Fernando Casanova Ramírez nació en Villamartín (Cádiz) el 19 de junio de 1919, hijo del matrimonio formado por Juan Casanova Castro y Ana Ramírez Oliva, del que también nacieron Juan, Juana y María, una humilde familia campesina que habitualmente trabajaba para el abogado y propietario Fernando Romero Vega. Al proclamarse la II República los tres hijos varones, cuyas edades oscilaban entre los 22 y 25 años, se afiliaron a organizaciones sindicales y políticas de izquierdas. Fernando y Juan ocuparon puestos de responsabilidad en las organizaciones obreras locales. Fernando militaba en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) desde que se constituyó en Villamartín a inicios de 1932; aquel mismo año fue procesado por agresión a la fuerza armada y tan conocido era su activismo que cuando en mayo de 1933 fue clausurado el centro anarco-sindicalista por orden del gobernador civil, como medida preventiva ante la convocatoria de una huelga nacional por la central sindical, Fernando fue uno de los cinco militantes detenidos junto con la directiva. El centro anarco-sindicalista fue objeto de reiteradas clausuras, lo que condujo a que numerosos militantes se aproximasen desde 1933 a la Casa del Pueblo, principalmente a las Juventudes Socialistas, que por su talante radical era la organización donde mejor se encuadraban quienes procedían de la CNT. Fernando Casanova fue uno de aquellos anarco-sindicalistas que acortaron distancias con los socialistas y en diciembre de 1935, mientras la CNT continuaba clausurada, fue elegido miembro de la Junta Directiva de la Unión General de Trabajadores (UGT) y en mayo de 1936 formó parte de la comisión nombrada por la UGT para redactar las bases de trabajo del verano. También su hermano Antonio fue socio de la UGT y perteneció al Partido Comunista durante dos meses, probablemente al legalizarse la agrupación local tras la victoria electoral del Frente Popular en 1936. Su otro hermano, Juan, también pertenecía al Partido Comunista; en febrero de 1936 representó a los comunistas en la comisión para redactar el programa de acción común de las organizaciones obreras y en junio fue miembro de una comisión nombrada por la UGT para negociar con el alcalde la restricción del uso de máquinas segadoras en las faenas de recolección.
Cuando el 18 de julio de 1936 se conoció la sublevación militar contra el Gobierno de la República, la izquierda villamartinense adoptó medidas para evitar que los partidarios del golpe se hiciesen con el control del municipio. Se pretendió neutralizar a la dotación del puesto de la Guardia Civil, que se había adherido al golpe militar, y a los vecinos de derechas que pudieran unirse a ellos. Grupos de obreros armados intentaron asaltar -sin éxito- el cuartel de la Guardia Civil, patrullaron las calles para evitar la concentración de derechistas y practicaron registros en domicilios particulares y casas de campo para desarmarlos. Con estas acciones encaminadas a preservar el control del pueblo se mezclaron otras, de carácter vandálico si se quiere, pero que deben entenderse como manifestación de las luchas y odios de clase que afloraron violentamente cuando se produjo el golpe: el incendio y saqueo de los domicilios de Francisco Romero Morales y Vicente de los Ríos Trujillo, el asalto a la taberna de Ramón Morales Andrades y la tentativa no consumada de incendiar la iglesia parroquial.
Los hermanos Casanova se vieron obligados a huir de Villamartín cuando las noticias del triunfo de la sublevación en Cádiz y Jerez de la Frontera revelaron inútil toda resistencia. Antonio y Fernando lograron escapar, pero Juan fue capturado en la finca La Mata, entregado el 30 de julio al Juzgado Militar Eventual de Jerez de la Frontera y fusilado sin formación de causa. Más de un centenar de villamartinenses fueron fusilados a partir de julio de 1936. Entre ellos, la hermana de nuestros protagonistas, Juana Casanova Ramírez, y su esposo Manuel Zapata Jiménez.
Fernando y Antonio habían marchado hacia Montellano y de allí a Ronda. Fernando, siempre más activo que su hermano, se alistó voluntario a las Milicias Antifascistas de Ronda, con las que operó en Antequera, Alcalá del Valle, Cortes de la Frontera, Casares y Málaga. Antonio pasó a Málaga tras la consquista de Ronda por los sublevados y allí se incorporó a la 55ª Brigada del Ejército Popular de la República. Ambos hermanos sobreviveron a la conquista de Málaga y lograron alcanzar Almería, donde también Fernando se encuadró en el Ejército Popular, pero siguieron caminos distintos. Antonio estuvo destinado a Sierra Nevada, Motril y Valencia, donde sirvió en la 221ª Brigada y posteriormente en la 222ª Brigada de Carabineros. Fernando, tras un período de instrucción en Terque (Almería) y un tiempo de convalecencia en el Hospital-Balneario de Fortuna (Murcia), donde fue intervenido de una hernia, pasó al frente de Teruel con la 52ª Brigada y tras permanecer dos meses en Valencia ingresó en el 14º Batallón de Obras y Fortificaciones; en Madrid se puso a las órdenes del villamartinense Antonio Piña Pérez, comandante del 140º Batallón de la 60ª Brigada, con destino en el sector clínico de la Ciudad Universitaria. Los hermanos Casanova fueron encarcelados al finalizar la Guerra Civil: Fernando estuvo preso en el Campo de Concentración de El Pardo, Antonio se entregó a las autoridades militares al ser ocupada Valencia y ambos recibieron salvoconducto para trasladarse a Villamartín, donde el antiguo edificio de la Cilla había sido habilitado como cárcel para los combatientes republicanos que desde principios de abril de 1939 regresaban a su pueblo natal.
Veinticinco presos procedentes de la zona republicana estaban recluidos en la Cilla de Villamartín en julio de 1939. Los hermanos Casanova permanecieron en ella hasta que el 18 de noviembre fueron trasladados a la Prisión del Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda. Durante los siete meses de presidio en Villamatín permanecieron a disposición de la Auditoría de Guerra, mientras se instruía contra ellos un sumario por delito de rebelión militar. Las diligencias previas a la instrucción sumarial comenzaron el 18 y 19 de mayo, fecha en que el guardia primero José Pérez Vergara, comandante accidental del puesto de la Guardia Civil, instruyó sendos atestados en los que constaba información facilitada por diversos vecinos sobre la conducta social y política de los Casanova. Los atestados fueron entregados a los jueces militares a quienes se encomendó la instrucción de los sumarios: el seguido contra Fernando se confió al teniente de Artillería Cristóbal Esteban Soler.
Contra Fernando Casanova testificaron Curro Calle, Francisco Romero Morales, Vicente de los Ríos, José y Ramón Morales Andrades, José Cruz Estrada, el médico Luis Mozo Carrancio, Rafael Regordán Gil, J.A. Vázquez Santaella y el sargento de la Guardia Civil Victoriano Meco Rodríguez. Las acusaciones eran, aparte de las generalidades habituales sobre su talante izquierdista, extremismo y peligrosidad, similares a las que recayeron sobre su hermano. Se dijo que alentó a incendiar la iglesia y las casas de los derechistas más significados, que dirigió e intervino en el incendio y saqueo del domicilio de Francisco Romero, intervino en el asalto a la taberna de Ramón Morales, arrebató una escopeta a Luis Mozo cuando éste se disponía a entregarla en el cuartel de la Guardia Civil, se incautó de escopetas en las fincas Mediana y Santa Lucía, que se personó con Antonio López Holgado (a) Vallejo en el domicilio de José Cruz para apoderarse de una escopeta y cuando les fue negada (a) Vallejo amenazó al propietario “que ya volvería más tarde por la escopeta y por su cabeza“, etcétera. Fernando Casanova respondió afirmativamente, sin reparos, cuando se le interrogó acerca de su pertenencia a la CNT, UGT y PC, alistamiento en las milicias rondeñas y servicios en el Ejército Popular de la República, pero negó la mayor parte de las acusaciones sobre su intervención en los sucesos de julio de 1936 en Villamartín; sólo admitió haberse apoderado de algún dinero en el domicilio de Francisco Romero, pero no de armas, y acompañar al grupo que arrebató las escopetas a Vázquez Santaella, pero sin intervenir en la incautación. A su favor declaró un yerno de Fernando Romero Vega, el también abogado y ex concejal del Partido Radical José Ruiz Trujillo, quien dijo que “siempre el inculpado se había distinguido por sus ideas extremistas avanzadas pero que en la noche del diez y ocho de Julio de mil novecientos treinta y seis y en ocasión de acercarse un grupo para con intención de saquear la casa del suegro del declarante oyó decir al inculpado que se marcharan de allí y que al menos por aquella noche lo respetaran, cosa que obedeció el grupo de revolucionarios“, pero a continuación añadió que “dicho grupo se había destacado de la casa de Dn. Francisco Romero Morales que ya estaba ardiendo y hace suponer que en la quema de dicha casa se encontraba también el inculpado“. No es éste el único caso que conozco donde la declaración de los testigos solicitados por el encausado contiene manifestaciones perjudiciales para éste, circunstancia que lleva a preguntarnos si no ocurriría que aquéllos desconocían que eran los propios encausados quienes habían solicitado su comparecencia ante el Juzgado Militar; desconocer el motivo de su citación habría impedido una defensa decidida del encausado, propiciando declaraciones cautas y ambiguas como la de José Ruiz.
Cuando Fernando fue trasladado a la Prisión del Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda ya había sido dictado el de procesamiento, se había elevado al Consejo de Guerra Permanente de Cádiz el auto-resumen y se habían declarado conclusa las sumaria. Sólo restaba esperar el juicio, que se celebró el 28 de diciembre en Sanlúcar. El Consejo de Guerra estuvo presidido por el comandante Rovira Torres y fueron vocales el capitán García Trujillo, capitán Doña Toledo y teniente Torres Barea; actuó como ponente el capitán del Cuerpo Jurídico Francisco Casas Ochoa. En el juicio no intervinieron testigos de la acusación ni de la defensa, el procesado se encontró solo frente al cortejo militar en cuyo poder obraba el sumario instruido en Villamartín. La defensa solicitó la absolución, pero el Consejo de Guerra los condenó a 20 años de prisión. Su hermano Antonio también fue juzgado el mismo día y condenado a la misma pena. Las sentencias consideraban tanto la actividad política durante la República, como los actos de oposición al golpe militar en Villamartín y la prestación de servicios en el ejército enemigo, tipificando aquellos hechos como constitutivos de delito de Auxilio a la Rebelión Militar. Es lo que se ha venido a llamar “justicia al revés“, porque es el poder nacido de la Otros cinco villamartinenses fueron juzgados el mismo 28 de diciembre en Sanlúcar: el socialista José Redondo Soto, Esteban Reyes Sánchez y José Perea Méndez fueron absueltos, Pedro Domínguez Carretero fue condenado a 12 años y 1 día de prisión y el anarco-sindicalista Manuel Holgado Román a 20 años. Los hermanos Casanova estuvieron encarcelados en la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera, desde donde Antonio fue trasladado a la Provincial de Toledo; en 1943 y 1944 residían en la provincia de Jaén en régimen de libertad condicional con destierro y un año después, en 1945, habían regresado a Villamartín
