Nacido el 28 de junio de 1901 en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Hijo de militar, en 1909 y con tan sólo ocho años se trasladó a Melilla, donde su padre había sido destinado. Aunque inició la carrera militar y fue suboficial de complemento del arma de Artillería, problemas familiares le obligaron a abandonar dicha carrera, trasladándose a Madrid e ingresando con veinte años –en 1921– en el Cuerpo de Correos y Telégrafos. Tras prestar sus servicios en la localidad castellana de Medina del Campo solicitó el traslado a la ciudad de Melilla, donde se domicilió desde mediados de los años veinte en la calle General Marina, nº 11. Allí contrajo matrimonio con Concepción de las Heras Tirado, natural de Alhucemas y perteneciente a una conocida y conservadora familia melillense, dos de cuyos hermanos pertenecían al Instituto de la Guardia Civil.
Aunque en algunos de los informes elaborados en la posguerra se afirmase de él que antes de la proclamación de la República estaba considerado más bien como de ideología derechista, lo cierto es que Antonio Acuña había ingresado en el PSOE durante los años de la Dictadura de Primo de Rivera, figurando en mayo de 1930 entre los fundadores de la Agrupación Socialista de Melilla, de la que sería elegido presidente en 1931. No es extraño por tanto que, cara a las elecciones del 28 de junio de 1931, Acuña fuera designado candidato del PSOE para las Constituyentes por la circunscripción de Melilla –que elegía un único Diputado–, resultando electo tras obtener 4.583 votos. Adscrito a la minoría socialista, de la que fue uno de sus Diputados más jóvenes –cumplió treinta años el día de su elección–, declaró como profesión la de oficial segundo de Correos en su alta como Diputado (9 de julio de 1931), realizando la promesa de su cargo con fecha 27 de julio de 1931 y causando baja el 9 de octubre de 1933. [Archivo del Congreso de los Diputados, credencial nº 221, serie Documentación Electoral: 137, nº 32].
Tras su elección Antonio Acuña pasó a residir en Madrid en la calle Jorge Juan nº 84. Miembro titular de la comisión de Presidencia –en la que ejerció como secretario–, durante las Cortes Constituyentes el Diputado por Melilla intervino en más de una veintena de debates parlamentarios, casi siempre sobre asuntos relativos a su circunscripción o relacionados con la situación del Protectorado español en Marruecos. Varias de aquellas intervenciones estuvieron dedicadas a defender los intereses de los musulmanes, bien en problemas de carácter laboral (protestando, por ejemplo, de la jornada de trabajo a la que se hallaban sometidos los moros en Villa Sanjurjo y los obreros y empleados de la Compañía Española de Minas del Rif) o exigiendo el respeto debido a las prácticas religiosas de este sector de la población; Acuña llegaría a solicitar incluso la habilitación de la mezquita de Córdoba para que en ella pudiera celebrarse el culto islámico. Aparte de esto, también propuso varias iniciativas relacionadas con la reorganización de la enseñanza en la zona de Marruecos y con el proyecto de Ley del Cuerpo de Correos, no ahorrando críticas a la actuación del Alto Comisario, López Ferrer, a quien llegó a acusar en una sesión parlamentaria de ineptitud, incomprensión e inmoralidad.
Tras la disolución de las Cortes Constituyentes Acuña volvió a ser presentado como candidato por el PSOE en las elecciones generales de noviembre de 1933, pero esta vez no por la circunscripción de Melilla sino por la de Málaga-provincia, a pesar de su nula relación hasta entonces con dicha provincia. En una entrevista concedida por aquellas fechas al diario La Unión Mercantil, el ex-Diputado realizó una rotunda declaración de fe en el marxismo y de desconfianza a que los problemas que tenía planteados el país pudieran tener solución “dentro del sistema capitalista”. Opuesto a cualquier posible modificación del controvertido artículo 26 de la Constitución, que regulaba las relaciones entre la Iglesia y el Estado, Acuña afirmó también con respecto a la reforma agraria que “sólo a la falta de audacia revolucionaria de muchos republicanos se debe el que las tierras expropiadas no hayan sido entregadas ya a los campesinos”, acusando de “traición” especialmente a los radicales y afirmando que “veinte días de Gobierno Lerroux han servido para que los jornales en algunas comarcas de España descendieran de 4,50 a 2,50 pesetas. Si es esto lo que se pretende hacer por los republicanos, para nosotros no hay otro camino que la acción revolucionaria con todas sus consecuencias…” Finalizó sus declaraciones afirmando que “Málaga, para mí, es el proletariado del mundo entero. Por los humildes todo. Defensa de intereses legítimos, esa será mi actuación…”
En las elecciones de noviembre Acuña obtuvo por la provincia de Málaga algo más de 35.000 votos, aunque tanto en la circunscripción de la capital como en la provincia hubo que acudir a la segunda vuelta, celebrada el 3 de diciembre, por no haber alcanzado los candidatos presentados en la primera una votación superior al 40% del número de votantes. Verificada esta, Antonio Acuña volvió a ser elegido por las minorías tras sumar un total de 40.933 votos, resultando el último de los ocho diputados electos por la circunscripción en aquellas elecciones. Adscrito a la minoría socialista, su alta como Diputado se tramitó el 9 de diciembre de 1933, realizando la promesa de su cargo con fecha 28 de diciembre de 1933 y causando baja el 7 de enero de 1936. [ACD, credencial nº 425, serie Documentación Electoral: 139, nº 31]. A partir de estas fechas pasó a residir en Madrid en la calle Narváez, nº 12, solicitando y obteniendo como funcionario su traslado a Madrid y el ascenso a oficial 1º del Cuerpo de Correos, aunque inmediatamente tramitó la excedencia dada su condición de Diputado.
En las Cortes del segundo bienio Acuña continuó perteneciendo como vocal titular a la comisión de Presidencia, interviniendo en los debates y presentando varios ruegos por escrito acerca de asuntos relacionados con la provincia que representaba, pero también con las ciudades de Ceuta y Melilla (pesca en el litoral de Málaga, socorro a Antequera, actitud de los gobernadores ante la huelga campesina de junio de 1934, etc.). Asimismo presentó algunos votos particulares a diversos proyectos gubernativos, principalmente sobre temas relacionados con el estatuto de los funcionarios o la Ley de Incompatibilidades. Por otra parte, un artículo suyo publicado el 28 de julio de 1934 en el periódico La Voz de Segovia fue denunciado por delito de imprenta y tramitado ante el Tribunal Supremo. [Archivo Histórico Nacional, Tribunal Supremo, recursos, Leg. 101/373]. No obstante, el suplicatorio solicitado a las Cortes para su procesamiento fue denegado por la comisión correspondiente en mayo de 1935. Alineado desde comienzos de 1934 con el sector liderado por Largo Caballero en el seno del partido y de la UGT, con motivo de la huelga general revolucionaria de octubre de 1934 Antonio Acuña fue enviado como emisario a Pamplona para informar a las agrupaciones socialistas del inicio del movimiento huelguístico, pese a lo cual y a diferencia de otros Diputados socialistas más o menos implicados en el desarrollo de aquellos sucesos, no hay constancia de que en los meses siguientes fuera detenido o procesado por las autoridades.
Cara a las elecciones de febrero de 1936, Acuña volvió a ser incluido en representación del PSOE en la candidatura del Frente Popular por la provincia de Málaga, logrando revalidar por tercera vez su acta de Diputado. En esta ocasión sumó un total de 77.688 votos, resultando el quinto de los ocho diputados electos por la circunscripción en aquellas elecciones. Su alta fue tramitada el 26 de febrero de 1936, realizando la promesa del cargo el 3 de abril. [ACD, credencial nº 266, serie Documentación Electoral: 141, nº 31]. En las Cortes del Frente Popular continuó perteneciendo como miembro titular a la comisión de Presidencia, siendo elegido también suplente de la de Comunicaciones. Sin embargo y a pesar de que asistió a casi todas las sesiones parlamentarias, durante aquellos meses no intervino en los debates ni presentó ninguna iniciativa o ruego por escrito.
El estallido de la sublevación militar de julio de 1936 le sorprendió en Madrid. Al igual que otros Diputados en su misma situación, Acuña decidió trasladarse rápidamente a la provincia que representaba para respaldar con su presencia a las autoridades e intentar organizar la resistencia contra los sublevados. El 18 de julio tomó el tren expreso Madrid-Málaga acompañado por Luis Dorado Luque, también Diputado socialista por Málaga. Pero ya de madrugada y a la altura de Alcolea del Río el tren fue interceptado por los militares y los dos Diputados fueron inmediatamente detenidos. Poco después fueron conducidos al cuartel de San Rafael de Córdoba y encerrados en el mismo calabozo donde ya se hallaban presos los Diputados Bautista Garcés, Antonio Bujalance López y el ex-Diputado de Puente Genil en las Constituyentes, Joaquín García-Hidalgo. A todos ellos les sería aplicado en los días siguientes el llamado “bando de guerra”, con la única excepción de García-Hidalgo, fallecido en prisión por “coma diabético”, según la versión oficial. Tras ser condenado a la pena de muerte en un supuesto consejo de guerra sumarísimo, el sevillano Antonio Acuña Carballar, Diputado a Cortes por Melilla y Málaga en las tres legislaturas republicanas, fue fusilado la noche del 28 de julio de 1936 y su cuerpo arrojado a la fosa común de lo que entonces se llamaba el cementerio de la izquierda de Córdoba. En el momento de su asesinato acababa de cumplir los 35 años de edad.
Poco después de finalizada la guerra civil, el 12 de enero de 1940, su viuda –residente en Madrid– tuvo la ingenuidad de solicitar al Director General de Correos y Telecomunicación la instrucción de un expediente de viudedad y orfandad a favor de su hija de once años, Dolores Acuña de las Heras, solicitando su ingreso en el colegio de huérfanos de Correos y recibir la pensión que les correspondiera por la defunción de su esposo y padre. La solicitante declaró ser afecta al “Glorioso Movimiento Nacional”, católica y de ideología derechista, así como su familia, “de fervientes ideas religiosas y de orden”, prometiendo presentar los avales que le solicitasen. Pero con su solicitud lo que consiguió es que desde la Dirección General se ordenase la apertura de un expediente de depuración político-social contra su esposo, instruido a partir del 26 de marzo de 1940 por el juez Baldomero Montoya Díaz, adscrito al Juzgado Instructor nº 5, expediente que se conserva hoy en el Archivo de Salamanca. [AGGCE, Ministerio de la Gobernación (sección de expedientes político-sociales de Correos), exp. 4438, juzgado 5-C].
Aunque la viuda presentó media docena de avales de funcionarios del Protectorado, directivos de empresas estatales y hasta de un capitán de la Guardia Civil, garantizando que ella no había intervenido “para nada en los asuntos de su esposo, pues pertenece a buena familia y recibió una esmerada educación de sus padres”, los informes solicitados por el juez a la Dirección General de Seguridad, Falange y otros organismos del llamado Nuevo Estado insistieron en el carácter “rabiosamente de izquierdas, gran propagandista marxista y de plena confianza del gobierno rojo” de su marido, muerto en Córdoba “a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional…” Para justificar su asesinato el encargado de la comisaría general de información de la DGS tuvo la desfachatez de emitir un informe asegurando que el Diputado Antonio Acuña, “en plan de marxismo furibundo, cuando se declaró el Glorioso Movimiento Nacional se unió a las hordas rojas marchando al frente de Córdoba, donde fue hecho prisionero y pasado por las armas en 1936”; lo cual, cuando menos, era una evidente distorsión de la realidad.
Mucho más dañino fue, sin embargo, el informe remitido por Ramón Rodríguez Díez, jefe de la primera comandancia del 14 Tercio de la Guardia Civil, quien a pesar de reconocer que de los informes recabados se conceptuaba a Antonio Acuña como persona “de buena conducta en su vida pública, moral y privada” (no así en lo político), decidió cargar contra su viuda afirmando que “la esposa del informado ha sido elemento marxista, cooperando moral y materialmente en defensa de dicha causa y contra las personas de orden, pues en su domicilio de Madrid fueron detenidos por su cooperación, varios inquilinos, entre estos los señores Ginés López, Julián García y el portero de la finca nº 12 de la calle Narváez”. Esta afirmación obligó al juez instructor a remitir una nota al Capitán General de la Primera Región Militar contra Concepción de las Heras Tirado, “por si de las mismas estima V.E. debe deducirse responsabilidad criminal”; con lo cual lo que comenzó siendo una simple solicitud de pensión comenzó a convertirse en una amenaza de procesamiento por la autoridad militar de la solicitante. Afortunadamente para ella la viuda de Antonio Acuña pudo acreditar no sólo la falsedad de los cargos que se le imputaban, sino que incluso durante la guerra civil había acogido y protegido en su domicilio de Madrid a la mujer y a los cuatro hijos del jefe de la estafeta de Correos de Baeza, detenido y encarcelado por el Frente Popular al considerársele desafecto al régimen republicano. Miguel Escamilla Díaz, que ese era el nombre de lo que en la España de Franco se denominaba un “cautivo” (es decir, un preso de derechas en la zona republicana), tuvo la valentía de declarar que “doña Concepción de las Heras Tirado hizo por mi familia todo cuanto estuvo a su alcance, lo mismo en la cuestión económica como en la política al objeto de gestionar mi libertad, la cual pudo obtener al año aproximado de prisión, asegurando que gracias a las gestiones llevadas a cabo por la referida señora de las Heras, pude salvar mi vida, pues de no haber sido así y en vista de las acusaciones tan fuertes que de mí se hicieron hubiese sido condenado a una de las penas más grandes por aquellos tribunales…” Ello le permitió a Concepción de las Heras salir indemne del entuerto provocado por el señor jefe de la primera comandancia del 14 Tercio de la Guardia Civil, contra el cual sin embargo no hay constancia de que se tomasen medidas disciplinarias por su pésima y difamatoria información.
Algunos ex-compañeros de Antonio Acuña tuvieron también la honradez de realizar en sus respectivas comparecencias unas declaraciones bastante neutrales, coincidiendo en que sabían “que se trataba de un hombre destacado como socialista”, pero que “no habían oído nunca ninguna manifestación acerca de su actuación en el orden administrativo”, lo cual y en el lenguaje de la época podían considerarse como unos testimonios bastante favorables para el encausado. Incluso un ex-compañero, Francisco Martínez Vidal, jefe de negociado que había prestado servicio junto a él en Melilla hasta 1930, afirmó que “por aquella época el señor Acuña no se manifestaba en ningún sentido político y que posteriormente supo y se quedó sorprendido que el señor Acuña después del advenimiento de la República fuese elegido a Cortes por Melilla. Que durante este tiempo no le ha tratado, sabiendo por referencias que el Glorioso Movimiento le sorprendió en zona nacional y que fue fusilado en Córdoba…” Este funcionario fue el único, en un expediente que consta aproximadamente de unas cien páginas, que se atrevió a llamar a las cosas por su nombre y a rubricarla con su firma: que su ex-compañero había sido fusilado en Córdoba por los nacionales, alejándose de los eufemismos tipo “muerto a consecuencia de…”, “en aplicación del bando de guerra…”, “con motivo de los sucesos de…”, etc., etc.
El 18 de diciembre de 1940 el juez especial encargado del expediente de depuración político-social de Antonio Acuña Carballar decidió el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, dado que “acreditado en autos de un modo fehaciente el fallecimiento del encartado queda extinguida por ello la posible responsabilidad que pudiera alcanzarle…” Lo que parece que no fue aceptada fue la solicitud de pensión de su viuda y de su hija, pues todavía en mayo de 1943 Concepción de las Heras, domiciliada ahora en la calle Ollería nº 19 de Madrid, se dirigía al juzgado número 5 de Correos solicitando la devolución de los títulos entregados y que acreditaban los servicios prestados por su esposo como oficial del Cuerpo, a fin –decía– de solicitar los derechos pasivos que les correspondieran. Se le contestó simplemente que dichos títulos no obraban en el expediente. La viuda de Acuña sí logró en cambio que el 6 de diciembre de 1940 la muerte de su esposo quedase inscrita en el Registro Civil de Córdoba, algo que a fecha de hoy [2008] aún no han logrado los familiares de muchas víctimas de la represión franquista en la guerra civil.
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
LEGISLATURA 1931 [Diputado por Melilla]
COMISIONES:
Titular de la Comisión de Presidencia.
ASUNTOS EN CUYA DISCUSIÓN HA INTERVENIDO:
Proyecto de Constitución [núm. 42, pág. 1061].
Agrupación en una provincia de los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla [núm. 87, pág. 2877].
Atropellos cometidos en Melilla contra los obreros moros de “Villa Sanjurjo” [núm. 87, pág. 2877].
Habilitación de la mezquita de Córdoba para el culto musulmán [núm. 87, pág. 2877].
Situación de la Compañía de Minas del Rif y explotación que hace de sus obreros y empleados [núm. 87, pág. 2877].
Situación de nuestra Zona de Marruecos [núm. 87, pág. 2877]
Exclusión del contrato celebrado con la Compañía Arrendataria de Tabacos respecto del monopolio en las plazas de soberanía del Norte de África [núm. 92, págs. 2966 y 2974]
Injusticias que se cometen en el territorio del Protectorado de Marruecos [núm. 97, pág. 3102].
Adquisición de terrenos por el marqués de Fontalba en Marruecos [núm. 109, págs. 3534 y 3536].
Actuación del Alto Comisario en Marruecos [núm. 109, págs. 3534 y 3536; núm. 115, pág. 3742].
Funcionario de la zona del Protectorado reintegrado al Cuerpo de Correos [núm.115, pág. 3742].
Pase del personal administrativo de la disuelta Escuela General y Técnica de Melilla a otros centros dependientes del Ministerio de Instrucción Pública [núm. 148, pág. 4954].
Organización establecida en la zona del Protectorado por el Alto Comisario [núm. 148, pág. 4954].
Campañas del periódico subvencionado La Gaceta de África [núm. 148, pág. 4954].
Delegaciones de Trabajo [núm. 160, pág. 5443].
Rápido dictamen acerca del proyecto de Ley de Legitimación de terrenos en Ceuta y Melilla [núm. 165, págs. 5567-5569].
Pronta discusión del dictamen sobre el proyecto de Ley para la reorganización del Cuerpo de Correos [núm. 165, págs. 5567 a 5569].
Disolución de los sindicatos agrícolas de la zona oriental del Protectorado de Marruecos [núm. 165, págs. 5567 a 5569].
Expropiación de fincas rústicas y derechos reales con motivo de la sedición armada [núm. 220, pág. 8037].
Destino de los bienes de la Compañía de Jesús [núm. 231, pág. 8584].
Proyecto de Incompatibilidades [núm. 235, págs. 8757-8770; núm. 314, pág. 11951; núm. 315, pág. 11989].
Política de España en Marruecos [núm. 241, pág. 8897].
Expediente instruido al comandante D. Carlos Silva [núm. 244, pág. 8998].
Presupuesto “Acción en Marruecos” para 1933 [núm. 283, pág. 10624].
Reforma de la Ley Electoral [núm. 365, págs. 13861-13871].
Régimen de las propiedades del Estado en Ceuta y en Melilla [núm. 374, pág. 14296].
RUEGOS POR ESCRITO:
Al Ministerio de Instrucción pública: Creación de un tribunal de cursillos de Primera Enseñanza en Melilla [núm. 382, págs. 14631-14632].
ENMIENDAS:
Al art. 8° del proyecto de régimen de propiedad en Ceuta y Melilla [núm. 367, pág. 13953, apéndice 8°].
LEGISLATURA 1933 [Diputado por Málaga-provincia]
COMISIONES:
Titular de la Comisión de Presidencia.
ASUNTOS EN CUYA DISCUSIÓN HA INTERVENIDO:
Artes de pesca prohibida en el litoral de Málaga [núm. 23, págs. 520-522].
Expediente instruido al Ayuntamiento de La Alameda [núm. 23, págs. 520-522].
Régimen de derecho en las plazas de Ceuta y Melilla [núm. 23, págs. 520-522].
Incorporación al Ministerio de Trabajo de los servicios de Sanidad [núm. 38, págs. 1078-1080; núm. 39, págs. 1115-1121].
Expediente instruido por asesinato del señor Lorca [núm. 77, pág. 2634].
Presupuesto de Comunicaciones para 1934 [núm. 92, págs. 3367-3378].
RUEGOS POR ESCRITO:
A Agricultura: Auxilio a Antequera para remediar daños causados por un pedrisco [núm. 90, pág. 3273].
A Gobernación: Conducta de los gobernadores de Málaga y Sevilla, en relación con la huelga campesina [núm. 101, págs. 3816-3817].
A Guerra: Supuesto asalto al cuartel de Santiago, de Melilla [núm. 22, pág. 509].
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS:
Voto particular: Al proyecto sobre traspaso al Ministerio de Trabajo de los servicios de Sanidad [núm. 36, pág. 998, apéndice 7°].
Voto particular: Al proyecto de Ley de Incompatibilidades [núm. 38, pág. 1083, apéndice 14].
Voto particular: Cinco al proyecto sobre separación y jubilación de funcionarios sin formación de expediente [núm. 64, pág. 2125, apéndice 11].
Voto particular: Al dictamen nuevamente redactado sobre el mismo asunto [núm. 110, pág. 4346, apéndice 11].
LEGISLATURA 1936 [Diputado por Málaga-provincia]
COMISIONES:
Titular de la Comisión de Presidencia.
Suplente de la Comisión de Comunicaciones
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MORENO GÓMEZ, F.: La Guerra Civil en Córdoba (1936-1939), Madrid, Alpuerto, 1985
VELASCO GÓMEZ, J.: Elecciones generales en Málaga durante la II República (1931-1936), Málaga, Diputación, 1987 y Luchas políticas y sociales durante la Segunda República en Málaga, 1931-1936, Málaga, Diputación, 2005
MARTÍN CORRALES, E.: «La II República en Melilla», en Memoria histórica de la Segunda República Española en Melilla (1931-1936), Melilla, Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 2000, págs. IX-LXV
MARTÍN NÁJERA, A.: El grupo parlamentario socialista en la Segunda República, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2000, pág. 1293.
