En junio de 2021 el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó su dictamen sobre la ley de memoria democrática. Un dictamen accidentado porque se tuvo que elaborar después de que dos vocales manifestasen, en dos informes contrapuestos, ideas contrarias lo que les obligó a renunciar pasando a ocuparse Roser Bach y Wenceslao Olea. Roser Bach, jueza y magistrada, había ocupado el puesto de directora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada y de la controvertida Escuela Judicial hasta 2013. Había sido propuesta por el PSOE debido a un acuerdo con Convergencia i Unió para colocar un vocal de procedencia nacionalista. Su orientación política es clara. Está casada con el que fue consejero de justicia de la Generalitat, Germá Gordó, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por tráfico de influencias, soborno y malversación de fondos públicos en el marco del “caso tres per-cent”.

Wenceslao Olea es un juez extremeño miembro de la sala tercera de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. La misma que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de sala, efectuado por García Ortiz, en una sentencia en la que el ponente llega a acusar al fiscal general del Estado de “desviación de poder”. Una controvertida sala que se ha enfrentado en numerosas ocasiones al gobierno anulando sus decisiones que fueron recurridas. Curiosa coincidencia. Juez del Supremo y vocal conservador del poder judicial. Entre otras polémicas actuaciones, Olea se opuso al acuerdo del pleno del Consejo en el que se nombró al progresista Rafael Mozo como sustituto de Carlos Lesmes al frente del órgano cuando éste presentó su dimisión. Mozo era el vocal de más antigüedad y, por lo tanto, le correspondía ocupar la vacante. A juicio de Olea, la presidencia de Supremo y Consejo debe recaer en la misma persona porque el presidente del máximo tribunal es, por imperio de la ley, el presidente del órgano de gobierno de los jueces. Y los requisitos para ocupar esa plaza son los de ser magistrado de la alta instancia judicial o jurista de prestigio con más de 25 años de antigüedad. Requisitos que no cumplía Rafael Mozo. Habrá que preguntarse si ahora reclamará la presidencia del Tribunal Supremo lo que sería una anomalía jurídica de imprevisibles consecuencias.

En este currículo de decisiones controvertidas del juez que sustituirá a Guilarte por aquello de ser el vocal de más edad, destaca su informe sobre la ley de memoria democrática en el que cuestiona uno de sus puntos de mayor actualidad: el referido a la supresión de las fundaciones que hacen apología del franquismo como es la Fundación Francisco Franco. En ese sentido, el dictamen destaca que “sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas” la mera “apología del franquismo” está amparada por la libertad de expresión “por mucho que se difundan ideas contrarias a los valores constitucionales”.  Y, por lo tanto, sostiene que la ley “invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución” y recuerda que la doctrina constitucional ha establecido que las ideas o creencias que hacen apología del franquismo si no comportan “incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales” no pueden servir para la extinción de una fundación. El informe también cuestionaba la calificación de infracción muy grave que hace la ley de “la convocatoria de actos que inciten a la exaltación de la guerra o de la dictadura, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”.

La ley de memoria democrática, en vigor tras ser aprobada por el Parlamento en la anterior legislatura, se encuentra recurrida por el PP y Vox ante el Tribunal Constitucional que ha admitido a trámite las demandas de los dos partidos derechistas quienes, en las comunidades autónomas donde están gobernando, han sustituido esa normativa por otra donde se sustituyen los puntos más controvertidos. Unas leyes que están siendo recurridas por la administración central.

Por lo tanto, será la corte de garantías la que, al final, deberá decidir sobre la constitucionalidad de una ley que para el futuro presidente de un Consejo General del Poder Judicial cada vez mas caduco y deteriorado, Wenceslao Olea, ultraconservador donde los haya, es inconstitucional. Sobre todo por la pretensión de los ministerios de Cultura y Memoria Democrática, de dar por extinguida la fundación Francisco Franco.

Un juez que considera que el fiscal general del Estado, se “extralimita de sus funciones”, que en la sala a la que pertenece, la tercera del Tribunal Supremo, se enfrenta directamente con el gobierno progresista, y que ha tomado mas de una decisión polémica, se hará cargo del CGPJ caducado,  con los organismos  de su competencia, como es la Escuela Judicial, en  situación conflictiva, sin poder hacer las designaciones de jueces y magistrados por su peculiar situación, y con cada vez menos vocales, – se maneja la posibilidad de que más de uno de los actuales miembros renuncie-.

Lo mejor que puede hacer Olea, con semejante panorama, es marcharse a su casa. Y al gobierno un aviso: hay que dejarse de posiciones pusilánimes y proceder al cambio de la ley orgánica del poder judicial para acabar, de una vez por todas, con una situación que no van a resolver ni los comisarios de la Unión Europea.

​El futuro presidente del CGPJ se posicionó en contra de la ley de memoria democrática – Diario16plus