Militante libertario desde su juventud en tiempos de la República, tras el golpe militar del julio de 1936 fue miliciano al servicio del Comité de Defensa de la localidad y soldado de la 77 Brigada Mixta del Ejército Popular durante la guerra. Hecho prisionero al finalizar la contienda pasó varios meses en un campo de concentración antes de regresar al pueblo. El verano de 1946 formó parte del grupo de naveros que logró reconstruir de manera clandestina la organización local de la CNT.
La vida se le truncó definitivamente la tarde del 12 de marzo de 1948, tras ser detenido por un grupo de fuerzas de la Guardia Civil compuesto por los guardias segundos Francisco Ruiz López-Romero, José Vacas Freire y Antonio Ruiz Gómez, miembros de la Sección 1ª del Servicio de Persecución de Huidos concentrada en San Calixto (Córdoba) bajo el mando del teniente del cuerpo Rufino Auñón Oñate.
Aquella misma noche sería asesinado tras serle aplicada la infame «ley de fugas», en el kilómetro 12 de la carretera que une Las Navas con la aldea cordobesa de San Calixto. Según el informe de la autopsia practicada por el forense de Hornachuelos Joaquín Sanjurjo San Millán, el cadáver presentaba las heridas siguientes: Una con entrada por escápula derecha y salida por región clavicular del mismo lado y otra con entrada por región posterior del muslo derecho y salida por cara anterior del mismo muslo. Además de las citadas, el cuerpo de Enrique presentaba otras dos heridas en la cabeza que hablan de una ejecución en toda regla: una con entrada por región occipital y salida por región frontal derecha y otra con entrada por región raquídea y salida por región laríngea.
Al día siguiente su cadáver fue inhumado en una fosa común del cementerio de San Antonio de Hornachuelos (Córdoba), localidad en cuyo Registro Civil fue inscrita su defunción en el Libro 119, folio 257 de la sección correspondiente.
La ejecución de Enrique Muñoz habla a las claras de la política de terror dispuesta por los responsables de la lucha antiguerrillera en la comarca, así como de la desaforada aplicación de la infame ley de fugas por parte de las fuerzas armadas a su servicio y el ansia de recompensas y condecoraciones de los esbirros del régimen.
Según los guardias los hechos sucedieron al tratar Enrique de darse a la fuga junto a su compañero y paisano José Muñoz Muñoz. Más todo ello no dejaría de ser una burda patraña montada por los guardias para ocultar la naturaleza del crimen. En realidad, y según quedó acreditado durante la instrucción del sumario, la persona del tal José Muñoz nunca existió.
Por las declaraciones de José Antonio Fernández García (el Sillero), vecino de calle de Enrique Muñoz ante el Juez que le tomó declaración en la prisión de Córdoba el 28 de noviembre de 1948, sabemos que todo lo declarado por los guardias ante el instructor de los hechos no fue sino una mentira para disfrazar el asesinato.
Según José Antonio Fernández, sobre las 10 de la noche del día 12 se presentó en su domicilio de la calle Cánovas el vecino de San Calixto Antonio Castillejo Expósito, apodado Realines, con el que había estado trabajando en un rancho de carbón en la finca «El Águila» para que lo acompañara al citado pueblo con la excusa de hacer la ficha del trabajo realizado. Pese a sus reticencias por lo intespectivo de la hora decidió acompañarlo ante la insistencia de aquel, emprendiendo la marcha hacia San Calixto observando que en el mismo camino que ellos llevaban y a una distancia de unos cuarenta pasos por delante caminaban cuatro individuos de paisano y como a unos doscientos metros de la salida del pueblo el grupo de cuatro se paró y al llegar ellos a su altura varios de los componentes del grupo comenzaron a disparar sus pistolas sobre el declarante y otro muchacho ante lo cual emprendió veloz huida logrando escapar de sus perseguidores.
Por su parte, Antonio Castillejo Expósito (Realines), en su declaración ante el Juez diría: que habiendo sido detenido a primeros de marzo acusado de facilitar víveres y refugio a la guerrilla en su rancho carbonero, el día 12 se personó en el domicilio de José Antonio Fernández García en Navas tras llegar al pueblo acompañado por un grupo de guardias civiles de San Calixto vestidos de paisano.
En realidad podemos situar de forma clara el asesinato de Enrique Muñoz Agudo como parte de una operación de castigo y terror orquestada por los mandos del Servicio de Persecución de Huidos en la zona para vengar la muerte del falangista y confidente de la Guardia Civil de Hornachuelos Antonio Coina a manos de un grupo de guerrilleros del 150 Batallón de la 3ª Agrupación Guerrillera la tarde del 22 de febrero de ese mismo mes. Operación que tan solo en el mes de marzo acabaría con las vidas de otros tres vecinos de la comarca: Antonio Salado (Hornachuelos, 17 de marzo), José Díaz Sánchez (Navas de la Concepción, 23 de marzo) y Antonio Camacho Invernón (Navas de la Concepción, 27 de marzo).[1]
[1] Todos los datos utilizados en el presente texto provienen de la documentación que aparece en las Causas 311/48 (legajo 66, n º 12) y Causa 368/48 (legajo 693, nº 10115) del Archivo del Tribunal Territorial Militar Segundo de Sevilla.
