La comisión tendrá un plazo de un año para publicar sus conclusiones y no podrá considerar víctimas a personas vinculadas con organizaciones terroristas, según indica el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres.

“El objetivo de la Comisión es elaborar un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas”, indican.

Las otras dos comisiones de trabajo aprobadas este martes versan sobre la memoria y la reconciliación con el pueblo gitano y sobre las medidas económicas de reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

FRUTO DE UN ACUERDO CON BILDU

El Gobierno pactó con EH Bildu el reconocimiento de las víctimas hasta el año 1983 a cambio de su apoyo a la Ley de Memoria Democrática, que se aprobó definitivamente en octubre de 2022.

Esto incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada ‘guerra sucia’ contra ETA durante los años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de Felipe González, que llegó en octubre de 1982.

Este mismo martes, la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurúa, ha celebrado la decisión del Consejo de Ministros al señalar que esta comisión “contribuirá al esclarecimiento de las vulneraciones de derechos humanos más allá del franquismo”.

En una serie de mensajes en la red social X, recogidos por Europa Press ha indicado que contará con personas “de reconocido prestigio académico” en el ámbito de los derechos humanos, “que se encargarán de elaborar un informe con conclusiones tras recopilar testimonios, información y documentos”.

La portavoz de Bildu considera que se trata de un avance “relevante” que debe servir para “abrir vías de reconocimiento oficial y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos en el post-franquismo; víctimas abandonadas y olvidadas por las instituciones hasta ahora”, según ha indicado.

NICOLÁS SARTORIUS EN LA COMISIÓN

La comisión de trabajo sobre vulneración de derechos hasta 1983 la integran el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez y una docena de vocales: el cofundador del sindicato Comisiones Obreras Nicolás Sartorius, el presidente de la Fundación por la Paz, Federico Mayor Zaragoza; el catedrático emérito de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, José Álvarez Junco y la catedrática de Derecho Penal de la UCM Araceli Manjón-Cabeza Olmeda.

También están la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta de la Asociación de Historia Contemporánea, Carmen Molinero Ruiz; el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Antonio Rivera Blanco.

También, la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva, Encarnación Lemus López; el Doctor en Ciencias de la Información, José Antonio Martínez Soler; la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de la Borgoña Sophie Baby; el catedrático de Derecho Penal y director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco, Jon-Mirena Landa Gorostiza así como la catedrática de derecho penal de la Universidad de Cantabria, Paz-Mercedes de la Cuesta Aguado y la abogada y presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Francisca Sauquillo.

VÍCTIMAS DE LA GUERRA Y PUEBLO GITANO

Respecto a las otras dos comisiones, la relativa al pueblo gitano en España deberá elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España.

Finalmente, la dedicada a las víctimas de la Guerra y el franquismo elaborará un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico.

El Gobierno aprueba la comisión para reparar a las víctimas entre 1978 y 1983 por vulneración de derechos humanos (iustel.com)