La memoria democrática de un Colegio Público de Sevilla

La Ley de Memoria Histórica insta al colegio Calvo Sotelo a que cambie de nombre, alumnado y madres proponen recuperar la nomenclatura con la que se licito la escuela en la II República.

A los que estamos preocupados por la memoria democrática de nuestro país nos suelen acusar de que estamos anclados en el pasado. Que vivimos obsesionados por hechos que pasaron hace muchos años y que ya están superados. Se insiste en que estas cuestiones ya no le importan a nadie. Seguro que os viene a la mente el joven Pablo Casado ridiculizando con lo de la guerra del abuelo. No obstante, y a pesar de la insistencia con la que se repiten estos argumentos, suceden cosas como las que os relato en este artículo.

Hace unas semanas el Ayuntamiento de Sevilla le envió a un colegio público de la capital el mandato para que cambiara su nomenclatura, pues es contraria a la Ley de Memoria Democrática. El colegio se llama Calvo Sotelo, bautizado en honor al protomártir de la cruzada por Queipo de Llano en 1937 cuando se fundó. La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del colegio propuso un nombre muy bonito, Huerta de los Granados.

Como se puede apreciar este nombre no tiene significación política alguna, está muy relacionado con el barrio pues el colegio estaba situado en la Huerta que llevaba ese nombre de las varias que existían en esa parte de la ciudad, y además, fue el nombre con el que se licitó la obra original del colegio en 1934, durante la II República, por cierto, cuando gobernaba la derecha. Este nombre había generado consenso, y no solo en la AFA, que lo votó en asamblea, sino que a muchos padres, madres, niños y niñas les parecía muy bonito, y así lo manifestaron a través del canal que estableció el colegio. Con esta propuesta además, se recuperaba la memoria histórica de la Sevilla democrática que pudo ser y que la guerra arruinó, con lo que muchos lo consideramos un homenaje a la paz y un rechazo a la guerra.

La dirección del colegio anunció el requerimiento del cambio de nomenclatura y estableció el procedimiento que se iba a llevar a cabo para articularlo. Se puso una urna en la que se recogieron las propuestas que posteriormente votaría el Consejo Escolar, órgano que adoptaría la decisión final sobre el nuevo nombre y en el que está representado el profesorado y las familias, si bien el profesorado como colectivo cuenta con mayoría. Tras la recogida de propuestas, se convocó al Consejo y se trasladó el listado de las presentadas. Llama la atención que la convocatoria incluyó un listado con las propuestas que supuestamente había hecho la comunidad escolar.

Sin embargo, la urna no se abrió en esa reunión ni delante de ningún otro público y no se dio a conocer el apoyo que tuvo cada una de las propuestas, por lo que todas se pusieron en el mismo nivel e incluso se indicó que alguna de ellas había sido eliminada por considerar la dirección, unilateralmente, que no era adecuada. La votación debería limitarse a ese listado.

El día de la votación se inició el debate. la madre miembro del Consejo en representación de la AFA tomó la palabra para hacer un alegato a favor del nombre propuesto por la asociación. Ante la sorpresa del resto de miembros del consejo que representaban a los padres y madres del alumnado, ya no hubo más intervenciones ni se presentaron más argumentos, ni razones en defensa de ninguna otra propuesta de entre las recogidas en el buzón, dándose paso a la votación.

El profesorado votó en bloque por denominar al Colegio “Presidente” Calvo Sotelo. Con sus 10 votos los profesores hicieron valer la mayoría por ley en este órgano, frente a los 6 de los padres y madres que se decantaron por Huerta de los Granados. Vuelvo a destaca que ninguno de los representantes del profesorado había tomado la palabra en la exposición previa, de modo que el colectivo se limitó a hacer valer su mayoría, haciendo un magnífico homenaje al autoritarismo que no atiende a razones ni se para en justificar sus actuaciones. Todo hace pensar que los representantes del profesorado han actuado, como se denomina en derecho, en fraude de ley. Esta figura jurídica consiste en adoptar una decisión o realizar una actuación que es aparente y formalmente legal, pero cuyo objetivo es conseguir un fin ilegal.

La ley no permite que el colegio se llame Calvo Sotelo, porque no permite que los edificios públicos hagan homenajes a personas vinculadas al franquismo, a los promotores de la Guerra Civil o a la dictadura. José Calvo Sotelo fue uno de los principales conspiradores contra la II República y organizador de la sublevación. La responsabilidad por estas actuaciones no tiene nada que ver con que fuera asesinado días antes de que se produjera el Golpe de Estado.

Además, su figura fue ampliamente empleada por los sublevados, durante los primeros años, como justificación de la sublevación y de la matanza que tuvo lugar en ciudades como Sevilla. El profesorado del colegio ha aprovechado que el apellido del sobrino, Presidente de la actual etapa democrática, para que el colegio siga siendo “el Calvo Sotelo”, incumpliendo las leyes de memoria histórica. Esta conclusión es la única lógica si pensamos que el Presidente Leopoldo Calvo Sotelo no tuvo vinculación alguna con Sevilla, ni por supuesto con el colegio, ni con nadie relacionado con él.

De hecho, no creo que nadie dude que si se inaugurara un nuevo colegio en Sevilla, la probabilidad de que se denominara Presidente Calvo Sotelo es nula. Si se quería hacer un homenaje a un presidente, parece que habría sido mucho más razonable haber denominado al colegio Felipe González o incluso Diego Martínez Barrios, pero obviamente esa no era la intención. La única intención, y por eso no se podía justificar, era conseguir que, de modo contrario al deseo de la soberanía nacional, el colegio se siga llamando Calvo Sotelo. La cuestión es muy grave, si tenemos en cuenta que estos profesores y profesoras tendrán que explicarles a los niños el funcionamiento de la democracia y el respeto que se le debe a las leyes democráticas.

Por supuesto el colegio y su profesorado es libre de elegir un nombre diferente al propuesto por los padres y madres, que por otro lado es infinitamente mejor y más bonito que el elegido. Incluso había otras propuestas interesantes. Pero se ha optado por seguir empleando una nomenclatura vinculada a la Guerra y a Queipo de Llano ¿para qué? A día de hoy no tengo respuestas. Y os podéis imaginar que la decisión de elegir un nombre con el que mucho nos sentimos ofendidos ha generado una enorme controversia en la comunidad escolar, provocando la dimisión en bloque la junta directiva de la mejor asociación de familias que ha tenido ese colegio desde su fundación. A día de hoy hay convocada una asamblea para decidir su disolución.

Como la batalla porque el nombre al colegio se ajustara a la ley lleva bastante tiempo. Yo siempre les he recriminado al profesorado en la celebración del día de la paz que llamaran al colegio con un nombre que evoca a la guerra. Al profesorado de ese colegio, colegio al que han asistido mis hijos, les invito a que visiten la fosa de Pico Reja. Está muy cerca, en el cementerio de la ciudad, por lo que no se tendrán que molestar mucho. Si alguna vez van, lo primero que les sorprenderá serán los 1800 muertos que se han encontrado en esta fosa (¡1800 muertos, que se dice pronto!).

Pero estoy seguro de que les sorprenderá aún más la cantidad enorme de maestros y maestras que hay entre esas víctimas. Cuando lo hagan, les invito también a que reflexionen sobre el blanqueo que han perpetrado de la barbarie que se cometió y sobre todo que piensen en la finalidad perseguida. No es una cuestión de ser de derechas o de izquierdas o de lo que quieran…es una cuestión de que piensen qué aportan al barrio, al alumnado, a ellos mismos con la decisión adoptada.

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