Antonio Buendía Aragón nació en Lucena el 28 de junio de 1893, en el seno de una familia humilde. Sus padres, el estanquero Manuel Toribio Buendía Onieva y Ana Aragón Corpas, vivían en el número 39 de la calle Cabrillana. Según testimonios familiares tuvieron nueve hijos, de los que solo cuatro llegaron a la edad adulta. De pequeño, se encariñó con él la familia Fuillerat, formada por una tía y una sobrina, ricas propietarias agrícolas que habitaban en el número dos de la calle El Peso. Lo trataron como a un hijo, convivía con ellas y le costearon en Madrid los estudios de bachillerato en el liceo francés y la carrera de Derecho, que nunca llegó a ejercer.
La militancia política conocida de Antonio Buendía comenzó con 24 años, cuando el 1 de marzo de 1918 ingresó en la Agrupación Socialista de Madrid. En Lucena no existía en este momento una agrupación socialista pues, aunque se había fundado en 1908, desapareció en 1914 y no se reconstituyó, junto a la Juventud Socialista, hasta junio de 1918. Dos meses después, en agosto, la Agrupación Socialista lucentina organizó en su sede una “Semana Roja” en la que Antonio Buendía intervino pronunciando una conferencia sobre el pasado y el presente del sindicalismo. Antonio Buendía representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en octubre de 1918 en Madrid, bajo la presidencia de Pablo Iglesias. En febrero de 1919, se trasladó a Lucena e ingresó en la Agrupación Socialista de la localidad, por lo que el 30 de mayo de 1919 causó baja en el PSOE madrileño. La Agrupación Socialista de Lucena se convirtió durante aquellas fechas en una de las más nutridas de la provincia y, al igual que el resto de organizaciones sindicales cordobesas, vivió entre 1918 y 1921 (el llamado Trienio Bolchevique) un inmenso apogeo al calor de las esperanzas que había suscitado la revolución soviética en las clases trabajadoras. Su militancia se cifraba en 85 afiliados en 1918, 2.218 en 1919 y 200 en 1920.
La afiliación de Antonio Buendía al PSOE duró dos años escasos, ya que en 1920 fue uno de los fundadores del Partido Comunista Español. Esta nueva organización se creó el 15 de abril en Madrid por la Federación de Juventudes Socialistas, descontentas con las tesis socialdemócratas del PSOE y partidarias de la adhesión a la Internacional Comunista, de carácter leninista. El 19 de marzo de 1921 se abrió el primer congreso del partido, en el que resultaría elegido miembro de su Comité Central y en el que participó con una tesis sobre la propaganda comunista y la preparación de los campesinos para la revolución. En noviembre, el partido se fusionó con el Partido Comunista Obrero Español (una escisión del PSOE surgida tras su III Congreso Extraordinario en abril) para formar el Partido Comunista de España. La andadura legal del PCE resultó muy corta, pues la dictadura implantada por el general Miguel Primo de Rivera, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923, clausuró sus sedes y declaró ilegales todas sus organizaciones. Es una incógnita el papel que jugó a partir de ese momento Antonio Buendía dentro del partido, pero a través de un informe emitido con posterioridad (el 31 de mayo de 1944), por la jefatura superior de la Policía de Madrid, sabemos que estuvo sometido a vigilancia a causa de su militancia comunista durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).
En septiembre de 1926 Antonio Buendía, con 33 años, se inició en la masonería como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. La masonería estuvo muy poco implantada en la provincia cordobesa y en ese año solo acogía a 85 hermanos distribuidos en cuatro logias y dos triángulos (el triángulo es una pequeña organización masónica con al menos tres miembros). Buendía tomó el nombre simbólico de Babeuf, un revolucionario francés (1760-1797), defensor de la abolición de la propiedad privada y de la herencia, al que se considera uno de los precursores del comunismo. Antonio Buendía es el único caso constatado de masón comunista en la provincia de Córdoba. Aunque la masonería defendía principios laicos y anticlericales, y estaba extendida entre los militantes y dirigentes republicanos y socialistas, no era común encontrar a comunistas en sus filas. Estos acusaban a la masonería de organización “burguesa” y solían mantener posturas ateas, que casaban poco con la creencia masónica de la existencia de un ser superior hacedor del mundo. Cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo Isis Lucentino, Antonio Buendía, con el grado tercero, aparece entre sus cinco afiliados. Dirigía el triángulo el perito mercantil Javier Tubío Aranda, que ejercía como venerable maestro del taller, del que también eran hermanos el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba y los propietarios Domingo Cuenca Navajas y José López Jiménez. Desconocemos hasta cuándo se prolonga la militancia masónica de Antonio Buendía, pero la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió el 23 de junio de 1934 al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, aún lo incluye en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.
En el ámbito personal, en fechas que no hemos podido concretar de los años veinte del siglo pasado, Antonio Buendía vivió dos experiencias importantes: fundó una familia y recibió una abultada herencia. En principio, comenzó a convivir con su paisana Adolfa Plata Navarro. Nunca se casó con ella y tuvieron tres hijas. La primogénita murió a los 12 años, en 1936, de una cardiopatía congénita. En 1927 nació Antonia, en Córdoba, y en 1929 Carmen, en Madrid. Cuando en 1931 Adolfa Plata se encontraba embarazada de gemelos, murió atropellada por un taxi. Por otro lado, al fallecer en Lucena hacia 1928 Francisca Eugenia Fuillerat Fuillerat, miembro de la familia que lo había acogido desde pequeño, Antonio Buendía se convirtió en heredero universal de su fortuna y en uno de los grandes propietarios agrícolas de Lucena, pues era el octavo mayor contribuyente por bienes rústicos. Entre las tierras heredadas se encontraban las fincas de olivar de El Contadero (1,42 ha) y la de Bellidos o Los Frailes (86.5 ha), que contenía una casa con molino aceitero y prensa hidráulica; el cortijo de Frías, en el término municipal de Cabra (130 ha); la finca Huevos Fritos, en la aldea de Las Navas del Selpillar (10,1 ha) y la hacienda Las Monjas (74,80 ha). Sus propiedades, por tanto, sobrepasaban las 250 hectáreas, cifra a partir de la cual se considera a un propietario como terrateniente.
El perfecto conocimiento que poseía Antonio Buendía de la lengua francesa y su amplia cultura le permitieron traducir al castellano al menos tres libros entre 1929 y 1930: Mi madre y yo a través de la revolución china(dos ediciones en 1929), escrito por Cheng Tcheng, de origen chino y uno de los fundadores del partido comunista francés; El fuego: Diario de una escuadra, (1930), un libro antimilitarista, basado en las experiencias en la Primera Guerra Mundial del autor, el escritor y periodista comunista francés Henri Barbusse; y El plan quinquenal de los soviets, (1930, con una segunda edición corregida y aumentada publicada en 1931), de Grigori Grinko, un alto cargo de la URSS. Las tres obras se publicaron por la editorial Cenit, creada a finales de 1928, y una de las empresas editoriales más importantes de España hasta el inicio de la guerra civil, con más de doscientos volúmenes editados, una buena parte de ellos de teoría marxista, temas revolucionarios y literatura proletaria. Durante la primera andadura de la editorial Cenit, Antonio Buendía mantuvo buenas relaciones con su director, el comunista Rafael Giménez Siles, y parece que en aquellos años también prestó dinero para apoyar el proyecto empresarial de Manuel Aguilar, que había creado la Editorial Aguilar en Madrid en 1923.
Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930 y la corta “dictablanda” del general Dámaso Berenguer, el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar decidió una vuelta pausada desde la dictadura a la normalidad constitucional por medio de unas elecciones. Comenzó por las elecciones municipales, que se celebrarían el 12 de abril de 1931, plegándose así a los deseos de los monárquicos partidarios de Alfonso XIII, que creían que podrían manipular con más facilidad estos comicios que los legislativos, pues confiaban en la tradicional fidelidad del voto rural, donde la maquinaria caciquil siempre había amañado los resultados. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían –como la mayoría de los ciudadanos– que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.
Para constituir la candidatura antimonárquica, los dos partidos que desde su fundación en Lucena habían mantenido encendida la llama del republicanismo, el PSOE (creado en la localidad en 1908, como ya hemos señalado) y el Partido Republicano Radical (constituido en Lucena en 1910), se coaligaron junto a un partido de ámbito local, el Bloque del Partido Social Democrático. También se incluyó en la lista a Antonio Buendía, quien al parecer se presentó bajo el paraguas del partido radical y no de manera abierta como candidato comunista, pues en este momento la política oficial del partido comunista, que apenas contabilizaba mil militantes en España, predicaba la no colaboración con los partidos “burgueses”, entre los que se alineaban los partidos republicanos. Aunque la candidatura republicana lucentina casi no pudo hacer propaganda, por no contar con un local adecuado hasta última hora, sí consiguió celebrar, a principios de abril, un gran mitin en la Era del Santo, al que asistieron unas tres mil personas. Presentó el acto Antonio Buendía, que informó de las trabas que había puesto el alcalde monárquico, Antonio del Pino Hidalgo, a la celebración del mitin, e intervinieron como oradores Antonio Villa, redactor jefe del periódico La Libertad; el catedrático Joaquín Nogueras; José Escudero, del comité central del Partido Republicano Radical Socialista; y el abogado socialista lucentino Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Las elecciones del 12 de abril de 1931 depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos, lo que permitió que Antonio Buendía resultara elegido concejal junto a sus cuatro compañeros masones del triángulo Isis Lucentino (uno de ellos, Javier Tubío Aranda, se convertiría en el nuevo alcalde republicano).
En el resto de España, sólo conocemos los resultados electorales de manera parcial, pues los datos definitivos nunca llegaron a publicarse. Las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios. Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor –roja, amarilla y morada–, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora –sobre quien también recaía la jefatura del Estado–, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos.
A pesar de haber resultado elegido concejal, Antonio Buendía pasa la mayor parte de su mandato viviendo en Madrid con su familia, sin asistir a los plenos y casi sin participar en la política local. En la capital de España, aparece el 11 de febrero de 1933 como uno de los firmantes del Manifiesto de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, junto a 91 escritores y profesionales de lo más granado de la intelectualidad española (Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Federico García Lorca, Ramón J. Sender, Jacinto Benavente, Clara Campoamor, etc.). Esta asociación, según recoge el manifiesto fundacional, “no tendrá más programa ni más bandera que decir y ayudar a conocer la verdad sobre la URSS, combatiendo con las armas de la verdad la mentira, la calumnia y la deformación”. Para conseguirlo, la asociación pensaba organizar una enorme campaña de conferencias, documentales sobre la URSS, proyecciones de películas de tipo informativo, publicaciones de libros, viajes de estudios, sesiones de radio, etc. La participación de Antonio Buendía en esta asociación le permitió mantener contacto con varios intelectuales, que iban su casa con frecuencia. Su hija Carmen recuerda haber estado varias veces sentada en las rodillas del poeta Federico García Lorca mientras este le contaba un cuento.
Las visitas de Antonio Buendía a Lucena en los años republicanos eran cada vez más cortas y esporádicas. Aun así, se vio implicado en la huelga de campesinos que se desarrolló en la localidad entre el 21 y el 23 de abril de 1933, en la que se pedía el cumplimiento de las bases de trabajo por los patronos y que se ocupase en el laboreo forzoso a los parados. El gobernador civil ordenó su apresamiento y fue trasladado a la cárcel de Rute en la madrugada del día 24, aunque al día siguiente quedó en libertad sin cargos.
Durante la II República no volvemos a tener noticias de Antonio Buendía hasta el triunfo del Frente Popular, una coalición de partidos republicanos y de izquierdas, en las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936. El nuevo gobierno frentepopulista ordenó la reposición de los ayuntamientos elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados en muchos lugares por las arbitrariedades de los distintos gobernadores civiles, como había ocurrido en Lucena. El gobernador civil de Córdoba nombró una Comisión Gestora municipal en Lucena el día 22 de febrero de 1936 en la que se incluía el nombre de Antonio Buendía como edil, pero este no se presentó para aceptar el cargo. Suponemos que Antonio Buendía tampoco se encontraba en Lucena cuando se creó la primera agrupación local del partido comunista el 31 de marzo de 1936 ni cuando el 16 de mayo se realizó en la Casa del Pueblo el primer acto preparatorio de la unificación de las Juventudes socialistas y comunistas lucentinas, que tomarían el nombre de Juventudes Socialistas Unificadas al fusionarse al mes siguiente en toda España.
El golpe de Estado del 18 de julio triunfó en Lucena ese mismo día. En las jornadas siguientes, varios de los concejales y exconcejales socialistas y republicanos lucentinos, entre los que se encontraban todos los miembros del triángulo masónico Isis Lucentino, fueron detenidos y fusilados, y es muy probable que Antonio Buendía hubiera corrido el mismo trágico destino si no hubiera estado en ese momento residiendo en Madrid, en el número 27 de la calle Alberto Aguilera, su domicilio en la ciudad desde 1931. Allí permaneció hasta noviembre, cuando la familia, para huir de los bombardeos de la aviación franquista, decidió marchar a Alicante. A esta ciudad llegaron la madre de Antonio Buendía, su hermana Araceli y su marido, su cuñada Araceli (hermana de su mujer) y sus dos hijas, Antonia y Carmen, pues la primogénita acababa de fallecer en Madrid. Antonio Buendía marchó a Valencia, adonde se había trasladado el gobierno republicano, y luego a Barcelona. De aquí hubo de exiliarse a Francia en 1939, junto a cientos de miles de españoles, tras la conquista de Cataluña por las tropas franquistas. Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, la familia de Antonio Buendía volvió a Madrid con sus hijas, donde les administraron el bautismo y la comunión al mismo tiempo, en consonancia con el ambiente nacional-católico que se impuso en la sociedad. En 1941 vivían en la calle Gaztambide y en 1945 se trasladaron a la calle Isaac Peral, un piso de alquiler que se convirtió en la residencia estable de las dos niñas y su tía Araceli Plata, que se ocupó ya definitivamente de ellas.
Al poco de producirse el golpe de Estado, en la España controlada por los sublevados se inició de manera institucional la represión económica en contra de los republicanos. El 13 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional (máximo órgano de gobierno) decretó la incautación de los bienes de los partidos y sindicatos que habían formado el Frente Popular, y encargaba a los generales jefes de los Ejércitos “tomar medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de aquellas personas que por su actuación fueran lógicamente responsables directos o subsidiarios, por acción o inducción, de daños y perjuicios de todas clases ocasionados directamente o como consecuencia de la oposición al triunfo del movimiento nacional”. El 20 de octubre de 1936, por mandato de la Comandancia Militar de Lucena al capitán de la caja de reclutas Juan Pedraza Luque, que actuó de juez instructor, se iniciaron las diligencias para la incautación de los bienes de Antonio Buendía. Con los datos recabados en el expediente instruido por el capitán Juan Pedraza, el 31 de diciembre de 1936 el Gobierno Militar de Córdoba emitió un informe para la Auditoría de Guerra en el que indicaba que “al encartado debe estimársele como ejecutor de actos contrarios al orden y culpable de actividades marxistas o de extrema izquierda”, por lo que proponía la incautación de sus bienes.
El 10 de enero de 1937, un decreto ley de la Junta Técnica de Estado, organismo que ejercía el gobierno en la zona franquista, establecía la creación de la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado, con sede en Burgos, para investigar, inventariar y ocupar los bienes de las organizaciones proscritas y de los desafectos con la intención de enajenarlos o gravarlos. En cada capital de provincia se creó una Comisión Provincial de Incautación de Bienes, presidida por el gobernador civil. Un juez de carrera o militar, nombrado por la Comisión Provincial, se encargaba de instruir el expediente para declarar administrativamente la responsabilidad civil, pudiendo embargar los bienes del inculpado. Este proceso sancionador conculcaba garantías jurídicas tan elementales como el derecho a recurrir las sanciones.
La Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Córdoba continuó, por tanto, la tramitación del expediente de Antonio Buendía, cuya instrucción realizó Manuel González Aguilar, juez de primera instancia interino de Lucena y teniente jurídico habilitado. El 23 de noviembre de 1937, este juez instructor acordó el “embargo de todos los bienes que posea Antonio Buendía Aragón, con el fin de asegurar en su día las responsabilidades que se le exijan por su oposición el Glorioso Movimiento Nacional” y nombró al teniente Rafael García Rey como administrador de los mismos.
La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria económica a los republicanos y a sus familias, que en muchas ocasiones ya habían sufrido la rapiña directa o los expedientes de incautación de bienes. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, e incluía la aberración jurídica de que tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Solo después de que el juzgado cobrara las multas, recuperaban los herederos de los asesinados la libre disposición de sus bienes. Por esta ley se incoaron unos 325.000 expedientes, de los que 6.554 correspondieron a la provincia de Córdoba.
De los informes que se adjuntan en el expediente de responsabilidades políticas de Antonio Buendía, el más interesante es el de la jefatura superior de la Policía de Madrid, emitido el 31 de mayo de 1944, del que reproducimos un extracto:
Los informes político-sociales que existen en esta Dependencia son los siguientes: en época de la dictadura ya pertenecía al partido comunista y como tal estuvo vigilado. Personas que antes de la guerra frecuentaron su domicilio (Alberto Aguilera) han manifestado que en su biblioteca se encontraban libros de este tipo, y que una vez en la familia se dejó decir que tal hecho, así como su ideología, estaba influido por la participación en el negocio de la editorial que lanzaba dichos libros.
A juzgar por los informes se trata de persona inteligente, discreta y un tanto misteriosa, ya que no obstante conocer su matiz ideológico izquierdista en la vecindad nunca se pudieron conocer las actividades que desplegaba.
En la casa, donde había bastantes personas de derechas, ni denunció ni perjudicó a nadie, y solo hablan los informantes de que intervino a favor del portero cuando unos milicianos se lo llevaron a una checa con la intención de asesinarle, logrando que le pusieran en libertad. Otra familia de la casa que tiene un hijo “camisa vieja”, muy perseguido en periodo rojo, de nacionalidad cubana, dice que se encontraron al informado en Alicante, cuando ellos pretendían embarcar para La Habana, y como los rojos les pusiesen dificultades, creen, aunque no pudieran asegurarlo, que aquel interviniera en su favor, ya que al día siguiente pudieron marchar, dándoles toda clase de facilidades.
El 19 de junio de 1945, la sala del tribunal de Responsabilidades Políticas, siguiendo la petición fiscal, decretó “el sobreseimiento de este expediente y archivo sin declaración de sanción de responsabilidad política (…) acordando recobre la libre disposición de sus bienes si se le hubieran embargado”, ya que no aparecían “comprobados cargos de su responsabilidad política y actuación durante el Movimiento Nacional en su residencia en Madrid”.
Junto a la ley de Responsabilidades Políticas, a Antonio Buendía se le aplicó también otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Su expediente se abrió en julio de 1943. El 20 de octubre, el juez instructor Jesús Riaño Goiri dictó una orden de detención contra él por no haber comparecido en el procedimiento y, al no poderlo localizar, decretó continuar su procesamiento en rebeldía. El tribunal especial, presidido por el general Andrés Saliquet Zumeta y reunido en sesión secreta el 15 de septiembre de 1944, acordó adherirse en la sentencia a la petición del fiscal, que solicitaba 12 años y un día de cárcel con las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo del Estado y de organismos estatales o subvencionados.
Mientras era sometido en España a las leyes especiales de la dictadura franquista, Antonio Buendía seguía en el exilio. Había estado internado en los campos de concentración que se habilitaron en las playas del sur de Francia para los refugiados españoles hasta que consiguió salir hacia Buenos Aires, posiblemente desde Marsella y quizás en el mismo barco, el Mendoza, en el que viajaban el poeta Rafael Alberti y su mujer Mª Teresa León. De Argentina se dirigió en tren a Santiago de Chile. Allí se casó con Consuelo Nistal Martínez, que pertenecía a una saga de hermanos exiliados españoles que habían salido desde la Bretaña francesa para Chile, en el carguero Lipari, en febrero de 1940. Algunos de ellos eran de ideología socialista, como Luis y Alfredo (diputado por León en 1931 y cónsul de España en París al final de la guerra civil), y otros comunistas, como Elena, Celia y la propia Consuelo, que en 1940 tenía 35 años. Otro hermano, el comunista Luis, ya había fallecido en Rusia de muerte natural antes de 1940, y otro, César, murió de tuberculosis preso en las cárceles franquistas. Estos datos sobre la familia Nistal los he conocido gracias al testimonio de Nydia Nistal Alonso, una de las cinco hijas de Alfredo, exiliadas con él, que vive en Madrid y tiene 91 años. Ella retornó a España en 1982, junto a una hermana, huyendo de la dictadura de Pinochet, pues su familia se sentía vigilada, e incluso una sobrina había sido detenida y torturada. Además, el marido de Nydia trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo de la ONU, y era compañero de trabajo y amigo íntimo de Carmelo Soria, el famoso diplomático exiliado español asesinado por agentes de la policía secreta de Pinochet en julio de 1976.
Durante su exilio en Chile, Antonio Buendía estuvo unos meses desterrado en la isla de Chiloé, ya que le aplicaron le Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que mantuvo prohibido el partido comunista entre 1948 y 1958. Antonio Buendía pudo contactar con su familia, que no sabía nada de él desde que abandonó España, a través de una carta que envió a una amiga común que vivía en Madrid. En 1953 sus dos hijas fueron a visitarlo. En el verano de 1956 Antonio Buendía y Consuelo Nistal se trasladaron de Chile a Francia, e hicieron escala en el puerto de Vigo. Su hija Carmen y su esposo viajaron desde Madrid para verlo y entregarle treinta mil pesetas, pero tuvieron un accidente y les robaron el dinero en la confusión del siniestro, así que no pudieron cumplir su objetivo. Desde París, en el año 1957 Antonio Buendía solicitó a las autoridades españolas la vuelta a España. El 22 de abril hay una petición de la Dirección General de Seguridad al jefe de servicio de ejecutorias del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo para consultar su situación legal y los inconvenientes para la repatriación, y el 3 de mayo se le responde que no existe impedimento para el regreso, “si bien tendrá que someterse a la jurisdicción de este organismo y al fallo, que en trámite de revisión, se dicte en las actuaciones”. En vista de que la contestación no le otorgaba la seguridad jurídica suficiente, decidió permanecer en su exilio parisino.
Tenemos algunos datos de las actividades de Antonio Buendía en Francia gracias al diario ABC (9 de marzo de 1960) y a las investigaciones que en el Archivo Histórico del PCE ha realizado el madrileño Rafael Buhigas Jiménez, su sobrino bisnieto. En marzo de 1960, Buendía se vio inmerso en un proceso judicial en la región de París, por la tenencia de ejemplares de Mundo Obrero y otras publicaciones comunistas, que entonces estaban prohibidas en Francia, al igual que el partido. La redada supuso la detención de cincuenta militantes en varias regiones francesas (Toulouse, Marsella, Lyon, Tours, etc.) y golpeó gravemente a la organización del partido, que entonces contaba con unos dos mil afiliados en el exilio francés. En aquel momento Antonio Buendía servía de enlace con Chile y Méjico para el intercambio de publicaciones del PCE y trabajaba de corrector para Nuestras Ideas, una revista trimestral de ideas, política y cultura, en la que colaboraron múltiples intelectuales españoles, editada por el partido desde 1957 en Bruselas. Mientras, Consuelo militaba en la Unión de Mujeres de España, una organización de mujeres republicanas exiliadas próxima al PCE.
En 1963 Antonio Buendía intentó de nuevo entrar en España, pero tras interesarse por los inconvenientes para la repatriación, las autoridades españolas, a través de la Dirección General de Seguridad, le respondieron que su situación legal “no ha variado”. El regreso solo pudo ser posible tras el decreto del 1 de abril de 1969, que con motivo del treinta aniversario del final de la guerra civil declaraba prescritos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Antonio y Consuelo volvieron a España y vivieron unos meses en Madrid, pero al poco tiempo regresaron a Francia. Enfermo, y sabedor de su próximo final, Antonio Buendía decidió vender con suma rapidez y a bajo precio sus propiedades en España, entre las que destacaba el cortijo de Frías, de las que obtuvo veinticinco millones de pesetas en efectivo (a los pocos meses, el comprador las revendió por cuatro veces más). Desconocemos el destino que le dio al dinero, pero casi con toda seguridad lo donó al partido comunista.
Después, el matrimonio se instaló en Rumanía, donde imperaba la dictadura comunista de Nicolae Ceaucescu, para “vivir de la solidaridad internacional”. En la capital rumana, Bucarest, Antonio Buendía falleció el 22 de marzo de 1972, a los 78 años, según publicó el 16 de abril el periódico oficial y clandestino del partido comunista, Mundo Obrero, e incluso ABC y La Vanguardia. Al funeral asistió una representación del Comité Central y del Comité Ejecutivo del PCE y una delegación del Comité Central del Partido Comunista Rumano. La viuda, Consuelo Nistal, decidió entonces salir de Rumanía y regresar a Chile, debido a su precaria situación económica. En el archivo del PCE se conservan los extractos de algunas cartas que su hermana Elena intercambia en 1973 con la dirección del partido para que le paguen el traslado, ya que ella no tenía medios materiales para hacerlo. Una de las cartas, escrita con familiaridad el 1 de abril, creemos que va dirigida a Santiago Carrillo, secretario general del PCE. Es posible que Consuelo muriera después en Saint-Cloud, un municipio cercano a París, donde poseía una modesta vivienda que había compartido con Antonio Buendía, ya que el golpe de Estado de Pinochet en septiembre de 1973 le impediría regresar a Chile.
Reconstruir la historia de Antonio Buendía ha sido una tarea muy espaciada en el tiempo. Cuando en el año 1997 encontré su nombre por primera vez en los libros, me sorprendió que existiera tan poca información a pesar de que había tenido una cierta relevancia en el panorama político de su época. La abogada Araceli Tubío Beato (hija de Javier Tubío, primer alcalde republicano de Lucena, fusilado en 1936) fue la primera persona que entrevisté que lo había conocido, y desde entonces solo dos personas más lograron darme algún dato puntual de él. Araceli Tubío solo logró recordar que era muy educado, que siempre le regalaba bombones, que hablaba francés a la perfección y que se exilió. Esa conversación ocurrió en abril de 1997 y ella tenía en aquel momento 84 años. Desde entonces, poca información más pude conseguir a pesar de mis afanes.
La situación varió hace escasos meses. Su sobrino bisnieto, el ya aludido Rafael Buhigas, estudiante de Historia, se puso en contacto conmigo porque estaba también interesado en su biografía. En septiembre descubrió algunos documentos en el Archivo del PCE, que me envió y que me permitieron localizar a la poetisa chilena Freya Hödar Nistal, sobrina nieta de su viuda, que a su vez me facilitó el contacto con la familia Nistal en Madrid. A continuación, obtuve del Archivo Documental de la Memoria Histórica de Salamanca copia de los más de trescientos folios que ocupan sus expedientes de incautación de bienes, de responsabilidades políticas y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Los datos familiares que aparecían resultaron decisivos para encontrar en Madrid a dos nietas de Antonio Buendía, Sara y Elena Muñiz Buendía (hijas de Carmen), y a su hija Antonia, de 87 años, que me han aportado fotos y distintas informaciones que han servido para completar esta biografía. Con un extracto de los recuerdos de Elena Muñiz, nieta de Antonio Buendía, concluyo esta pequeña historia:
Mi abuelo siempre me ha parecido un ejemplo muy cercano de que la posesión de bienes materiales no lleva necesariamente a la identificación con la clase dominante, como muchos sostienen en contra de la evidencia histórica. Yo lo vi pocas veces, y lo recuerdo como una persona de pequeño tamaño y fuerte presencia, magnético y con aspecto de hacer pocas concesiones, a pesar de la merma de los años. Alguien que, pese a haberse visto inmerso en las tremendas corrientes que sacudieron su siglo, había intentado mantener su rumbo y sus convicciones.
