aquella Paterna de principios del siglo XX, con una situación social muy complicada, caracterizada por un agudo paro obrero, debido a la casi total dependencia de la actividad agraria y a lo reducido de su término municipal, recurriéndose coyunturalmente, y como alternativa de subsistencia, a la recolección y obtención de productos de temporada que la naturaleza, con más o menos bondad, quisiera suministrar, y a la esporádica contratación para el trabajo de siembra y recolección de los cultivos de secano en los cortijos de los alrededores.

            Sabía leer, y escribir con una correcta caligrafía, lo que da a entender que debió asistir al colegio, entonces un aula para niños y otra para niñas, que no alcanzaba a escolarizar a la numerosa población infantil existente. Su maestro bien pudo ser José Añeto, que por aquel entonces compartía esta importante misión con Brígida Moriana y Cana.

            Tampoco de su vida, en los años previos a la llegada de la República, se sabe gran cosa, nada de su formación política, si es que la tuvo, y algo de su actividad laboral. Parece ser que, antes de llegar a la adolescencia, aprendió el oficio de zapatero, con su padre como maestro, al igual que sus hermanos Antonio, Manuel y José. También, en un momento determinado, conoció la artesanía del sombrero, aprendida de su hermano Evaristo, antes de que éste marchara a Chiclana en el año 1915.

            En 1931 era un sombrerero y zapatero, casado en 1921 con Ana Morales García y con tres hijos: Ana María, José y María del Carmen. Como artesano, vivía modestamente, sin lujos, con las necesidades básicas cubiertas, teniendo la tienda y el taller en su propia casa, en la calle Sol.

            No se tiene certeza de sus ideas religiosas, pero sí se puede afirmar que cumplió los sacramentos católicos a nivel familiar. Se casó canónicamente, y bautizó a sus hijos, e incluso, la mayor fue confirmada en Paterna por el obispo López Criado en marzo de 1929, es decir, un par de años antes de la llegada de la República. También se puede adivinar que mientras ejerció la alcaldía o concejalía del Ayuntamiento, su relación con el párroco Manuel Barberá Saborido debió ser bastante tensa, dada la fuerte personalidad de aquél y la legislación laicista que tuvo que aplicar.

            A pesar de ver la marcha de todos sus hermanos mayores a Chiclana, excepto el tercero que lo hizo a Vejer, él vivió siempre en Paterna.

            Su inclinación política final, defensor de la República y cuanto representaba, le debió llegar, como a muchos, después de la Dictadura de Primo de Rivera, al convencerse de que la modernización de la sociedad, y en especial la más cercana de Paterna, pasaba por un cambio del régimen monárquico. Evidentemente, viviría cuando niño la actividad política de dos de sus hermanos mayores, Antonio y Evaristo, que allá por 1906, el primero como presidente efectivo y el segundo como vocal, fueron miembros de la Agrupación Juventud Federal de Paterna, de corte republicano. Su padre, José Coca Calderón, también tenía el «gusanillo» político en su interior, pues fue concejal y teniente de alcalde muchos años, hasta la Dictadura de Primo de Rivera, pero de tendencia conservadora. Sus inclinaciones políticas le venían de familia. Debió influir en ello también la convulsión política que vivían toda la Janda y Jerez, con la propagación de las ideas anarquistas y socialistas, favorecidas por una grave crisis de trabajo.

            Las elecciones de abril de 1931 volvió a instaurar en Paterna un Ayuntamiento de corte monárquico, como era tradicional en el sistema caciquil que imperaba, presidido por Gabriel Romero Cózar, que fue sustituido a los pocos días por una gestora que regiría el pueblo hasta unas nuevas elecciones el 31 de mayo, ya que se consideraba esta villa como «burgo podrido», en el que el caciquismo había impedido una libre actividad electoral.

            En esas elecciones salió una hornada de nuevos ciudadanos, alejados de los elementos conservadores tan unidos a los terratenientes, que se iban a encargar de llevar las riendas del municipio, destacando entre ellos Francisco Coca Santos y Ramón Dávila Díaz, siendo elegido aquel como el primer alcalde-presidente de la República, y el segundo, a la postre, el último de este régimen.

            Ambos, con la ayuda del resto del Consistorio, y la asunción de la alcaldía, en breves períodos, por Juan Colón Gordillo y Antonio Traverso Fernández, trajeron al régimen local toda cuanta legislación reformista se iba promulgando. Hubo un intervalo, que se inició con el levantamiento obrero de Asturias en octubre de 1934, gobernando en la nación los radicales de derechas, en el que la corporación fue cambiada por una gestora presidida por Manuel Barroso Benítez, y sucesivamente por Julio Díez Romero y Francisco García Gallo, siendo un período en el que el filántropo Elías Ahuja de Andría benefició a este pueblo con numerosas acciones, desde el envío de camiones cargados de víveres hasta la financiación de diversas obras, para hacer frente a la mayor crisis sufrida, puesto que «Paterna se moría de hambre».

            Retornando a la figura de Francisco Coca Santos, éste tomó posesión de la alcaldía el 5 de junio de 1931, presentado su dimisión el 2 de mayo de 1932, casi un año después, pero no aceptándosela la corporación a cambio le da un permiso hasta el 30 de septiembre, quedando como alcalde accidental Ramón Dávila (pero el titular seguía siendo él). Llegada esa fecha se reincorpora a la alcaldía. El 7 de diciembre de 1932 vuelve a presentar su dimisión irrevocable pero nuevamente se acuerda por mayoría no admitirla, con los votos en contra de Dávila Díaz y Traverso Fernández. En la misma sesión Dávila también presenta la dimisión, pero tampoco se la aceptan. Finalmente, en sesión extraordinaria del 13 de enero de 1933 se da lectura a un telegrama recibido del gobernador civil por el que se le ordenaba al alcalde Francisco Coca que hiciera entrega de la alcaldía al primer teniente Ramón Dávila. Como último período de ejercicio en la alcaldía, estuvo del 24 de abril al 19 de mayo de 1936. 

            Durante los períodos de alternancia con otros alcaldes, sobre todo con Ramón Dávila, se mantuvo en la corporación, ejerciendo las funciones de concejal durante cerca de mil días, resultando que en cerca de ciento cincuenta sesiones del Ayuntamiento en que fue citado, sólo excusó su asistencia en poco menos de diez, lo que denota el espíritu de servicio que le guió durante toda su vida pública.

            Des cribir y relacionar todas las decisiones tomadas en aquellas sesiones durante sus tres etapas en el gobierno del Ayuntamiento sería muy prolijo, pero a modo de resumen se podrían citar las siguientes:

► Con vista a solucionar el grave problema obrero y dada la escasez de recursos de la corporación, fue constante acuerdo unánime de las sesiones instar, ante gran diversidad de organismos públicos, la construcción de carreteras, por ejemplo la de Alcalá de los Gazules a Puerto Real, el mantenimiento y reparación de caminos vecinales, alcantarillado y adoquinado de varias calles, adecentamiento del mercado de abastos y casa consistorial, etc. La reiterada petición de subvenciones y ayudas para la construcción de grupos escolares, entre otras necesidades, y la traída del agua a la población, inversiones que finalmente fueron financiadas por la beneficencia particular de Elías Ahuja. El gestionar, a diversos niveles, la reducción de los inconvenientes de la Ley de Términos, dada la pequeñez del de Paterna, que negaba a los obreros de un municipio poder trabajar en otro, siempre que hubiera parados en él, por lo que se reunió con los alcaldes de los pueblos limítrofes, e incluso se llegó a pedir la integración, sólo a estos efectos, al de Jerez, o que toda la provincia fuera considerada como un único término.

► Apoyar y llevar a cabo las iniciativas legislativas del Gobierno de la República, como fue la separación de la Iglesia y el Estado, con la expulsión de las órdenes religiosas y municipalización de los cementerios. Apoyo a la autonomía andaluza a iniciativa de la Diputación de Sevilla.

► Vigilar la higiene y salubridad de la población, prohibiendo que los cerdos y perros sin bozal deambularan libremente por las calles, limpiando las diversas fuentes de agua potable, compatibilizando su uso por el ganado, exigiendo el control veterinario en las matanzas caseras y la venta de alimentos en el mercado de abastos, prohibición de acopios de basuras en las entradas del pueblo…

► Mejorar la administración municipal mediante la elaboración de catastros y diversos censos, traída del teléfono a las oficinas del ayuntamiento y estudio del suministro de fluido eléctrico.

            Cuando el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, Ramón Dávila era el alcalde, y aunque el ayuntamiento fue tomado en la noche por las fuerzas llegadas de Medina, el poder efectivo no estaba en manos de los golpistas, puesto que la corporación seguía ejerciendo, aunque preocupada por las noticias que llegaban por la radio. Este tenso equilibrio se rompió la noche del 23 al 24 de julio, en que se decidió por parte de numerosos paterneros entrar en acción, tomando la casa del teléfono y cercando a tiros el cuartel de la Guardia Civil, originando ello el envío de nuevos refuerzos desde Medina, que provocaron al entrar en la villa el asesinato de más de una docena de ciudadanos.

            Muchos habitantes, ante la dureza de la represión, huyeron a los campos, como habían hecho anteriormente en otras situaciones de conflicto, a la espera de que la situación se calmara, pero en esta ocasión los hechos no tuvieron vuelta atrás y se volvió irreversible. Francisco Coca se escondió a sabiendas de que, junto con otros muchos, era objetivo prioritario de los sublevados. Preocupado por la suerte que correría su familia, decidió que marchara inmediatamente a Cádiz, a refugiarse en casa de una hermana de su esposa, donde escapara del vejatorio «rapado y aceite de ricino». Eso no evitó que su casa y taller fueran saqueados, robando, destrozando y arrojando a la calle todos los enseres que contenían, utilizándose los sombreros y otros restos a modo de pelotas para patearlos. Sus tres hijos, de 14 a 10 años, quedarían marcados dramáticamente por estas circunstancias. Sin patrimonio y en la más completa indigencia, su esposa se vio obligada, para cubrir las necesidades de la prole, a «servir» en casa de una familia pudiente de la capital, que caritativamente le permitía llevarse los restos de las comidas que ella misma cocinaba para alimentar a sus hijos.

            Francisco Coca, aquella madrugada o mañana del 24 de julio, tenía claro, como otros muchos cientos, que la represión iba a ser de una crueldad inimaginable hasta entonces, así que decidió, campo a través, desplazarse a zonas más al norte, libres todavía de la acción de los sublevados. Es posible que llegara a La Sauceda, a Jimena, e incluso a Ronda, para terminar en Fuengirola, muy próximo a Málaga. Este itinerario lo iba marcando la evolución de la guerra, nacida al fracasar el golpe de Estado, caracterizada por el avance de columnas de voluntarios y falangistas, y organizados por importantes terratenientes de la provincia.

            Cabe imaginar la dureza de esta vida de fugitivo, deambulando por las trochas, siempre ante el temor de la aparición de alguna columna o patrulla de la Guardia Civil. El caso es que, en noviembre o diciembre, se instaló en el cortijo Derretío, en Los Boliches, pedanía pesquera de Fuengirola, ejerciendo su oficio de zapatero o, aprovechando sus conocimientos del cuero, reparando albardas y arreos de los animales de labor.

            Su situación sería similar a la que hoy conocemos de los refugiados, en una coyuntura bélica, de continua huida, sin noticias de la familia, pero informado por otros huidos de la dura y cruel represión que como negra huella iba dejando el avance de las tropas sublevadas.

            Así se llega a febrero de 1937, en el que el lunes 8 es detenido por carecer de cédula de identificación, por las fuerzas que ocupan Málaga. Encarcelado en la prisión provincial, declara que «es de Paterna de Rivera, afiliado a Izquierda Republicana, que carece de documentación y que no tiene armas». A la petición de informe, desde el puesto de la Guardia Civil de Paterna se remite telegrama detallando que «es concejal de este Ayuntamiento del Frente Popular, es de pésima conducta y antecedentes, figura como peligroso».

            A la vista de estos antecedentes, se le abre procedimiento sumarísimo de urgencia, uno de los primeros tras la toma de Málaga, pues su número es 36/1937, incluyendo a otras catorce personas, sin ninguna vinculación entre ellas, a no ser la coincidencia en las fechas de su detención, abundando los milicianos de diferentes columnas, como la «Vicente Ballester» o la «Confederación Española de Federaciones Anarquistas».

            En la indagatoria del juez instructor del consejo de guerra, Francisco Coca se reitera en lo declarado anteriormente, extendiéndose en que huyó de Paterna por miedo a los moros, que no pertenecía a milicias y describía el recorrido que había realizado hasta terminar en Málaga.

            Con el auto-resumen del 26 de febrero se cierra la fase de instrucción, considerando que todos los detenidos han cometido un hecho perseguido y sancionado en el bando de guerra del día de la ocupación, por lo que se procesa a los encausados.

            El instructor significa que Francisco Coca es «considerado con la misma personalidad maligna» que otro encartado del que había escrito que era «sujeto peligroso para las ideas directrices del nuevo Estado, deduciendo el Instructor esta afirmación categórica, del telegrama recibido de la Comandancia Militar... y que como prueba documental se adjunta al sumario».

            Realizada las últimas diligencias, se señala la fecha del 2 de marzo para la celebración de la vista, a las 9 horas. Fue allí y entonces cuando el fiscal mantuvo que los hechos denunciados eran «rebelión y adhesión militar», constitutivos de delito, previstos en el bando de guerra y en el Código de Justicia Militar; y sin que el teórico defensor aportara ninguna prueba de descargo, se dicta sentencia en la que los detenidos son catalogados en tres grupos. En el primero, los considerados peligrosos, en el que estaba incluido Francisco Coca, por «ser Directivo y Concejal del Frente Popular», y otros siete más, por «ser milicianos voluntarios que han prestado servicios de armas en distintos frentes contra el Ejército Nacional», son condenados a la pena de muerte. Otro grupo, integrado por cuatro milicianos, sin hechos de armas contrastados, reciben la condena «de reclusión perpetua, sustituible por treinta años de reclusión mayor y con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante la condena por adhesión a la rebelión militar»; y por último, los tres detenidos restantes, considerados por falta de pruebas, no opuestos al «movimiento salvador», son absueltos y se ordena su traslado a sus pueblos de origen a disposición de las respectivas comandancias militares.

            El mismo día 2 de marzo en que se celebra el consejo de guerra y se dicta sentencia, se aprueba su inmediato cumplimiento. La notificación a los condenados a la pena capital, mediante la lectura íntegra de la sentencia, se realiza dos día después, firmando el enterado uno solo de ellos, por negarse los demás a hacerlo, como única e inútil demostración de la injusticia que se cometía, interpretando la justicia al revés, condenando por rebelión y adhesión militar a los que se habían mantenido fieles a la República, defendiéndose precisamente del golpe de Estado contra la legalidad establecida.

            En el escueto expediente de la cárcel provincial de Málaga de Francisco Coca, sólo figura su nombre y dos apellidos, y en sus vicisitudes, con fecha 4 de marzo de 1937, se detalla que es «entregado a fuerza de la Guardia Civil para ejecución de sentencia», hecho que ocurriría al día siguiente. Este expediente está encabezado, a gran tamaño, en rojo y escrito a mano, 4-3-37 = L. N., significando esta última grafía de dos letras «Libertad Negra», una forma de expresar, con macabro sentido del humor de los funcionarios de prisiones malacitanos, el destino final del penado.

            Francisco Coca fue fusilado en los muros del antiguo cementerio de San Rafael de Málaga, ocupando su cuerpo una de las numerosas fosas comunes de su patio. Seguramente sería un frío amanecer de invierno, los brazos atados con alambre, y con 38 años recién cumplidos.

            La inscripción en el Registro Civil se realizó, por oficio de la Auditoría de Guerra, el 16 de marzo, más de diez días después de asesinado, dando esto idea del intenso trabajo administrativo que la dura represión acarreaba en la ciudad recién tomada. En el certificado de defunción como consecuencia de la muerte reza el lacónico «heridas por armas de fuego». Se desconoce a ciencia cierta cuándo la familia tuvo conocimiento de su pérdida, de hecho Francisco escribió una breve carta desde la prisión el día 25 de febrero, ocho días antes del drama, que sus herederos conservan como una reliquia, dirigida a su esposa en Cádiz, donde quita importancia a su detención, intentando justificar ésta por indocumentado y refugiado, manda sentidos y cariñosos recuerdos a sus hijos, hermanos y suegra, y menciona a modo de salvaguarda positiva para los carceleros, que seguramente leerían, su relación con dos militares paterneros adheridos a la sublevación. La misiva, que, por su gravedad, dice más de lo que escribe, debió recibirla su esposa bastante después de su muerte.

            Hoy, en donde se localizaba este cementerio, se ha levantado una pirámide conmemorativa, en memoria de los 4571 fusilados documentados, que contiene los restos de 2840 cadáveres exhumados en diez de las dieciochos fosas comunes localizadas.

            Actualmente, Francisco Coca sólo tiene un nieto como descendiente directo, que reside en Caldes de Montbui (Barcelona), con 55 años de edad y llamado Antonio José Zampalo Coca, hijo de María del Carmen Coca Morales, fallecida en 2015, la menor de sus hijas. Sus otros dos hijos, Ana, la mayor, murió con 27 años de tuberculosis en el sanatorio de Chiclana, y el mediano, José, murió viudo a los 68 años en Cádiz, no dejando ninguno de los dos descendencia.

            Valga esta reseña biográfica de Francisco Coca Santos como modesto homenaje para salvar del olvido y honrar la memoria de quienes padecieron violencia e injusta persecución, por defender los valores democráticos, por razones políticas o ideológicas.

Fuentes: Datos obtenidos en el Archivo de la Parroquia Ntra. Sra. de la Inhiesta, en el Archivo Municipal y en el Registro Civil de Paterna de Rivera; en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla; en el Archivo de la Prisión Provincial y Registro Civil de Málaga; así como en diversas publicaciones de José Luis Gutiérrez Molina, y las aportaciones de Juan F. Moreno Castro.

Primer apellido: 
Coca
Segundo apellido: 
Santos
Nombre: 
Francisco
Municipio: 
Paterna de Rivera
Provincia: 
Cádiz