Elicio es una variante romana del nombre griego Eliseo que significa “el que atrae los rayos del cielo”, y no fueron precisamente celestes los que fulminaron la vida de Elicio Serrano García. Hijo de albañil, paleta él mismo, terminó siendo secretario de ayuntamiento, librero, fabricante de tintas y lápices, vendedor de material escolar y editor de tarjetas postales, además de destacado militante de la izquierda republicana. Había nacido en la localidad albaceteña de Cotillas el 12 de agosto de 1887 y fue asesinado, en el cementerio de la población jienense de Baeza, el 12 de junio de 1940. Tenía 53 años, y las balas que segaron su vida las mandó a su corazón una sentencia de la justicia del terror golpista. Le consideraban autor de un delito de “adhesión a rebelión militar” con agravantes. Fue uno de los cinco concejales asesinados del ayuntamiento sanluqueño, sin contar el alcalde.
¿Cuáles eran los hechos que merecían la máxima pena? En primer lugar, sus antecedentes y afiliación, “desde antes” del golpe de Estado, al PSOE. En segundo lugar, haber actuado “destacadísimamente” a favor de los “marxistas” en los pueblos donde había ejercido de secretario municipal. En tercer lugar, su intensa actividad como “perseguidor” de la religión católica. En cuarto lugar, haber alentado a las masas a cometer “crímenes”, tras la derrota del golpe de Estado, en la localidad jienense de Jabalquinto. Por último, en quinto lugar, asistir a la reunión en la que se decidió la muerte de nueve derechistas de ese pueblo jienense y haber ejecutado a uno de ellos. Al considerarlos probados, Elicio Serrano resultaba ser un “individuo peligroso” y de “gran perversidad” cuyo castigo no podía ser otro que la muerte.
Pero, ¿qué había de verdad en tal descripción? Pues muy poca. Que había sido secretario municipal, que había intentado aplicar políticas progresistas en el marco de la legalidad republicana y que, si había estado presente en la reunión donde se acordó la muerte de los derechistas de Jabalquinto, no quedaba claro cuál había sido su papel y, mucho menos, parecía que hubiera asesinado a nadie. Más bien lo contrario. Por lo demás, no había pertenecido al PSOE, ni había alentado a la comisión de “crímenes”, ni parecía ser el furibundo anticlerical que describían las autoridades golpistas, ya consolidadas por la victoria en 1939. De todas formas, poco importaba la veracidad o falsedad de las acusaciones. Elicio Serrano debía morir, como tantos otros, por encarnar lo que querían aniquilar los golpistas. Tenía muchas papeletas para ser alcanzado por los rayos de la limpieza social que pregonaban desde el verano de 1936 y que llevaron a cabo hasta convertirla en un holocausto social.
1. El librero republicano. Sanlúcar de Barrameda, 1924-1936
Elicio Serrano García había llegado a Sanlúcar en 1924 procedente de Hellín, en Albacete, ciudad en la que había trabajado de empleado en un comercio y ocupado temporalmente la secretaría municipal. Tenía familia en la localidad y en la cercana Jerez. Llevaba la representación de una agencia de publicidad entre cuyos clientes se encontraba la, entonces muy conocida, editorial Compañía Ibero-Americana de Publicaciones y el diario ABC.
Llegó casado con Adriana Sáez Suárez con la que tenía tres hijos: Alicia, Adrián y Emilia. Primero tuvo la concesión de la venta de prensa en la estación de ferrocarril. Después se hizo cargo de un quiosco en la plaza del Cabildo que, más tarde, trasladó a una primera librería situada en la Rinconada del Sarmiento, al final de la calle Ancha. En 1928, gracias a su esfuerzo, tal como reconocieron los propios golpistas, abrió un nuevo comercio de papelería, librería y prensa en el número 4 de la calle Ancha, muy próximo al cabildo. En esa misma casa tenía su domicilio. A partir de entonces, la librería Eguìlaz, en honor al escritor sanluqueño, fue un referente del comercio local. Sus escaparates fueron frecuentemente lugar de propaganda de las ideas reformistas de su propietario. Hasta el punto de que el local terminó convirtiéndose en uno de los centros de reunión de republicanos y socialistas de la población. Un hecho que le atrajo la animadversión de las derechas locales que llegaron, como aseguró Elicio al secretario municipal Rafael Otaolaurruchi, a abrir otra librería para hacerle la competencia. Además de lograr que le fuera retirada la venta de la prensa conservadora.
Aunque los informes golpistas lo presentan desde ese momento como un “demagogo” izquierdista, parece más cercano a la realidad que Elicio Serrano, al igual que millones de españoles, se sintió cada vez más alejado del régimen monárquico, de sus derivas económicas, de su resquebrajado y corrupto sistema político y de su integrista marco social y ético. Así parecen indicarlo las declaraciones de hellineros y sanluqueños que lo recordaban como una persona caballerosa, servicial, recta, de “orden y trabajadora” y un “industrial de conducta honorable” y honrada. Por tanto, no debe extrañar que, a punto de finalizar la década de los veinte, al compás de la degradación de la dictadura de Primo de Rivera y de la monarquía que le daba cobertura, terminara incorporándose a las filas republicanas. Algo parecido le sucedió a Niceto Alcalá Zamora, varias veces ministro de Alfonso XIII y, después, presidente del gobierno provisional republicano y primer jefe de Estado de la Segunda República.
No alcanzó Elicio Serrano tan altas magistraturas, pero sí un destacado puesto en el republicanismo sanluqueño. Hasta el punto de que formó parte de la candidatura republicana-socialista a las elecciones municipales de abril de 1931. Su ascendencia debía de ser importante porque, suspendido el triunfo monárquico al considerarse que se debía a un “pucherazo”, fue nombrado gestor en la comisión que gobernó la población hasta la celebración de unas nuevas elecciones en mayo. Y volvió a destacar, ahora ya como primer teniente alcalde, en la nueva corporación que tomó posesión del cabildo el 5 de junio encabezada por el socialista Manuel Ruiz Delgado. Siempre como militante del Partido Republicano Autónomo. El grupo que aglutinaba, al igual que en otras muchas poblaciones, a las diferentes corrientes del republicanismo de la ciudad.
Ocupó el cargo de teniente alcalde durante apenas un mes, pero dejó una huella tan marcada que los informes golpistas se encargaron de recordarlo ocho años más tarde. ¿Por qué? Primero porque Serrano intervino en el acto de constitución del nuevo ayuntamiento “atacando a sus predecesores”. Después, porque defendió la municipalización del servicio eléctrico, gestionado por la empresa “Andaluza Eléctrica” cuyo mayor representante era Celedonio del Prado Mosquera. Un ataque en toda regla a los intereses económicos de los propietarios locales. Finalmente, porque reavivó la discusión sobre el destino del legado que un prócer local había dejado, a comienzos del siglo XIX, para la educación de los jóvenes sanluqueños y que se había empleado en la construcción de un seminario. Tres actuaciones que utilizaron los golpistas para calificar a Elicio García como un “extremista”, “marxista” y “anticlerical”. Aunque nada dijeron de la intervención que tuvo a favor de los patronos durante la discusión de las bases de trabajo de los obreros del puerto de Bonanza. Un retrato que se perfilaría negativamente con su actuación en zona gubernamental a partir de julio de 1936.
La finalidad última de caracterizar a Elicio como un marxista extremadamente peligroso era la de imputarle hasta nueve asesinatos para justificar su ejecución. En el camino quedaban, convenientemente escondidas su militancia republicana, su negativa a participar en el expediente al secretario derechista y la razón de su marcha de Sanlúcar a Jabalquinto a causa de su regreso a la carrera administrativa por cuestiones personales. Respecto a la primera hay que señalar que las fuentes documentales indican que, hasta 1936, estuvo en las filas de grupos republicanos. Tras el Autónomo local pasó a las del Partido Radical-Socialista para, en 1936, pertenecer a la Izquierda Republicana de Manuel Azaña. Después, ya en Jaén, tras el golpe de Estado se incorporó durante unos pocos meses al Partido Comunista de España. Un caso tampoco extraño. Otros muchos republicanos se afiliaron al partido que, desde muy pronto, levantó la bandera de dique del proceso revolucionario en marcha.
Desconocemos las razones que le llevaron a confirmar en sus declaraciones su pertenencia al PSOE sanluqueño. La documentación municipal lo desmiente. Quizás se debe a su dimisión como primer teniente de alcalde en julio de 1931 y su reincorporación a una secretaría municipal. Sabemos que concursó, en diciembre de 1932, y que obtuvo la plaza de la población abulense de San Martín de la Vega. Puesto que no ocupó porque permaneció en Sanlúcar y Jerez al frente de sus negocios y como concejal del ayuntamiento. De lo último fue cesado, por orden gubernativa, el 5 de octubre de 1934, tras los sucesos insurreccionales asturianos que tuvieron cierta repercusión en la localidad. Cuando recuperó la condición de edil, tras el triunfo electoral del Frente Popular, mantuvo su afiliación republicana. Fue uno de los ocho concejales de IR del ayuntamiento sanluqueño que presidió el socialista Bienvenido Chamorro Merino.
En realidad, la razón por la que su hija Alicia se hizo cargo de la librería y la renuncia a la secretaría abulense de Elicio García se debió a una serie de circunstancias personales. En 1932 falleció su primera mujer. Después se casó de nuevo con Francisca Suárez, también viuda y con dos hijos. Ambos tendrían otro hijo juntos, Lucas. En 1933 abrió un nuevo establecimiento en Jerez, en la también céntrica calle José L. Díaz. Allí se establecería con su nueva esposa dejando a su hija a cargo del negocio sanluqueño. Elicio Serrano abandonó Sanlúcar, para siempre, en marzo de 1936. Marchó a la población jienense de Jabalquinto para ocupar su secretaría municipal. No podía imaginar la convulsión que iba a comenzar cuatro meses después y que se llevaría por delante a sus hijos. El servicio de información de la Falange sanluqueña decía en 1939, que ninguno de ellos había sufrido “rencor ni persecución”. Una vez más mentían. El ayuntamiento reconocía que la librería estaba vigilada porque, si bien era cierto que sus propietarios “habían modificado sus tendencias”, continuaba siendo un “centro sospechoso” en donde se reunían antiguos izquierdistas. De nuevo se omitía que la librería había permanecido un tiempo cerrada y que Alicia había sido rapada. También omitían que su sobrino David Fiteni Serrano, chófer en el ayuntamiento, había sido condenado a 20 años de prisión y que otro había desertado de las tropas golpistas en el frente de Ronda.
2. El único secretario municipal “marxista” de la provincia de Albacete
Cuando declaró ante el instructor del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia (PSU) abierto contra Elicio Serrano, el abogado Antonio Pretel Vázquez, residente en la población albaceteña de Bienservida donde el acusado había ejercido de secretario municipal, dijo que tenía constancia de que había sido el único de tal cuerpo “consagrado a la causa roja”. No sabemos la certeza de tal afirmación pero no dejaba de reflejar su actuación como persona comprometida con el reformismo republicano, tanto antes como después del golpe de Estado de julio de 1936.
Según ha constatado José Antonio Viejo en la documentación municipal sanluqueña, el 8 de marzo quedó registrada su baja y traslado a Jabalquinto. Si se da crédito a los informes de los vencedores y de sus denunciantes, los cinco meses que pasó en ella hasta julio de 1936 fueron una sucesión de acciones a cada cual más extremista: se convirtió en uno de los jefes de los izquierdistas, destacó en la persecución de derechistas y desahogó su anticlericalismo con medidas contra del culto que alcanzaron repercusión nacional. Sin embargo no parece que fuera así. Es más probable que continuara aconsejando al ayuntamiento, prestándole su asesoramiento administrativo, que realizara una política reformista e intentara encauzar la nueva situación. En todo caso, como parece indicar su trayectoria entre julio de 1936 y abril de 1939, se ajusta más a la realidad definirlo como una de las miles de personas “devoradas” por la revolución provocada por el fracaso del golpe de Estado.
Entre las medidas que los golpistas señalaron como indicio de su extremismo estuvo la aprobación de una ordenanza que permitía el cobro de tasas por actos públicos de carácter religioso. Un acuerdo que Serrano García consideró propio de las competencias municipales. En mayo de 1936, José Escribano Gay, uno de los derechistas asesinados en agosto, enterró a un familiar mediante el rito católico. Serrano fue encargado de tramitar el cobro de la tasa correspondiente. El hecho saltó a la prensa derechista nacional que transformó el asunto en ejemplo de las políticas anticlericales del gobierno del Frente Popular. Intervino el gobernador civil quien ordenó que se devolviera la tasa cobrada.
El golpe de Estado apenas se dejó sentir en Jabalquinto. Las autoridades controlaron la población rápidamente y las sociedades locales de CNT y UGT actuaron de forma conjunta. Durante los días siguientes se procedió a la incautación de diversas fincas que se reorganizaron de forma colectiva. También se colectivizaron los cinco molinos de aceite del lugar, se convirtió la iglesia en almacén, se instruyeron milicianos, se registraron las casas y se detuvieron a algunos de los más significados derechistas de la localidad. De inducir, participar y protagonizar estos actos fue acusado Elicio. Resulta difícil calibrar hasta donde llegó la implicación del secretario en el proceso revolucionario. El hecho es que continuó en la secretaría hasta diciembre de 1937 y que ingresó en el PCE local, de cuya secretaría se hizo cargo durante algunos meses. También parece constatada que su salida de la población se debió a diferencias con el alcalde socialista Pedro Romero Rodríguez. En cualquier caso fueron dos las principales acusaciones que le hicieron y que terminaron por llevarle a la muerte: una su participación en el saqueo e incendio de la iglesia; otra asistir a la reunión en la que se decidieron los asesinatos de nueve derechistas y ejecutar personalmente a uno de ellos.
En diciembre de 1937 abandonó Jabalquinto para trasladarse a Albacete. En la capital provincial ocupó una plaza de contable en el consejo de administración de la Delegación de Fincas Incautadas. La entidad que el ministerio de Agricultura republicano, a través del Instituto de Reforma Agraria, había creado para encauzar la oleada de ocupaciones producidas durante el verano de 1936. No llegó a fin de año en el puesto. El primer día de 1938 ya estaba de secretario en Bienservida, una pequeña localidad del antiguo Señorío de las Cinco Villas cercana a Cotillas, su población natal. Allí permaneció algo más de tiempo que en la capital provincial. Sin embargo, a los cuatro meses debió abandonar el pueblo precipitadamente. Los vecinos se habían amotinado cuando conocieron los presupuestos municipales que había ideado, y las cargas tributarias que conllevaban los mismos. El gobernador civil tuvo que enviar un camión de guardias de asalto y detener a una quincena de vecinos a los que impuso multas de diversas cuantías. Después, a partir de abril de 1938, ocupó la secretaría de Pétrola, otra pequeña localidad albaceteña. Apenas un mes pudo quedarse en el lugar. Nuevamente el descontento popular le obligó a marcharse cuanto antes.
El fin del conflicto le cogió en El Robledo, a cuya secretaría había llegado unos meses antes. Dos semanas permaneció en el pueblo sin saber muy bien qué hacer. Finalmente, el día 15 entregó la secretaría a las nuevas autoridades y decidió marchar, según decían, a algún lugar de Andalucía con su familia. Testimonios familiares indican que estuvo en Sevilla, ciudad a la que volvió el 13 de mayo para recoger a su familia. La Guardia Civil, que tenía vigilado su domicilio, le estaba esperando. A la una del mediodía fue detenido y encarcelado. Primero en el propio pueblo y, después, en la Prisión de Partido de Alcaraz. La maquinaria de la justicia del terror se había puesto en marcha el 29 de abril. Ese día la Guardia Civil de Jabalquinto había abierto un atestado para analizar la denuncia que, cinco días antes, le había llegado a través del Delegado de Información e Investigación de la Falange local. Hasta su muerte en la tapia del cementerio de Baeza permaneció en prisión. Primero en la de Jaén, a donde fue trasladado el 1 de junio de 1939 y, después, a la baezana cuando se decidió que fuera el Consejo de Guerra de esta localidad el que se ocupara de la instrucción del procedimiento que se sumó al que se abrió primero en Alcaraz y el otro, más tarde, en Jaén.
Según los informes de las nuevas autoridades en todas las localidades por las que había pasado era recordado, como un extremista peligroso, que frecuentaba la Casa del Pueblo, y que había tenido una “mala actuación”, agravada por ser persona de “cultura superior” a la de las masas marxistas. Un “perseguidor de personas honradas” como lo definió un vecino de Jabalquinto a quien le habían incautado un automóvil. Tampoco había sido mejor su conducta personal. En Bienservida dijeron que había intentado desahuciar a una familia de su casa para ampliar sus oficinas, que procuró que las raciones de comida no llegaran a las familias derechistas y que se llevó a su casa un aparato de radio que estaba en el ayuntamiento. Un propietario de esta localidad llegó a decir que le había oído afirmar que tenían que haber asesinado a medio centenar de derechistas. Otro de El Robledo aseguró que había dicho que era preciso incautar el 80% del término municipal. Además de que el posadero que le albergó cuando llegó a esa localidad insistió en sus deseos sanguinarios de eliminar, en este caso, al 95% de los robledanos a los que consideraba fascistas.
Pocos datos tenemos para conocer realmente cual fue la actividad y el comportamiento de Elicio García entre 1936 y 1939. No cabe la menor duda de que se mantuvo fiel al gobierno republicano, se puso a las órdenes de las autoridades y se acomodó a la nueva época que se abría. También parece que se vio envuelto en la conflictiva situación del territorio gubernamental. En él coexistieron diversos proyectos. Desde el revolucionario, catalizado a través del mundo anarquista y ciertos sectores del socialista, hasta el republicano de mantener el Estado de 1931, pasando por el del PCE que encontró la ocasión perfecta para abrirse paso en la sociedad española en la que, hasta entonces, había tenido una muy limitada presencia. El partido comunista jugó además a ser “partido de orden” ante los sectores más extremistas. De ahí que se atrajera a cientos de miles de personas desconcertadas y asustadas ante los profundos cambios acontecidos y la violencia que, en ocasiones, les acompañaba.
Es posible que, detrás de su accidentada carrera en las secretarías municipales, estén las luchas entre los sectores señalados. Así parece indicarlo su afiliación al PCE y los conflictos que tuvo con las autoridades munícipes socialistas. Habría que investigarlo con detalle. Apenas contamos con una carta que escribió a su primo Dámaso García Álvarez y algunos de los testigos que declararon a su favor. La primera la envió desde Cotillas, en junio de 1938. Estaba en su casa familiar a la espera de nuevo destino. En ella se quejaba de que temía que le prepararan otra “corrida” como las de Bienservida y Pétrola. Un hecho que era lamentable cuando, creía, que habían vencido sus postulados. Se sentía desilusionado por el rumbo de los acontecimientos hasta el punto de que pensaba que no merecía la pena ser revolucionario. Ni siquiera los desórdenes y atropellos que había denunciado habían merecido la atención de las autoridades. Así que había decidido marcharse a Valencia para enrolarse en la Brigada de Fortificaciones o, si su primo aceptaba, intentar entrar juntos en una granja colectiva.
¿Cómo interpretar estas líneas? Resulta difícil por la complejidad de los hechos y la escasez de datos. Puede ser que expresen la encrucijada en la que se encontraba alguien que creía en el proyecto reformista emprendido en 1931 y que, a pesar de sus intentos de situarse, se veía superado por el camino abierto durante el verano de 1936.
3. La justicia del terror le atrapa en su red
La principal acusación contra Elicio Serrano fue la de haber participado en los asesinatos de los derechistas de Jabalquinto aunque hubo otras. Sabemos que la eliminación de los denunciados implicaba un proceso de anulación de su humanidad, y su transformación en una alimaña carente de cualquier rasgo humano. En este caso destacaban las de haber sido un peligroso dirigente marxista por su influencia en las masas obreras; de haber participado en las incautaciones y “desmanes” que siguieron al fracaso del golpe de Estado en Jabalquinto y de haber inspirado y encabezado actos anticlericales. Fueron estas últimas las que siguieron en importancia para decidir su asesinato. A pesar de lo que aseguraron varios vecinos él siempre negó que estuviera entre los asaltantes de la parroquia y su destrucción. Incluso uno de los vecinos declaró que “había oído decir” que, cuando vio que no había vecino que se atreviera a quemar la imagen de Jesús Nazareno, patrón de la localidad, la cogió, la desnudó y la tiró diciendo que solo era un trozo de madera. Por el contrario Elicio aseguró que fue él quien, en compañía de un alguacil y antes del asalto, recogió las imágenes, incluida la del Nazareno a la que le quitó el manto por considerarlo de poco valor, la plata, los libros y otros objetos de valor, y los llevó a la secretaría municipal en donde quedaron a resguardo.
Pero si la acusación anticlerical formaba parte de la campaña para presentarlo como una persona carente de cualquier tipo de sensibilidad, la de la participación en los crímenes le aseguraba la muerte. De ahí que, conocedor de lo que se jugaba, negó en un primer momento que hubiera asistido a la reunión celebrada la noche del 14 de agosto en el edificio municipal y en la que se decidieron los asesinatos. Sin embargo terminó por reconocer su presencia, aunque aseguró que no participó en la decisión y, mucho menos, viajó en el camión hasta Linares en cuyo cementerio los derechistas fueron acribillados. En una declaración jurada que envió a su familia tras su detención, narró que fue llamado por el alcalde, que acudió y al ver de lo que se iba a tratar recriminó a los presentes lo que tramaban y se marchó a su casa.
El instructor del procedimiento no se atrevió a considerar probada la participación de Elicio en los crímenes. Sólo que había estado en la reunión. Pero no había podido comprobar su intervención directa en las muertes. Por el contrario, la sentencia del consejo de guerra que presidió Fernando Hueso Rubio, sí consideró demostrado que asesinó a Martín Merlo de la Fuente Puyol. Lo más seguro es que no sólo no asesinara a nadie, sino que ni siquiera participara activamente en las muertes y que se opuso, como él mismo escribió. Pero ya daba igual. La verdad, aunque fuera la judicial, no figuraba entre las prioridades de la justicia del terror de los vencedores. Sí lo era la eliminación del antiguo adversario ya vencido en 1939. Como tantos otros acontecimientos de aquellos años, hoy 75 años más tarde parece muy difícil una reconstrucción fidedigna. Las mentiras, las leyendas, la desaparición de documentación y protagonistas la convierten en una empresa casi imposible. Es lo que parece ocurrir en este caso. Veámoslo.
La denuncia que llevó a su detención la realizó un vecino, avalado por otros dos. En ella se decía que Elicio Serrano había sido un elemento peligrosísimo de ideas izquierdistas, un gran propagandista del marxismo con gran influencia sobre las masas obreras de la población, y el inductor del asesinato de nueve derechistas, decidido en una reunión secreta celebrada en el ayuntamiento la madrugada del 14 de agosto de 1936. Elicio negó, en su primera declaración en El Robledo, no ya la asistencia a la reunión sino que las muertes las hubieran llevado a cabo jabalquinteños. Habían sido obra de “personas extrañas al pueblo”. No es extraño que actuara así. Era lo habitual cuando no se conocían exactamente ni las acusaciones ni, por supuesto, los acusadores. No sabía que uno de los vecinos había asegurado, además, que había estado entre los que se habían desplazado hasta la cercana Linares para llevar a cabo los asesinatos. Una circunstancia que habían confirmado los informes enviados por el ayuntamiento y la Falange. Cuando la denuncia llegó al Consejo de Guerra de Jaén, el instructor, Miguel Cruz Cuenca, llamó a declarar a otros dos vecinos. Uno de ellos, al que le había sido incautado un automóvil el verano de 1936, añadió que, el acusado, no solo había asistido a la reunión y viajado a Linares, sino que también había sido el autor material de una de las muertes. Mientras que la Guardia Civil se limitó a asegurar que había participado en la reunión.
A principios de junio, ya en la Prisión Provincial de Jaén, Elicio volvió a negar que hubiera estado en la reunión. Aunque en aquel momento reconoció la participación de vecinos en los asesinatos. Había sabido de lo ocurrido por el propio alcalde, a quien había respondido que le parecía muy mal ya que debían ser los tribunales de justicia los que debían encargarse de esas cuestiones. Además dijo que quienes habían ido a Linares habían sido el alcalde y otros dos concejales y dio los nombres de dos vecinos que podían avalar su conducta. Sin embargo su declaración fue confrontada con la de Juan José González Martínez, el oficial del ayuntamiento que había sucedido a Serrano en la secretaria municipal de Jabalquinto en 1938. Éste amplió el número de personas asistentes a la reunión, incluyéndose él mismo como a Elicio. También señaló que allí se decidió que cada uno matara personalmente a un derechista. Sin embargo no sabía si su antecesor lo había hecho, ni si había ido a Linares con los milicianos. Se fue a su casa antes. Tras el careo, Serrano reconoció que, en efecto, había estado en la reunión, que se había decidido que cada uno asesinaría a un detenido y que a él le había tocado hacerlo con Martín Merlo de la Fuente, secretario del Juzgado Municipal. Se había negado y marchado a su casa.
Tampoco resultaron muy favorables a su caso las declaraciones de otros nuevos vecinos que comparecieron. Ni siquiera la que presentó uno de los que él mismo había propuesto. El otro no pudo hacerlo por estar detenido en Jabalquinto. Dijo que ignoraba que hubiera participado en los asesinatos, pero que por ser dirigente rojo bien pudiera haberlo hecho. Elicio comenzaba a darse cuenta de la tupida red de araña en la que se encontraba atrapado y de las dificultades que encontraban quienes podían ayudarle a romperla para informar sin prejuicios. Ni podían, ni se atrevían a hacerlo por miedo a las represalias. Así que decidió dar los pasos para romperla él mismo. Desde la prisión jienense envió al instructor un escrito en el que solicitaba que se realizaran diversas diligencias que aclararan cual había sido su conducta. Los informes que se estaban realizando según le constaban, estaban “llenos de pasión” o los llevaban a cabo personas que ni siquiera lo conocían. También remitió a su familia una declaración jurada en la que negaba la acusación. Estaba destinada a gestionar apoyos.
Además pidió que le volvieran a tomar declaración a Juan José González Martínez, el único testigo directo de su presencia en la reunión, para que aclarara si era verdad que tenía tanta ascendencia sobre el alcalde y otros dirigentes obreros locales o si, por el contrario, había tenido fuertes diferencias con la alcaldía, que terminaron con su dimisión y abandono de Jabalquinto, por sus denuncias sobre el desorden y la falta de responsabilidad que existía; que si era verdad que hubiera robado algo o si, por el contrario, en realidad no sólo no se había quedado con nada sino que también había protestado por los atropellos cometidos lo que le valieron amenazas y hasta una manifestación ante su casa en la que le llamaron fascista y, finalmente, si no fue para protegerlas el motivo por el que sacó las imágenes y enseres de la iglesia y guardó en la secretaría municipal. Aunque la cuestión más importante que planteaba estaba relacionada con la famosa reunión y los asesinatos. Pidió que González certificara que si había estado en la reunión había sido, como él, porque el alcalde se lo pidió para que fuera testigo de lo que ya se había acordado; que cuando sacaron a los detenidos, de cuyo local sólo tenía llave el alcalde, él estaba a más de cien metros y que se fue a casa. Pero González Martínez no pudo declarar. Se encontraba en la prisión jienense y fue fusilado antes de que pudiera añadir nada nuevo a la declaración que había hecho unos meses antes.
Quienes sí lo hicieron fueron Juan Tebar Trejo y Antonio Caruana Amador, otros jabalquinteños también encarcelados. Ambos estaban acusados también de participar en los asesinatos. Sus declaraciones fueron contradictorias. Tebar dijo que Serrano no tuvo ninguna participación. Por su parte, Caruana afirmó todo lo contrario. Uno y otro, como ocho de los nueve nombrados como asistentes a la reunión, fueron considerados implicados en las muertes de los derechistas y terminaron fusilados entre febrero de 1940 y junio de 1941.
En resumen, el instructor tenía la denuncia primera que no aportaba más pruebas salvo que “era notorio en el pueblo”, “que se lo había oído decir a los rojos” o que “como dirigente marxista bien pudiera haberlo sido”. Después estaba la reconocida asistencia del secretario a la reunión, aunque horas antes de que se decidieran las muertes y su negativa a participar en ellas. También estaban las declaraciones contradictorias de algunos de los participantes sobre su actuación: si había sido citado como testigo, actuado como inductor o intervenido directamente en las muertes. Además estaban los informes de las autoridades franquistas –ayuntamiento, Falange y Guardia Civil- a los que el acusado desautorizaba por estar llenos de pasión y firmados por quienes ni siquiera conocían al acusado. Incluso hubo quien retrotrajo la preparación de los asesinatos a fechas anteriores al golpe de Estado. Elicio Serrano García había llegado a Jabalquinto para “quitar de en medio a quienes estorbaban” al Frente Popular. Cuando había realizado el trabajo, con los asesinatos y demás desmanes, se lo “habían quitado de en medio”. Una argumentación muy en la línea de las justificaciones según las cuales la ilegitimidad de la Segunda República había comenzado en febrero de 1936, que los golpistas buscaban para legitimar su acción.
Consciente de las contradicciones y la debilidad de las pruebas, el instructor no se atrevió a declarar probada la acusación. Solo lo hizo respecto a su asistencia a la reunión porque así lo había reconocido Elicio. No compartió el acusador del consejo de guerra la opinión del instructor y pidió la condena de muerte, petición que atendió el tribunal en su sentencia. Serrano estaba condenado a muerte desde su detención. Pero no lo fue sólo por su supuesta participación en unos asesinatos. Los golpistas perseguían tanto la eliminación física de sus adversarios como la pérdida de su perfil humano de modo que fueran recordados no ya como adversarios sociales y políticos, sino como ladrones, corruptos y sectarios. De ahí que la condena recogiera tanto su actuación prevaricadora a favor de los “marxistas” como la de “perseguidor” de la iglesia católica. Tampoco hay que olvidar, como el propio Elicio indicó a su familia, que, en los pueblos ocupados en 1939, los vencedores estaban realizando una verdadera guerra de represalias y cometiendo auténticas tropelías. De poco valieron sus esfuerzos por recabar testimonios favorables. Su salvación, en todo caso, no dependía de ellos. Quizás de otras circunstancias que en este caso no se produjeron. De todas formas lo intentó: escribió a sus familiares indicándoles quienes, podían declarar a su favor o intervenir ante las autoridades. También pidió al instructor que tomara declaración a una serie de personas de los pueblos en los que había estado como secretario y de otros lugares, como Sevilla y Cádiz, con las que había tenido relaciones comerciales. Tampoco tuvo demasiada suerte. Algunos ni siquiera respondieron a las peticiones de ayudas. Otros, como vecinos de Bienservida, Pétrola y Robledo, insistieron en que no era cierto que lo hubieran considerado fascista. Al contrario, destacaron su extremismo. En Sanlúcar de Barrameda hubo quienes señalaron su actuación “pública y personal” anticatólica, sectaria y propia de un “izquierdista rabioso” que le había llevado a colocar en su comercio letreros de extrema izquierda.
También las hubo favorables. Entre las más concisas y claras estuvo la del comerciante de máquinas de escribir sevillano Carlos Schiffer. En seis líneas decía conocer personalmente al acusado con el que había mantenido relaciones comerciales y amistosas, que le consideraba una persona de orden y de conducta y moralidad intachable y honrada. La misma línea que siguieron Esteban Rincón Jacinto, el propietario del restaurante sevillano Los Gabrieles, y Fabián Delicado Solera, un carabinero destinado en Sanlúcar y que en 1939 estaba en Sevilla.
Hubo otras personas a las que se les notaba si no el miedo, sí la precaución. El gaditano Leopoldo Cortés escribió a Francisca Suárez, la segunda esposa de Elicio, comunicándole que Alicia, la hija del primer matrimonio, le había dicho que su padre había sido detenido. Le pedía que confiara en que iba a ser tratado con justicia. Sabía que era “socialista” pero también que en la relaciones comerciales que había mantenido con él había apreciado su caballerosidad y no le creía capaz de cometer crímenes. El consignatario y agente de aduanas de Sanlúcar de Barrameda José María Ruiz Martínez, recordó su intervención en el conflicto del puerto de Bonanza en 1931, eso sí tras señalar que su conducta destacada había estado en consonancia con su “socialismo de izquierda”. Un caso llamativo fue el de Francisco España Viejo, sacerdote y profesor de un colegio sanluqueño.
En una carta que escribió en junio de 1939, a petición de los hijos del acusado, decía que le conocía desde hacía muchos años porque estaba encargado de las compras de material escolar para el centro donde trabajaba, en la papelería que poseía Elicio. Que siempre le había visto como un hombre de orden, servicial y que favorecía al colegio a pesar de saber que era “plenamente católico”. Una actitud que mantuvo tras su conversión al izquierdismo cuando se proclamó la República. Además afirmó que, en Sanlúcar, se había creado enemigos entre sus compañeros por su rectitud a la hora de actuar y deseos de sanear al ayuntamiento. Finalmente no le creía capaz, aunque no había sabido nada de él tras su marcha a Jaén, de “mancharse de sangre”. España declaró ante el juez dos meses después, a finales de agosto. Ahora sus afirmaciones fueron mucho más comedidas. Insistió en el carácter comercial de sus relaciones y matizó que el buen concepto que tenía de él “había decaído” tras su izquierdismo republicano. Eso sí, influido “más bien por la voz pública que por lo que notara en él”. Una finura argumental que le dejaba a salvo de cualquier mala interpretación que los vencedores pudieran hacer. Nunca se sabía. En España el miedo campaba a sus anchas.
4. El asesinato
El tribunal franquista vio el PSU (Procedimiento Sumarísimo de Urgencia) de Elicio Serrano García el 24 de febrero de 1940. La vista fue breve. El defensor intentó rebajar la petición del acusador reconociendo los hechos pero considerándolos como “auxilio a la rebelión militar”. Doce años pidió. Elicio tomó la última palabra para ratificar sus declaraciones anteriores. Después los miembros del consejo de guerra se retiraron a deliberar. La sentencia fue la pena de muerte. Los peores pronósticos se confirmaban como el propio Elicio había asegurado a su familia. El acusado volvió a la prisión y los trámites burocráticos comenzaron a correr. Como tampoco se detuvieron los intentos por salvarle la vida. Todo fue inútil, el 23 de abril el fallo fue aprobado por la Auditoría y remitido, al tratarse de una pena capital, al jefe del Estado español, Francisco Franco. Un mes más tarde, el 21 de mayo, se recibió el “enterado” que significaba que se daba vía libre para su cumplimiento. Otra veintena de días pasaron hasta que, a las diez de la noche del miércoles 12 de junio, entró en “capilla” en la misma prisión de Baeza. Durante las horas siguientes escribió unas cuartillas de despedida para su familia en las que insistía en que no debían avergonzarse de nada de su vida y que iba a morir con la conciencia tranquila. También les pedía que procuraran conservar los negocios y que reclamaran el reloj, la petaca, la cartera y algunos papeles.
A las 5 de la mañana del jueves 13, Elicio Serrano caía muerto por los disparos de un piquete de la Policía Militar de Vanguardia adscrito a la 3ª Compañía del 14 Batallón del Regimiento de Infantería nº 6 de guarnición en Baeza. Su cadáver, tras ser reconocido por el médico Carlos Sierra Salvatella, fue enterrado en la fosa nº 1 del Patio 3º del cementerio municipal de la población jienense. La justicia del terror se había cobrado una nueva víctima.
Fuentes
Para la realización del presente texto se han utilizado las siguientes fuentes y bibliografía. En primer lugar la documentación, fotografías e informaciones que me han proporcionado los nietos de Elicio Serrano, Elicio y Adrián Serrano, a quienes agradezco su amabilidad y total disponibilidad. Además, del Archivo Histórico del Tribunal Militar Segundo de Sevilla los PSU abiertos contra Elicio Serrano García (Plaza de Baeza 21078/39, legajo 98/3991) y David Fiteni Serrano (Plaza de Cádiz 197/37, legajo 1252/31551). Los ejemplares 7.4.1931 y 17.12.1932 de la edición madrileña de ABC. Los textos de José Antonio Viejo Fernández, “Sanlúcar de Barrameda en el gobierno del Frente Popular. Antecedentes de la Guerra Civil española” en Nicolás Alcalá Ortiz (coordinador), Niceto Alcalá Zamora y su época, Patronato Alcalá Zamora-Diputación Provincial Córdoba, 1998, pp. 559-573, La Segunda República en Sanlúcar de Barrameda (1931-1936), Sanlúcar de Barrameda, ASEHA, 2011 y “Bienvenido Chamorro Merino. Último alcalde republicano de Sanlúcar de Barrameda en la Segunda República”, en Santiago Moreno Tello (coordinador), La destrucción de la Democracia: Vida y muerte de los alcalde del Frente Popular en la provincia de Cádiz, Sevilla, Junta de Andalucía – Diputación Provincial de Cádiz, 2012, vol. 2, pp. 319-337. Además de los de José Herrador Haro, “Guerra civil y juicios sumarísimos en Linares (1936-1945) en HAOL, n. 18 (invierno 2009), pp. 141-150 y Varios Autores, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Jaén, Jaén, Diputación Provincial-Junta de Andalucía, 2007. Por último, las informaciones proporcionadas por correo electrónico por José Antonio Viejo y Antonio Salgado a quienes les doy mis más profundas gracias.
