Nacido y vecino de Zalamea la Real (Huelva), en 1939 tiene 28 años, está casado y tiene un hijo. De profesión minero, en el sumario instruido en la plaza de Riotinto el 26 de noviembre de 1939 figura que es de malos antecedentes, que se afilió a la CNT y que tomó parte en los hechos delictivos cometidos en Zalamea la Real durante la denominación marxista, poseyendo armamento, efectuando registros domiciliarios y realizando detenciones, robos e incendios; formó parte del grupo que dio muerte a un vecino de Zalamea la Real, a un padre y su hijo en la sierra de Berrocal, y a un anciano en Valverde del Camino; después huyó a la zona roja y se enroló voluntario en el Ejército marxista hasta que fue hecho prisionero en Manzanares (Ciudad Real). Por estas acusaciones el Consejo de Guerra lo condenó a reclusión perpetua, pena que le fue conmutada por la de 30 años.
Destinado a redimir pena en las minas de Almadén, ingresó en su prisión el 17 de julio de 1940 procedente de la provincial de Huelva. El 13 de noviembre de este año se escapó con otro recluso en el trayecto de la cárcel a la mina, cuando se dirigían a trabajar en las labores subterráneas. Su búsqueda no da resultado y las autoridades dan por hecho que se ha unido a los huidos de la sierra. Seis meses después, Antonio es detenido por la Guardia Civil en la serranía de Huelva al ser sorprendido robando en una finca. Reclamado con urgencia por el Juzgado Militar de Almadén, es enviado de vuelta a su prisión el 25 de junio de 1941. Siete meses ha durado su libertad y ahora se enfrenta a un juicio sumarísimo por fuga, quebrantamiento de condena y traición. Mientras dura la instrucción, lo mandan de nuevo a Huelva para ser juzgado por hurto y robo con nocturnidad. El 11 de julio es condenado a 18 meses de prisión, pero eso no es nada para lo que le espera en Almadén, donde se halla ya el 27 de agosto. Trasladado a Ciudad Real, el Consejo de Guerra Permanente lo condena a muerte y Antonio es fusilado en la tapia del cementerio de Ciudad Real el 28 de abril de 1943.
Ni siquiera avisan a su mujer de su ejecución y tiene que ser el alcalde de Jabugo, donde ella reside ahora, el que escriba al director de la prisión de Ciudad Real para que le envíe el certificado de defunción, en el caso de que, como supone su familia, le haya sido aplicado el bando de guerra. Pero la desorganización de la justicia militar es tal, que el propio comandante militar de Ciudad Real todavía se dirige tres años después de su ejecución al director de la prisión provincial, solicitando que le comunique a la mayor brevedad posible el actual paradero de Antonio Linares González.
Fuente
Á. Hernández Sobrino y J. Vinagre Moreno: Los reclusos mineros de Almadén (1940-1944). Fundación Almadén, 2013, págs. 75-76.
