La documentación municipal que existe de él es muy escasa, aunque formó parte de la candidatura de Izquierda Republicana en las elecciones municipales del 31 de mayo de 1931, que como se sabe, se celebraron un mes y medio después de impugnarse en muchos pueblos las del 12 de abril. Esta formación, abanderada en Sevilla por Diego Martínez Barrio y unida a nivel estatal al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, surgió de manera meteórica en Los Corrales para los comicios de mayo. La compusieron antiguos monárquicos, encabezados por Ramón Marín Torrejón, reconvertidos a toda velocidad en republicanos, junto a otros vecinos sin trayectoria política, como fue el caso de Antonio Rueda.
El resultado de mayo arrojó una ajustada victoria para los nuevos republicanos frente a los socialistas, y Ramón Marín, seguido de Antonio Rueda, se convirtieron en alcalde y teniente de alcalde respectivamente. Sin embargo, la derechización de Lerroux y su participación en el gobierno del Bienio Negro produjo en 1934 una escisión dentro de sus filas. Martínez Barrio fundó Unión Republicana y se quedó en Sevilla con buena parte del ala izquierda del republicanismo. Ramón Marín continuó fiel a Lerroux en el PRR y Antonio Rueda se afilió a Unión Republicana.
El Frente Popular, tras la victoria en las elecciones generales de febrero de 1936, destituyó a los alcaldes de derechas y lerrouxistas, en contestación a lo mismo que estos habían hecho durante el gobierno de la derecha (1934-1935), sustituyéndolos por comisiones gestoras, hasta que se celebraran elecciones municipales. Por tanto, Ramón Marín fue obligado a traspasar la vara de mando a su anterior teniente de alcalde, en medio de un ambiente tenso, favorable al cambio en las mismas puertas del ayuntamiento. Estas circunstancias ahondaron aún más una división entre ambos que tendría fatales consecuencias para Antonio Rueda un año después.
De la gestión municipal durante los seis meses que siguieron a la toma de posesión, muy poco se puede aportar. La desaparición de las actas capitulares desde finales de 1933 hasta la implantación de la nueva comisión gestora fascista en octubre de 1936 dejó muchas lagunas. Además el Ayuntamiento quedó prácticamente paralizado desde el golpe de Estado del 18 de julio.
Lo novedoso en este artículo a lo ya publicado en su día en Los Corrales. Referencias históricas de un pueblo andaluz son las aportaciones extraídas del consejo de guerra, aparecido unos años después de la citada edición.[1]
Las diligencias se iniciaron en Osuna el 12 de marzo de 1937 y su contenido aclara y concreta algunas cuestiones que en la publicación de Los Corrales aparecían confusas por falta de esta documentación.
Sobre lo ocurrido entre el 24 de febrero de 1936, día de la toma de posesión de Antonio Rueda, y el 24 de junio de 1937, día de su fusilamiento en las tapias del cementerio de Sevilla, del consejo de guerra se puede extraer lo siguiente:
Antonio Rueda hizo el mismo recorrido que los demás vecinos del pueblo. El 7 de septiembre de 1936, tras darse la voz de alarma con gritos de ¡que vienen los fascistas¡ y con campanadas efectuadas por un grupo que vigilaba desde la torre de la iglesia, se llevó a su familia a Campillos, pasando por Martín de la Jara. Posteriormente, huyó a Carratraca y luego a Coín, donde el juzgado de aquella localidad les buscó una casa. Estuvo trabajando dando portes hasta que le requisaron el camión. Después se dedicó a vender bebidas y dulces entre ambas poblaciones, hasta que fue detenido el 1 de marzo de 1937 en Coín. Se comunicó el hecho al cuartel de la Guardia Civil de Los Corrales y el teniente, Pedro García Escobar, «Don Pedro el Teniente», bien conocido en la zona por su cinismo y ansiedad represiva, se trasladó allí para reconocerlo y conducirlo a la prisión de Osuna el 10 de marzo. Dos días después comenzaron las diligencias bajo la instrucción del citado teniente.
En el encabezamiento del expediente, «Don Pedro» define a Antonio Rueda como «marxista, principal dirigente del movimiento revolucionario y responsable de los sucesos desarrollados», con lo que cabe imaginar que no va a haber ningún tipo de contemplaciones en la condena.
En el interrogatorio el alcalde declaró que votó al Frente Popular y que estaba afiliado a Unión Republicana. Igualmente afirmó que cuando se produjo la destitución de Ramón Marín fue en mutuo consenso con los miembros del partido socialista Juan Antonio Reyes Cano y Gonzalo Izquierdo Heredia, así como con los de Unión Republicana José Martín Gallardo y Manuel Cordón Lozano, tras la gestión que se hizo con el delegado gubernativo y ordenar este por escrito el traspaso de poderes.
Ramón Marín se negó a entregar la vara y hubo que volver a Sevilla a por una nueva orden que ya fue efectiva, firmada por el gobernador Ricardo Corro Moncho.
A Antonio Rueda se le acusó también de denunciar a un teniente que se presentó al mando de varios guardias civiles, días después de la toma de posesión, y que al parecer maltrató a algunos obreros, sin embargo argumentó que él estaba ausente en aquellos momentos y que fue su teniente de alcalde Juan Antonio Reyes, el Coco, quien cursó la denuncia.
Otra de las acusaciones contra el alcalde se basaba en que no respetó la orden del 20 de marzo del ministro de la Gobernación, por la cual se obligaba a la entrega de armas personales en el cuartel. Según el informe, Antonio Rueda guardaba una pistola que le había regalado su primo Juan Velasco Martín, a lo que respondió que el propio comandante de puesto le dijo que la conservara.
Sobre los hechos ocurridos el 24 de junio en el paseo de la calle de La Jara, donde se produjo un tiroteo y fueron detenidos varios miembros de derecha por la agresión, a Antonio Rueda lo acusaban de ordenar que solo le dieran de comer bacalao crudo y sin agua. El alcalde argumentó que eso era totalmente falso e inventado, y que, muy al contrario, a los presos se les llevó comida y agua que le suministraron los propios familiares.
El consejo de guerra cita que los detenidos fueron Juan Mangas Écija por desacato a la autoridad, Ramón Marín por tenencia ilícita de armas y Francisco Márquez y Ramón García Lavado por los hechos ocurridos el 24 de junio, día de San Juan. En este suceso se nombra a un tercer miembro, Carlos Lobatón Serrano, «Carlillo el americano», pero que huyó aquella misma noche y se refugió en el cortijo Gobantes.
Tras el golpe, el camión de Antonio Rueda era el que transportaba productos requisados en cortijos y graneros de Los Corrales a Málaga, para cambiarlo por otros necesarios para consumo de la población, un hecho que el teniente Pedro García Escobar añadió también como delito. El alcalde respondió: «El único camión disponible que había era el mío y el comité de abastecimiento, compuesto por Juan Jiménez, Juan Gracia Lozano y Miguel Briales, me encargaron esa tarea». Añadió que solo fueron cuatro viajes de habas, que solo se intervino lo que se necesitaba, que se vendieron mediante un corredor y con el dinero de la venta «compraron comestibles para el abastecimiento del pueblo».
Los hechos ocurridos el 21 de agosto, tras la primera ocupación de Los Corrales, la muerte de dos vecinos hermanos, uno de ellos afiliado a Falange, y el asalto al cuartel de El Saucejo, constituían también graves acusaciones en las que implicaban al alcalde. Antonio Rueda volvió a argumentar que ese día estaba ausente en Campillos y, según sus noticias, los autores de la muerte de Francisco Muñoz Haro y su hermano Juan José habían sido milicianos de Teba. También dijo que Francisco Reyes Gallardo y José Izquierdo Heredia le entregaron el fusil que los falangistas le habían dado a Francisco Muñoz el día 21 de agosto, después de encontrarlo enterrado en paja. Esta arma, según sus palabras, la entregó después en Campillos.
En cuanto a la muerte del propietario Juan Durán, ocurrida el 29 de julio, en las declaraciones de Antonio Rueda, se aclara una cuestión que estaba en duda en la publicación de Los Corrales, ya que no se sabía si había llegado a estar preso junto a los detenidos de derechas. Efectivamente, el alcalde afirma que se encontraba detenido junto a Paco el Dulcero, de El Saucejo, y que él mismo dio la orden para que lo pusiesen en libertad, una decisión que enfureció a varios del comité de defensa, que fueron a buscarlo de nuevo y después se produjo la persecución y muerte relatada en la citada publicación.
Acerca del asalto a la iglesia y destrucción de imágenes, también fue señalado como participante. Sin embargo lo negó rotundamente, confirmando que gracias a su intermediación puso a salvo al cura José Román Garrido y a su familia, trasladándolos a Martín de la Jara. De igual forma manifestó que con el resto de detenidos procuró desde el primer momento que no se les maltratara, que incluso negoció con ellos su puesta en libertad. También declaró que el comandante de puesto de Los Corrales, antes de macharse a concentrarse al cuartel de El Saucejo, le entregó las llaves del cuartel de Los Corrales para que cuidase del edificio y que así lo hizo hasta que ocuparon la primera vez el pueblo, registraron su casa y se llevaron las llaves. Así terminaba el interrogatorio.
Ese mismo día en Los Corrales se le tomaba declaración a Ramón Marín, quien afirmó que Antonio Rueda, durante la campaña electoral en febrero de 1936, «hizo una activísima propaganda en favor del Frente Popular, ejerciendo coacciones y empleando todos los medios a su alcance legales y extralegales para conseguir el triunfo». También lo acusó de no entregar las armas personales que tenia y de «junto a Juan Antonio Reyes –el Coco–, practicar en las afueras del pueblo el tiro al blanco, sin duda preparándose para la lucha que se avecinaba».
Sobre los sucesos del día de San Juan, lo hacía responsable, según dijo, «con el fin de detenerlo y de eliminarlo fuera como fuera». Igualmente afirmó que estando detenido junto a otros, Antonio Rueda dio la orden de no llevarles comida, solo bacalao crudo sin agua y de cama una manta. Que finalmente le llevaron comida gracias al secretario del Ayuntamiento.
Sobre los días que estuvieron presos añadió que «las turbas apedrearon la cárcel, no cesaron de insultarnos e intentaron prender fuego con gasolina, y así estuvimos hasta que nos trasladaron a Osuna acusados de fascistas».
Ramón Marín culpabilizó a Antonio Rueda de los viajes a Málaga con mercancía, acusándolo de «saquear tiendas y todas las casas de personas pudientes».
En cuanto al día de la ocupación definitiva en septiembre, dijo que el alcalde intentó organizar en Martín de la Jara una «fuerza roja» para hacer frente a la columna del comandante Redondo. En los demás hechos también lo hacía responsable, si no de forma directa, sí de manera indirecta, de la muerte de Juan Durán, detenciones de personas de derechas, saqueos, recogidas de armas y destrucción de imágenes. «Cuantos actos vandálicos realizaran las turbas en este pueblo —afirmó— fueron con su anuencia y consentimiento».
A continuación declaró Francisco Lobatón Durán, quien había sido nombrado alcalde de la comisión gestora tras la ocupación de Los Corrales, un cargo que ostentó durante dos meses. Buena parte del texto de la declaración es casi calcado al de Ramón Marín, aunque añade que en los sucesos de la noche del 24 de junio, además de los citados anteriormente, también intervino Antonio Cárdenas Cárdenas por los falangistas y por los socialistas, los apodados los Marrorros. Culpa a éstos de los disparos efectuados, aunque es una contradicción que precisamente los heridos por arma de fuego fueran los que Francisco Lobatón señala como los autores. De Antonio Rueda dice que «no solo autorizaba los asaltos sino que él mismo acompañaba a las turbas». Sobre la muerte de su tío Juan Durán, declaró que momentos antes el alcalde había estado con él en su casa: «y después se marchó al cortijo El Álamo y tardó unos días en volver, lo que prueba que sabía que lo iban a matar». En parecidos términos habló sobre las muertes de Francisco y Juan José Haro Muñoz. «Antonio Rueda no tomó parte directa en las muertes, pero si indirectas porque fue el que dijo a las turbas que había que matarlos». Declaró también que «golpeaba las puertas de los propietarios con un fusil para abrirlas y saquearlas y por la noche hacía disparos para que la gente se asustara y cerraran las puertas».
Ese mismo día hubo más declaraciones como las de Rafael Márquez Becerra, natural de El Saucejo, herrero de profesión y padre de Francisco Márquez Palacios, exculpando a su hijo de participar en los sucesos de la noche de San Juan, y señalando a Antonio Rueda como autor y responsable de todo.
Otros declarantes suavizan el tono de los acusaciones y comentan asuntos de menor importancia, como Juan Rodríguez Escama y Manuel Carrero Luque. También fueron interrogadas las viudas de Francisco y Juan José Muñoz Haro, que hicieron declaraciones calcadas señalando a otros miembros del comité de defensa como los autores de las muertes de sus maridos.
Por su parte el comandante de puesto Teófilo Sánchez declaró sobre Antonio Rueda: «Este sujeto se puso abiertamente en contra del glorioso movimiento nacional, capitaneando las masas que asaltaron las casas de las personas de derechas».
El 9 de abril de 1937, en Osuna y ante el juez militar Santos Bozal Casado, el alcalde fue sometido a una nueva declaración indagatoria. La mayoría de sus afirmaciones ya fueron hechas el 12 de marzo anterior, aunque añadió algunos datos al expresar que cuando se enteró por la radio de la sublevación militar, se puso en contacto con el comandante de puesto de Los Corrales para evitar alteraciones de orden público, pero al día siguiente, en el cuartel, recibieron la orden de concentrarse en El Saucejo, un traslado que él mismo hizo con su camión. Por ese motivo, el comandante de puesto le entregó las llaves del cuartel.
Al día siguiente también volvieron a declarar en Los Corrales, Francisco Lobatón Durán, Ramón Marín Torrejón, Manuel Carrero Torrejón, las dos viudas de los hermanos Muñoz Haro, Manuel Nozaleda Torrejón y Dolores Martínez González, ratificando todas las acusaciones.
A partir de entonces sus familiares intentaron por todos los medios pedir firmas y ayuda. Hablaron con las autoridades del pueblo, con los falangistas y con el párroco José Román por haberle salvado la vida. Todos se negaron a interceder. Incluso algunos de los más destacados derechistas que puso en libertad el 27 de julio de 1936
El 22 de abril, el comandante de infantería Antonio Olmedo, encargado de su defensa, redactó un escrito de súplica absolutamente humillante que hizo firmar a Antonio Rueda. El documento no tiene desperdicio para obtener una ligera idea de la mentalidad con la que se impartía la justicia en las comandancias militares.
En este documento, Antonio Rueda cita para que presten su testimonio, como último recurso, a una serie de personas de derechas, entre las consideradas personas de orden, esperando de ellas la influencia suficiente para librarle de la pena de muerte, pero las declaraciones de estos fueron muy breves y escuetas sin aportar mayores argumentos, ateniéndose solo a darse por cumplidos tras haber sido puestos en libertad gracias a la orden de Antonio Rueda después de cuatro días detenidos. Francisco Carrero Luque, dijo que «era un hombre de buenos sentimientos». José María Gutiérrez García afirmó que no sabía nada de su conducta, pero que estando preso se portó bien con ellos. Francisco Abad Hidalgo testificó que no se había portado mal, que frenó los excesos de los otros y que se portó bien con él estando preso. Francisco Lobatón Durán se ciñó a lo expresado ya anteriormente en dos ocasiones. José Orihuela Humanes dijo que observó buena conducta en el tiempo que lo conoció. Juan Mangas Écija afirmó que Antonio Rueda los puso en libertad y acompañó a varios hasta su domicilio, pero que le había entregado bebidas que el alcalde no le abonó. Julián Durán Muñoz dijo que todo el tiempo estuvo metido en su casa y no vio nada. Finalmente, ni el cura José Román, ni su cuñado Fernando Rueda, ni el secretario del Ayuntamiento, Antonio de la Orden, se prestaron a dar su testimonio.
Tras este proceso Antonio Rueda Martín fue conducido a la prisión provincial de Sevilla, donde permaneció varias semanas. Al amanecer el 24 de junio de 1937 le llevaron un cura a confesarlo antes de ser ejecutado, pero según varios testimonios el religioso recibió una patada en los testículos que casi acaba con su vida. Seguidamente fue llevado a las tapias del cementerio, donde cayó fusilado con otro grupo de presos.
Finalmente, la ropa del que fuera el último alcalde republicano de Los Corrales, se le entregó a la familia mediante un jareño. Un testimonio afirmó que entre las tapas de la suela del tacón de una de las botas dejó metido un pequeño papel que contenía los nombres de sus acusadores.
Fuente
M. Velasco Haro (coord.): Objetivo Ronda. La represión en la Sierra Sur de Sevilla y en las comarcas de Antequera y Ronda. Aconcagua Libros, 2014.
[1] Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, Sº 9/37, legajo 23/440.
